Maniobras para modificar desde fuera del Parlamento el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas

La ley orgánica del Tribunal de Cuentas, prevista por la Constitución, puede volver a demorarse -pese a estar ya dictaminado el anteproyecto por la Comisión Constitucional del Congreso- como consecuencia de las pugnas de poder entre distintos cuerpos de la Administración y la resistencia de algunos cargos vitalicios del franquismo a abandonar la citada institución. El Tribunal de Cuentas, a quien la Constitución atribuye el control externo del gasto público, se encuentra desde hace meses semiparalizado (de los diez ministros que lo integran, hay cinco vacantes por fallecimiento que no, pueden, ser cubiertas) e imposibilitado para celebrar salas por falta de quórum.

"Casi cinco años después de las primeras elecciones libres, continuamos en España con el mismo descontrol del gasto público que en tiempos de la dictadura", afirma el diputado socialista Néstor Padrón, que no duda en calificar la situación de "auténtica tomadura de pelo".Los Pactos de la Moncloa, suscritos a finales de 1977 por los partidos mayoritarios, contemplaban un compromiso de reforma provisional del Tribunal de Cuentas para que se pudieran cubrir las vacantes y se ejerciera el control externo del gasto hasta su regulación democrática definitiva. No obstante, este compromiso no se cumplió, y la Constitución (aprobada a finales de 1978) fijó que el Tribunal de Cuentas debía regirse por una ley de carácter orgánico. En octubre de 1979, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para el Tribunal de Cuentas que tardó cuatro meses (febrero de 1980) en entrar en las Cortes. El período de enmiendas transcurrió de marzo a abril de ese año, pero la ponencia que debía estudiar el proyecto no se reunió hasta finales de ese año. A mediados de diciembre de 1981, tres años después de la aprobación de la Constitución, la comisión correspondiente del Congreso dictaminaba el proyecto de ley, y su presidente, el centrista Emilio Attard, anunciaba que el proyecto se incluiría en el orden del día del primer Pleno del Congreso de 1982. Este Pleno está previsto para el próximo día 9, pero hasta el momento el texto del dictamen de la comisión no ha sido publicado en el Boletín de las Cortes.

El borrador del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas fue encargado a una comisión en la que personas vinculadas al Ministerio de Hacienda, departamento responsable en última instancia del gasto público, eran mayoría.

La citada comisión estaba compuesta por José Luis Gómez Degano, director general de lo Contencioso del Estado; Augusto Gutiérrez Robles, antiguo Interventor General del Estado; César Albiñana, director del Instituto de Estudios Fiscales, y Rafael Mendizábal Allende, presidente de la Audiencia Nacional.

Pugna de intereses

El texto remitido por el Gobierno al Congreso, al configurar la composición del Tribunal de Cuentas, reservaba un tercio de sus miembros para quienes llevaran quince años de servicio en determinados cuerpos de la Administración (catedráticos de Derecho Administrativo, interventores, abogados del Estado, economistas y técnicos de administración comercial, inspectores financieros y tributarios, e inspectores de seguros).La Comisión Constitucional del Congreso, en su dictamen, cambia la redacción del tercio mencionado por la siguiente: "la tercera parte restante" será designada "entre funcionarios con más de quince años de servicios efectivos, con titulación adecuada para el desempeño de sus funciones".

Hay una pugna subterránea entre miembros del Cuerpo de Censores Jurados e integrantes de distintos cuerpos de Hacienda. Los recelos son especialmente graves con los interventores, y van desde el posible desembarco de numerosos miembros de este cuerpo en el Tribunal de Cuentas a los celos de competencias entre el control interno del gasto público (Intervención General del Estado) y el control externo del mismo (Tribunal de Cuentas).

Funcionarios del Tribunal de Cuentas piensan que la Intervención General del Estado, en todo este período, ha tratado de asumir -al margen de la independencia entre uno y otro órgano de control- mayores funciones y competencias, "hasta el punto de que el propio interventor general, Ignacio Montaño, ha pretendido independizar del Ministerio de Hacienda, convirtiéndola en Secretaría de Estado, a la Intervención General del Estado".

En este sentido, acusan a la Intervención del Estado de incumplir la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, debido en parte al exceso de atribuciones que este texto le otorga. En este sentido, muestran un escrito de la Intervención General del Estado, en respuesta al requerimiento del Tribunal de Cuentas para que remitiera al mismo "los informes de control financiero, control de eficacia y auditoria" relativos al organismo autónomo Instituto de Crédito Oficial.

En el escrito se dice que no ha sido posible realizar el control "en razon a la insuficiente dotación de medios personales para el ejercicio de las funciones de control que tiene atribuidas".

Algunos de los actuales ministros del Tribunal de Cuentas, por otra parte, no se encuentran nada conformes con el proyecto de ley orgánica enviado por el Gobierno a las Cortes. Descontento que ha llevado al actual presidente, que continúa en su puesto desde la época de Franco, a editar por sus propios medios un libro titulado "El Tribunal de Cuentas de España en el proceso de su ley orgánica. Sugerencias sobre el particular". El presidente del tribunal, Servando Fernández-Victorio, que ha concluido este documento en octubre del pasado año, afirma en el preámbulo del mismo que el proyecto de ley orgánica "vamos a tomarlo como armazón para que, artículo por artículo, a través de informales enmiendas, señalemos nuestro criterio, sin más base ni apoyo que los del deber de nuestra conciencia, por el mucho tiempo que dentro del marco de nuestra vida hemos dedicado al Tribunal de Cuentas". Para añadir a continuación: "Puede que se nos diga que nadie ha solicitado este criterio, pero ¡qué importa! Nosotros lo ofrecemos con verdadero desinterés".

Al término de 160 páginas, en las que enmienda informalmente el articulado, Servando Fernández-Victorio concluye: "Mi opinión sincera no puede ser más desfavorable, disintiendo de él desde mi primer artículo y, por tanto, de todo lo que sobre él se ha construido como sistema orgánico consecuente. El presidente vitalicio (hasta que salga la ley orgánica) no sólo ha enviado esta crítica de sinteresada a los diputados, sino que hace unos días (el lunes, 11 de enero, a las 10,30 de la mañana, en la sala de visitas lindante con su despacho en el Tribunal) convocó a siete censores para que "formemos grupos de trabajo y logremos en el Senado, donde yo tengo buena relación con algunos senadores, enmendar el proyecto de ley orgánica".

Reuniones Intervención Tribunal de Cuentas

Los recelos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas ante estos hechos, unidos a la demora en la tramitación de la ley, han crecido estos días al trascender un almuerzo entre el interventor general del Estado, Ignacio Montaño, y el presidente del tribunal, Servando Fernández-Victorio, que fue seguido dos días después por una reunión conjunta de los mismos, acompañados por cinco técnicos de cada institución. En estas reuniones creen ver una alianza para cambiar sustancialmente el proyecto de ley o paralizar su tramitación.No obstante, Ignacio Montaño, consultado por este diario, ha manifestado que tales reuaiones son meramente técnicas y con la exclusiva finalidad de coordinar y agilizar, como ocurre en otros países europeos, las actuaciones del control interno y las del control externo. "Estas reuniones las celebramos con el conocimiento de mi ministro, y desde luego no vamos a tratar en ellas, aun en la hipótesis de que nos llegaran a plantear, modificaciones al proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas", concluyó el interventor general del Estado.