La comisión de garantías del PCE ratifica la expulsión del comité central de dirigentes 'renovadores'

La comisión de garantías y control del PCE ha ratificado la expulsión del comité central del partido de los seis dirigentes renovadores que, en abierto enfrentamiento con la dirección que encabeza Santiago Carrillo, firmaron la convocatoria de una conferencia en Madrid de Roberto Lertxundi y Mario Onaindía. La separación entre ambas partes es cada vez mayor, mientras los dirigentes del PCE intentan revitalizar las posiciones eurocomunistas oficiales, especialmente con un estrechamiento de relaciones con el Partido Comunista de Italia (PCI), cuyo secretario general, Enrico Berlinguer, visitará España en las próximas semanas.Un portavoz del PCE confirmó ayer este encuentro y precisó que las fechas están aún pendientes de concretarse, en función de las agendas de Berlinguer y Carrillo Ambas delegaciones celebrarán conversaciones centradas sobre todo en la problemática internacional, pero no se excluye que el líder italiano asista a mítines en Madrid y otros lugares, precisó el portavoz citado.

Según otras fuentes, esta visita forma parte de un movimiento propiciado por las direcciones comunistas española e italiana, encaminado a relanzar el bloque eurocomunista, últimamente con dificultades por la deserción de sus correligionarios franceses, y fuertemente afectado por la crisis de Polonia y el relanzamiento de la guerra fría.

Reticencias en las bases al documento sobre Polonia

En medios de la dirección del PCE se resalta como "de extraordinaria importancia" la resolución del comité central sobre la crisis de Polonia, que fue redactada por el propio Carrillo. Para estos me dios, la resolución supone una virtual ruptura con la Unión Soviética, mientras hacia el interior de partido se pretende sea el punto de arranque para el afianzamiento de la doctrina eurocomunista, que aún despierta desconfianza en sectores de la militancia.El documento ha sido enviado a las bases para su discusión y, según fuentes del partido, ya ha provocado ciertas disensiones en estos debates por parte de los elementos más dogmáticos. Estos sin embargo, no mostraron oposición alguna cuando la resolución se aprobó -por unanimidad- en el comité central, cuyo elemento más caracterizado es el diputado Ignacio Gallego.

Esta falta de resistencia se explica, para estas fuentes, en que este sector tiene "las manos atadas", ya que su permanencia en los órganos dirigentes del PCE, si bien en gran medida es simbólica y carecen de verdaderos resortes de poder, depende por completo de una alianza tácita con Carrillo, de mutuo apoyo ante el acoso del grupo de los renovadores.

La reorganización del aparato, aprobada por el comité central en la misma sesión donde se aprobó la resolución sobre Polonia, se inscribe dentro de esta línea de actuación. Así, es significativa la designación como secretario de Prensa y Propaganda de Enrique Curiel, un dirigente joven y con buen cartel, y al mismo tiempo completamente fiel a Carrillo. Algunas fuentes califican de "revelador" el hecho de que se haya tenido que recurrir a un dirigente ya sobrecargado de tareas, y que sigan vacantes los puestos de responsables de cultura y de política internacional por supuesta falta de cuadros capacitados.

A pesar de ello, la dirección del PCE no consigue tender puentes hacia el movimiento renovador. Los dirigentes de este grupo que fueron expulsados del comité central no prestaron la más mínima consideración a la propuesta de reorganización, que conocían antes de su expulsión, ya que había sido distribuida a los miembros de este comité, para su estudio previo, con dos meses de antelación.

Pero este grupo tampoco recibe argumentos para aceptar ese hipotético acercamiento, ya que la actitud disciplinaria de la dirección sigue siendo dura. Así lo prueba la resolución de la comisión de garantías y control, que preside Luis Lucio Lobato, donde se ratifica la expulsión del comité central de los renovadores Mantiel Azcárate, Pilar Brabo, Julio Segura, Carlos Alonso Zaldívar, Jaime Sartorius y Pilar Arroyo.

En esta resolución se atribuye a los expulsados una "deliberada actitud de indisciplina", y se considera que la sanción de separación del comité es "moderada" y "justificada" y, por tanto, no procede su revisión.