Declaran ante el juez vecinos de Leganés afectados por el síndrome tóxico

En el Juzgado Central de Instrucción número 3 comenzaron ayer las declaraciones de los afectados del síndrome tóxico pertenecientes a la asociación de Leganés. Entre los primeros declarantes figuraba una familia de once miembros, todos ellos enfermos a causa de la ingestión de aceite adulterado.

El juez instructor, Alfonso Barcala, les interrogó acerca de la enfermedad, la situación económica en que han quedado después de sufrir el síndrome, las secuelas y la cantidad de aceite que habían comprado e ingerido, así como si todavía tenían restos de este aceite en sus casas. También les fueron presentadas un total de 73 fotos de vendedores ambulantes y de propietarios de tiendas donde presuntamente se ha vendido el aceite adulterado, sin que ninguno de los declarantes de ayer reconocieran a las personas que les habían vendido el aceite. Sin embargo, los abogados de la acusación han declarado que, por su parte, van a presentar más documentación gráfica que han podido conseguir en sus investigaciones.Asimismo, el juez ha decretado que a partir de ahora los afectados por el síndrome tóxico de Leganés presten declaración por exhorto ante el juzgado de distrito de esta localidad. A lo largo de esta semana está previsto que continúen las declaraciones del resto de los afectados que defienden los abogados García Pablos e Ignacio Uriarte.

Declaraciones de funcionarios

Estos dos abogados, en representación de las organizaciones; de consumidores OCU y ACUDE, han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 un escrito en el que solicitan que se lleven a cabo las pruebas e investigaciones pertinentes con el fin de averiguar las responsabilidades de varios funcionarios públicos.

Según el escrito, de las diligencias obtenidas del sumario hay razones exigibles por vía pena], al menos a título de culpa o negligencia, y aún de dolo, sobre distintos funcionarios públicos pertenecientes a los organismos de la Administración, con competencia en aduanas, importaciones, disciplina de mercado, industrias alimentarias, agricultura y sanidad, tanto de la Administración central, como de los organismos autonómicos y preautonómicos, así como de las corporaciones locales. Estos funcionarios pueden haber incumplido sus deberes de vigilancia, control e inspección, por lo que podrían ser culpables de delitos contra la salud pública, falsedades y estafas.

Por otro lado, han solicitado que presten declaración varios responsables de la empresa catalana Lípidos Ibéricos, para los que se exige, asimismo, su inmediato procesamiento por falsificación y desaparición de pruebas.