Otra vez la LAU

LA COMISION de Educación del Congreso reanudó el miércoles la discusión del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, pele a que una versión anterior de su articulado fue ya debidamente dictaminada en diciembre de 1980 y sólo precisaba para su definitiva aprobación en la Cámara baja la votación del pleno correspondiente. La dimisión de Adolfo Suárez, el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno y el cese de Luis González Seara al frente del Ministerio de Universidades (departamento absorbido en febrero de 1981 por el Ministerio de Educación y Ciencia) interrumpieron el normal desarrollo del proceso legislativo. La sorprendente devolución al trámite previo de ponencia de un proyecto de ley ya dictaminado por la comisión encontró probablemente agarraderas formales en el reglamento de la cámara, pero constituyó una medida insólita y difícilmente aceptable en términos políticos. La explicación oficiosa dada por el nuevo Gobierno y por el PSOE para justificar ese irregular brinco hacia atrás fue que buena parte del grupo parlamentario centrista, pastoreado en aquel tiempo por Miguel Herrero, se negaba en redondo a entregar sus votos afirmativos al proyecto de ley.La LAU nació con mal pie. El rechazo de su texto por la izquierda parlamentaria ha quedado indirectamente asociado a la muerte -en circunstancias tan oscuras que dieron lugar a la apertura de un sumario judicial de dos jóvenes en la glorieta de Embajadores de Madrid durante el crispado otoño de 1979, pese a que la manifestación autorizada en que se enmarcó ese hecho expresaba la protesta del PCE y de Comisiones Obreras contra el Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente, el PSOE cambiaría su intransigente postura inicial por la actitud más flexible de negociar con el Gobierno el contenido de la norma, que necesita, por su carácter de ley orgánica, la mayoría absoluta de ambas cámaras. Sin embargo, el llamado sector crítico de UCD, que utilizó la LAU como arma arrojadiza contra la corriente socialdemócrata y como señuelo para ganarse las simpatías de la Iglesia -interesada en conseguir la financiación: gratuita de sus centros de enseñanza superior- y del corporativismo académico, ganó la partida a los centristas más flexibles y menos oportunistas. El resultado fue la defenestración del Gobierno no sólo de Luis González Seara sino también de Juan Antonio Ortega, ministro de filiación democristiana que pactó con el PSOE, en la primavera de 198 1, la devolución del proyecto de ley a la ponencia y negoció posteriormente con el portavoz socialista, en un clima de reserva y discreción, la modificación de aquellas partes del texto que habían sido más severamente criticadas por los exaltados moderados de los que era portavoz y guía Miguel Herrero. El desasosiego suscitado en medios socialistas por algunos aspectos de esos acuerdos pudo ser luego remediado mediante rectificaciones de la ponencia por vía de erratas y presumibles negociaciones complementarias. Pese a que Juan Antonio Ortega se comprometió públicamente en la solemne apertura del curso académico de la Universidad Complutense, en presencia del Rey, a llevar a puerto el discutido y polémico proyecto, su desaparición del Gobierno en el pasado diciembre.

El nuevo ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza, a quien los augures consideranl lamado a los más altos destinos, ha desafiado los maleficios asociados a la LAU, formidable ingenio capaz de tumbar a dos ministros y escindir al grupo parlamentario centrista, y se dispone a defender el proyecto en la comisión y en el pleno. Dada la postura del PCE, que parece propenso a abandonar el principio del mal menor para acogerse a los presuntos beneficios electorales del testimonialismo, la oposición de las minorías catalana y vasca, que consideran que la autonomía universitaria de la LAU viola la autonomía territorial establecida en los estatutos de Sau y de Guernica, y la estrecha vinculación con el proyecto inicial de González Seara de los diez diputados socialdemócratas recientemente escindidos de UCD, resulta aritméticamente evidente que sólo el acuerdo del Gobierno con el PSOE puede hacer factible la aprobación de esa norma orgánica. La alianza del poder ejecutivo con el grupo capitaneado por Manuel Fraga no bastaría para sacar adelante la LAU, y tampoco parece probable una negociación complementaria de última hora con las minorías nacionalistas para conseguir sus votos a cambio de la satisfacción de sus peticiones. Al Gobierno no le queda, así pues, más salida que unir sus fuerzas con el PSOE, como se ha visto en las primeras sesiones de la comisión de Educación, cuyos votos compensarían sobradamente las defecciones originadas por una eventual emboscada parlamentaria de los moderados que no han seguido a Miguel Herrero en su vadeamiento del mar Rojo.

Aunque lo sensato sería suponer que el pacto UCDPSOE va a funcionar hasta en sus más pequeños detalles a fin de evitar estridencias y conflictos en una situación parlamentaria tan inestable y delicada como la actual, abierta al riesgo de una disolución de las Cortes Generales, la experiencia de esta legislatura¡ impide excluir la posibilidad de que la comisión de Educación o el pleno del Congreso sean nuevos escenario de polémicas inútiles entre centristas y socialistas, que en último caso sólo conduciría a la retirada del proyecto hasta la próxima legislatura o el pretexto para convocar esas elecciones generales que nadie desea pero que algunos necesitan, para su propia supervivencia política.