Querella de Rumasa por presuntas estafas en el Banco de Descuento

Los ex administradores del Banco de Descuento, propiedad desde el pasado 18 de noviembre del Fondo de Garantía de Depósitos, tendrán que hacer frente a otra querella penal por presunta estafa, en este caso planteada por el grupo Rumasa. Algunos de ellos, según fuentes jurídicas, ya han prestado declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5, casi coincidiendo con las citaciones que atendieron el pasado viernes en el Juzgado número 8, tras la denuncia sobre supuestos delitos de apropiación indebida y múltiples falsedades presentada por sus sustitutos en el banco.La querella de Rumasa es consecuencia de un complicado litigio jurídico del grupo de Ruiz Mateos y tales ex administradores, con recíprocas reclamaciones que todavía no han sido objeto de sentencias. Señala, en síntesis, que se le ha hecho litigar con una sociedad insolvente (Castellana 13, domicilio de la sede central del banco). Su argumento principal es que la solvencia de Castellana 13 depende de los bienes que le quiera pasar el banco, debido a que sus accionistas (los ex administradores del Banco de Descuento) casi no aportaron capital privado para adquirir sus títulos, sino en su mayoría dinero procedente del banco.

En este punto, según fuentes jurídicas consultadas, la denuncia de Rumasa enlaza parcialmente con la presentada por los responsables del Fondo de Garantía de Depósitos en nombre del Banco de Descuento. Ello se debe a que, al parecer, varios ex administradores del banco y accionistas de Castellana 13 compraron sus títulos con dinero recibido del banco, aunque en las operaciones interpusieron otros nombres de personas y empresas, objeto parcial de la querella del Fondo.

Como algunos de ellos carecen de fortuna personal y no les fueron bien los negocios (en opinión de medios financieros, todos excepto el propietario de los laboratorios Federico Bonet), tuvieron que renovar los créditos a plazos muy largos, antes de ceder la administración del banco al Fondo. Fuentes de los actuales administradores, empleados del Fondo, han señalado que no tienen información de la querella de Rumasa, aunque rechazaron considerarla como condicionante principal de la suya.

La historia del litigio entre Rumasa y los ex administradores del banco se remonta a febrero de 1975, casi dos años de nacer la entidad, al amparo de la legislación dictada desde el Ministerio de Hacienda por Monreal Luque. Por aquellas fechas, el grupo de Ruiz Mateos, ávido de nuevas marcas de bancos para explotarlas y apoyar sus crecientes negocios, compró a varios consejeros del Descuento y a un grupo de gallegos ajenos a la gerencia un 28% de las acciones de la entidad, por un total de 1.164 millones de pesetas, según los datos incluidos en posteriores denuncias.

Aquí había ya una fuente de problemas posteriores. La legislación bancaria de enero de 1972 prohibía la transmisión de títulos de los nuevos bancos durante los dos primeros arios, período luego ampliado a cinco con la reforma de agosto de 1974.

El caso es que, ocho meses después de tales compras de acciones, el entonces presidente del Banco -de Descuento, Jaime Camuñas, hermano del ex ministro y diputado de UCD, llegó a un acuerdo de recompra a Rumasa por 3.356 millones de pesetas (unos 2.200 millones más que el precio pagado por el holding de la abeja). El paquete fue adquirido ya por el grupo Castellana 13, que debía pagar 500 millones de pesetas en aquel momento y el resto en letras avaladas por el banco y espaciadas en el tiempo, la última con vencimiento a 9 de octubre de 1979.

Castellana 13

Castellana 13 había surgido como filial del Banco. Y el Banco de España, siempre según las citadas fuentes jurídicas, dice que el grupo debe privatizarse. Como las acciones en su poder tenían entonces un valor de 1.800 millones de pesetas, la autoridad monetaria sugiere que Castellana 13 debe recibir aportaciones privadas por esa cifra. Inmediatemente, casi todos los miembros del consejo de administración del Descuento pasan a ser accionistas de Castellana 13. Gran parte del dinero de sus aportaciones procedía del banco.En este contexto, Jaime Camuñas fue cesado en agosto de 1977, con críticas de "excesivamente personalista". Casi dos -años después, el nuevo presidente, Diego Prado y Colón de Carvajal, y sus colaboradores en el consejo (Angel Peradejordi, Enrique García Ramal y López de Haro, Jorge López Dóriga y otra decena de consejeros no implicados en la querella -entre ellos, Luis María Ansón Oliart, quien dejó el cargo hace un año-), esgrimieron una cláusula del contrato con Rumasa: en el último semestre de 1979 el grupo de Ruiz Mateos podría ser obligado a recomprar el paquete y a pagarlo en tres anualidades.

Rumasa contestó que la cláusula estaba condicionada al pago total del precio pactado. Y como no había cobrado todo, ejecutó a través de sus bancos las letras del último vencimiento, hasta reunir diecisiete demandas judiciales. Unas fueron desestimadas por los tribunales y otras ejecutadas, dando lugar a embargos, que fueron recurridos por los afectados, previo depósito.

Por las mismas fechas, junio de 1980, los responsables de Castellana 13 y del Banco de Descuento alegaron la presunta ilegalidad de la primera compra de Rumasa (por la mencionada prohibición legal). Y demandaron judicialmente al grupo por presunto enriquecimiento injusto, reclamándole 2.706 millones de principal, más los intereses. Ante el eco de la polémica jurídica en la Prensa, las dos partes se sentaron a negociar, invitados por el presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes, quien se mostró preocupado por los efectos del caso en la imagen del sistema bancario.