Un sector centrista se niega a formar parte del gobierno autónomo de Asturias

La firme determinación de un sector centrista asturiano, encabezado por Emilio García-Pumariño, presidente de UCD de Asturias, de negarse a formar parte del gobierno de concentración propuesto por el PSOE para la primera fase de la autonomía, hasta 1983,y la decisión del senador socialista, Rafael Fernández, de no presidir un gobierno con los comunistas, sin participación de UCD, introduce en las negociaciones de los partidos para formar el primer Gobierno autónomo asturiano un dramatismo inesperado de consecuencias imprevisibles.La dirección socialista asturiana expuso ayer formalmente a las demás fuerzas políticas parlanientarias su propuesta de formar un gobierno de amplia mayoría y estable. UCD no ha dado una respuesta concreta en espera de la reunión del consejo político convocada para el próximo sábado.

También en la mañana de ayer se celebró un acto en el Gobierno Civil de Oviedo, en el que su titular Ricardo Larraizar dio lecturaa un telegrama remitido por el presliderite del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, al presidente del consejo regional de Asturias, Ra.fael Fernández, ofreciendo su plena colaboración a la autonomía asturiana. Rafael Fernández, que será recibido el próximo jueves en audiencia por el rey Juan Carlos, expresó su intención de solicitar una entrevista con Calvo Sotelo. En el acto autonomista estuvieron presentes, junto con las demás autoridades regionales y proviriciales, el gobernador militar de Asturias, Vicente Llorca, y los jefes de la Guardia Civil y de la Polícía Nacional.

La Iglesia, partidaria de colaborar

Por su parte el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, envió una carta a Rafael Fernández en la que se muestra partidario de establecer cauces de diálogo y colaboración entre la Iglesia y la comunidad autónoma en favor del progreso de la región, la convivencia pacífica y respetuosa de los ciudadanos y la ayuda a los más pobres y necesitados.

Para 1982, la entrada en vigor del Estatuto supondrá multiplicar por cuatro la posibilidad de ingresos financieros de la región sin incremento alguno de la presión fiscal; un poder legislativo que, hasta 1983 quedará limitado a los aspectos organizativos del Principado y una nueva estructura de órganos de gobierno, sometida al principio de división de poderes.

La Junta general del Principado, que estará integrada por los catorce parlamentarios o sus sustitutos, los treinta diputados provinciales y otros catorce miembros designados por los partidos, será una elámara política de debate, en la que el PSOE y UCD estarán igualados con veinticuatro miembros cada uno, seguidos del PCA con siete y AP, con tres. La Junta elegirá al presidente y al consejo de gobierno. Una vez finalizado este proceso, el Consejo regional y la Diputación desaparecerán y sus medios serán incorporados a todos los efectos a los nuevos organismos autonómicos.

El candidato del PSOE a la presidencia del primer consejo de gobierno es Rafael Fernández, actual presidente del Consejo regional.