Protestas por el retraso en el pago del empleo comunitario en diversos pueblos sevillanos

Encierros de obreros agrícolas en los ayuntamientos, asambleas y manifestaciones se registraron ayer en más de treinta pueblos sevillanos en señal de protesta por el retraso en el pago del empleo comunitario y la interrupción de estos trabajos en la provincia. Más de 30.000 jornaleros en paro se ven afectados por el conflicto.

Tras un encierro de 24 horas en la sede de la Diputación Provincial, el subsecretario de Trabajo, Miguel Cuenca, garantizó oficialmente a la Junta de Andalucía que el retraso en el abono de tres semanas de empleo comunitario se había producido a causa de dificultades de tipo burocrático y que ya estaba solventado, prometiendo que ayer, lunes, el dinero correspondiente estaría ya en Sevilla, según informa José Aguilar desde dicha ciudad. El consejo permanente de la Junta dedicó parte de su reunión a analizar este problema.La protesta de los parados tiene como origen inmediato el incumplimiento por parte de la Administración de este compromiso de pago. No obstante, el malestar de fondo ha sido originado por la decisión del Gobierno, anunciada también por Miguel Cuenca, de fijar a partir de ahora la cuantía de los fondos en función del nuevo censo agrario del que dispone el mencionado departamento ministerial.

La elaboración de un nuevo censo que elimine la inflación artificial del que se ha venido utilizando -que ha permitido a numerosas personas beneficiarse del sistema de empleo comunitario sin ser específicamente obreros del campo en paro- fue uno de los acuerdos firmados en 1981 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, al tiempo que se aseguraban cuatro días de trabajo a la semana para todos los jornaleros parados.

Sin embargo, según un portavoz de la Junta preautonómica, este censo revisado únicamente debería entrar en vigor, en virtud de los acuerdos citados, una vez que sea examinado y aprobado por la comisión interministerial prevista para el tema, requisito que no ha llegado a producirse. En la mañana de ayer, el delegado provincial de Trabajo, Miguel Moreno, declaraba ignorar cuándo llegarían los fondos adeudados a los obreros agrícolas y si había alguna decisión gubernamental acerca del censo.

La actual situación ha provocado, por otra parte, un acercamiento inesperado entre los sindicatos CC OO y SOC, que han formado una comisión de enlace destinada a coordinar las acciones de protesta iniciadas ayer.

Denuncias en Cataluña

Por otra parte, la coordinadora formada por ayuntamientos catalanes y los sindicatos CC OO y UGT emprendió ayer una campaña de denuncia contra las recientes afirmaciones de la patronal Fomento del Trabajo Nacional (FTN) sobre los fondos del empleo comunitario, informa Elena Lorente desde Barcelona.

Tanto los municipios de Cataluña como las centrales sindicales consideran que dicha forma de empleo constituye una forma eficaz y rentable de canalizar los fondos públicos en la lucha contra el paro. Por el contrario, el presidente de FTN, Alfredo Molinas, señaló en el último informe dirigido al consejo general de la citada asociación que "los ayuntamientos se han coaligado con los sindicatos, ejerciendo una obstinada presión para obtener fondos públicos con los que asentar el clientelismo político y sindical, bajo el pretexto de combatir el paro".

Estas graves afirmaciones de la gran patronal catalana constituyen sus primeras intervenciones públicas en temas municipales, coindiciendo, a su vez, con argumentaciones contrarias a la aplicación de tasas fiscales. El último número de la revista Horizonte Empresarial contiene un duro ataque contra los fondos destinados al empleo comunitario en Cataluña, concedidos por el Ministerio de Trabajo a finales de 1980, por un valor de 1.300 millones de pesetas. La buena acogida de estos fondos por parte de amplios sectores políticos y sociales ha llevado a la Generalidad a destinar al empleo comunitario una partida de ochocientos millones de pesetas procedentes de la deuda pública.

El presupuesto de la Generalidad para 1982 prevé, asimismo, una inversión de 2.000 millones de pesetas en dicho concepto.

La oposición de Fomento del Trabajo a las iniciativas municipales y sindicales sobre el empleo comunitario ha llegado incluso a la afirmación de su presidente, Alfredo Molinas, de que Ios ayuntamientos no han hecho más que incrementar los gastos de personal sin mejorar los servicios, aplicándose, por el contrario, muchos de los municipios a una especial lucha de clases". La gran patronal catalana ha afirmado, asimismo, que "los desmanes municipales exigen nuestra presencia en los temas que afectan a las empresas".

Los municipios catalanes y los sindicatos han emprendido de forma unánime la defensa del empleo comunitario, destacando la utilidad de los trabajos efectuados a través de dicha forma de contratación. Las citadas entidades afirmaron que "se han mejorado las infraestructuras municipales, habiéndose registrado un rendimiento satisfactorio de los trabajos realizados".

Los fondos concedidos por el Ministerio de Trabajo en Cataluña fueron repartidos en los tres primeros meses de 1981 entre cuatro comarcas del cinturón industrial barcelonés: Vallés Occidental, Vallés Oriental, Barcelonés y Bajo Llobregat.