Los servicios de inteligencia prevén un recrudecimiento de las presiones golpistas en vísperas del juicio por el 23-F
La fecha del 18 de febrero se confirma como la más probable para el inicio de la vista del juicio por el intento de golpe de estado del 23 de febrero del año pasado ante el pleno del Consejo Supremo de Justicia Militar. En el que comparecerán, como acusados del delito de rebelión militar, los implicados en el asalto al Congreso, donde tomaron a todos los presentes como rehenes incluido el Gobierno de la nación. Los servicios de inteligencia prevén un recrudecimiento de las presiones golpistas en vísperas de la vista.Después de la fulminante reacción disciplinaria ante el llamado manifiesto de los cien, la iniciativa parece haber correspondido a las autoridades del Gobierno. El nombramiento de un nuevo equipo al frente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en una operación por sorpresa en cuanto a su despliegue de fechas, y las estudiadas directivas, ante el comienzo de la vista del 23-F, confirman, según los observadores, estos supuestos.
Los servicios competentes cuentan con un endurecimiento de las presiones golpistas, aunque advierten en las actitudes de los defensores una doble línea muy diferenciada entre los puramente profesionales y los decididos a intentar una escalada política. Después del mensaje del Rey en la pasada Pascua Militar, todas las insinuaciones calumniosas pacientemente vertidas tienen escasísimas probabilidades de obtener la más mínima credibilidad. En consecuencia, entre las hipótesis oficiales cobra más verosimilitud la de alguna acción espectacular, golpe ciego, o intento de servicios extranjeros interesados en descartar la entrada de España en la OTAN.
En el ámbito puramente militar se estima que la mayor sensibilidad del momento presente está ceritrada en los pretendidos agravios institucionales, con un intento de resucitar la vieja Ley de Jurisdicciones como coraza protectora, y en la movilización de los reflejos primarios ante la posible victoria de los socialistas explicada en términos de llegada de las hordas marxistas.
Las anteriores aprensiones sus citadas por el terrorismo, la conflictividad social y el problema de las autonomías se estima que han sido en gran parte superadas por la eficacia que el sistema ha demostrado en los distintos desafíos planteados.No se excluye, sin embargo, el riesgo de nuevos coletazos etarras o de otro oscuro origen y a ese resplecto se considera inconveniente el clima triunfalista que se expande estos días en el Ministerio del Interior.
Medidas de seguridad
Un riguroso sistema de seguridad, destinado a impermeabilizar el citado establecimiento militar y preparado para reaccionar ante cualquier sorpresa, está siendo meticulosamente concertado por las autoridades competentes.
El pase a la situación "B" del teniente general Guillermo Quintana Lacaci, titular de la I Región Militar, que a tenor de la nueva ley de la Reserva Activa se producirá después del comienzo de la vista del 23-F, abre una vacante de primer orden sobre la que empiezan a barajarse candidaturas. Antes, el próximo martes día 26 de enero, está señalada la vista del nuevo consejo de guerra para enjuiciar al coronel Graiño y al capitán Juan Milans del Bosch, que insultó en un establecimiento público al Rey llamándole cerdo e inútil. Las actuaciones del anterior consejo de guerra fueron anuladas por la autoridad judicial competente, es decir, en este caso el capitán general de la región.
En una perspectiva más amplia que la corrtemplada por estos sefíalamientos judiciales, las autoridades del ministerio de Defensa parecen decididas a plantear en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) unas jornadas sobre las autonomías a cargo del profesor Eduardo García de Enterria y a iniciar un seminario sobre cuestiones de Defensa en colaboración con el rectorado de la Universidad de Madrid.
