Los abogados madrileños se pronuncian contra las trabas al ejercicio del derecho de defensa
Los abogados madrileños se han pronunciado recientemente contra las trabas administrativas que impiden, limitan o dificultan el libre ejercicio del derecho de defensa. En su primera junta general ordinaria del año, el Colegio de Abogados de Madrid ha aprobado diversas propuestas, en el sentido de urgir a la junta de gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se respete el derecho de asistencia letrada al detenido en las comisarías, se permita la libre comunicación defensor/cliente en los locutorios de las cárceles y se mantengan los derechos de la defensa en las causas por hechos contemplalos en legislación especial sobre terrorismo.
Estas propuestas, aprobadas por la junta general, fueron asumidas previamente por la junta de gobierno, que preside el decano Antonio Pedrol.En lo que se refiere a los problemas que encuentra el abogado en su actuación profesional en el marco de la legislación sobre seguridad ciudadana, la junta general de los abogados madrileños hizo suya una propuesta por la que se acuerda «expresar públicamente su honda preocupación y enérgica repulsa a todas las medidas de hecho y de derecho, consecuencia de las disposiciones especiales en relación con los supuestos contemplados en la ley de Seguridad Ciudadana, que provocan, desde el punto de vista profesional, la limitación de la defensa y la privación de algunos derechos constitucionales».
La propuesta cita, a modo de ejemplo, los siguientes hechos: negación del derecho de asistencia al detenido en la interpretación inconstitucional dada por el Ministerio del Interior, y a la que ha puesto ya fin el poder judicial; único recurso de apelación en plazo de veinticuatro horas para interponerlo; intolerable supremacía del ministerio fiscal sobre las restantes partes personadas, con quiebra total del principio de igualdad de las. partes; absurdo plazo común para evacuar la calificación provisional todos los letrados en sumarios de más de quinientos folios por regla general y en los locales del tribunal.
Prórrogas de detención
En otra propuesta, también aprobada por la junta general ordinaria, se hace constar la honda preocupación del Colegio de Abogados de Madrid sobre la forma de concesión de las prórrogas de detención en el marco de la legislación antiterrorista y de seguridad ciudadana, y por la negación de la asistencia letrada a la persona detenida por hechos contemplados por esta legislación.En cuanto a las trabas que encuentran los abogados en su comunicación profesional con sus clientes recluidos en las cárceles, la junta general aprobó una propuesta de exigir a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias «la inmediata supresión de los cristales cerrados, y vuelta al antiguo sistema de ventanillas abiertas en los locutorios de la prisión provincial de Carabanchel».
Los firmantes de la propuesta describen así la situación: «Una visita a una prisión supone, después de franquear los numerosos controles, pasar por un arco detector de metales situado en el rastrillo, por el que, en teoría. debería pasar todo el mundo, según las instrucciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pero por el que, en realidad, no pasan más que lo s abogados y familiares, después, esperar un mínimo de media hora para que encuentren al interno con el que se desea comunicar, si se tiene la fortuna de que aparezca, ya que lo contrario no es inusual. Por último, celebrar la comunicación a través de un grueso cristal y un vergonzoso sistema que no nos atrevemos a llamar acústico. El quebranto que se produce en la imprescindible comunicación directa abogado/ cliente es de todos conocido y evitaremos hacer mención alguna al mismo, remitiéndonos a la circular que en el año 1974 envió la junta de gobierno sobre este tema, participándonos el buen éxito de sus acciones, que llevaron a la decisión del entonces ministro de Justicia de mantener el antiguo sistema de locutorio abierto, en aquellas fechas en que se había intentado el atropello hoy consumado».
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