Fraga quiere profesionalizar a los árbitros

Don Manuel Fraga está a punto de parafrasearse a sí mismo. Le falta el canto de un duro para decir. "El deporte es mío". En el congreso que acaba de celebrar Alianza Popular ha habido una ponencia que ha pedido la creación de un nuevo ministerio, y al tiempo ha ahogado por la profesionalización de todos los cargos técnicos de las federaciones -ya lo están- y los árbitros. La buena voluntad no basta para arreglar el deporte. Profesionalizar a los árbitros de fútbol con un salario de sólo 50.000 pesetas al mes supondría 4.900 millones de pesetas anuales.

El deporte es, políticamente, muy apetecible. No es extraño que Alianza Popular trate de capitalizar votos en un sector que, tradicionalmente, se ha movido en unos entrebastidores conservadores. Manuel Fraga tiene la ventaja de poseer los votos de muchos de los presidentes futbolísticos de primera y segunda división. Según afirma Antonio Garrigues, Alfonso Cabeza, presidente del Atlético de Madrid, ha ingresado en los clubes liberales, pero desde Pablo Porta, que se confiesa admirador de Margaret Thatcher, hasta Luis de Carlos no hay más pecadillo centrista que el de José Luis Núhez, que le prestó gratis a Adolfo Suárez unos locales, para el partido, en Barcelona. El rojerío futbolístico no tiene más efectivos que Antonio Fernández, vicepresidente del Carabanchel, y algunos miembros de la Asociación de Futbolistas Españoles, pero ya se sabe que éstos no mandan.Alianza Popular quiere un ministerio para la familia, la juventud y el deporte. El deporte en España no tiene mejor adecuación que el Ministerio de Educación. Durante años, la actividad deportiva ha ido de Herodes a Pilatos, y la consecuencia ha sido nefasta. El deporte tiene dos facetas importantes que distinguir. La profesional, que es la que siempre se ira, no debe ser la tarea fundamental de cualquier planificación. El deporte desde su estrato básico, la educación física, no puede estar al margen del Ministerio de Educación. Es la única fórmula válida para que los muchos millones que ahora maneja el Consejo Superior de Deportes puedan dirigirse a instalaciones.

Para que la educación física sea obligatoria en la enseñanza media es necesario dotar a los centros de medios y profesores. La pretendida coordinación entre Educación y el Consejo de Deportes, hasta la fecha, ha sido un rotundo fracaso. Educación no detrae de sus presupuestos, para la educación física, el dinero necesario, y el Consejo tiene demasiados compromisos a los que atender. En pocos años nos hemos quedado hasta sin los juegos escolares.

La propuesta aliancista de profesionalizar hasta el máximo posible el deporte tiene algunas contradicciones. De entrada, los cargos técnicos federativos están profesionalizados desde hace mucho tiempo. Convertir a los árbitros en unos asalariados más tiene múltiples problemas. La independencia de los árbitros no se logra con un sueldo mensual. Entre otras razones porque percibirían menos dinero que ahora, a no ser que se convirtieran en pluriempleados. Los árbitros no pueden ser auténticos profesionales, porque no hay dinero para ello. En el fútbol hay siete mil colegiados. Un sueldo mínimo de 50.000 pesetas mensuales, más dos pagas extras, supondría un presupuesto de 4.900 millones de pesetas. Ese dinero no pueden aportarlo la Federación y los clubes. Asalariar sólo a los de Primera sería un agravio comparativo para los de Segunda y para los de tercera, que actúan de jueces de línea. Laboralmente resultaría muy complicado implantar un sistema de ascensos y descensos. Tendríamos un pleito en Magistratura cada vez que un árbitro, por sus malas actuaciones, perdiera la categoría. Ni siquiera un buen sueldo podría hacer menos vulnerables a los árbitros de Primera. En Tercera División, las recaudaciones, en ocasiones, no alcanzan para pagar a los árbitros. Con la profesionalización habría que cerrar las puertas de los campos para siempre.