Las negociaciones entre Madrid y Vitoria para el control público de Lemóniz se reanudarán en fecha próxima

Las negociaciones entre el Gobierno central y el vasco para la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz, interrumpidas hace más de un mes con motivo del debate del Parlamento vasco de mediados de diciembre, se reanudarán en fecha inmediata, posiblemente esta semana. En fuentes relacionadas con el tema se ha puesto de manifiesto que la cuestión central de las conversaciones será la instrumentación del control público vasco de la central, bajo el cual la polémica instalación puede entrar en funcionamiento y suministrar energía eléctrica al País Vasco en un plazo de tiempo relativamente corto.

El Gobierno central, tras la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes, ha remitido al lendakari Garaicoetxea, una comunicación escrita de su presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, en la que le participa de la improcedencia de la consulta y en la que se argumenta, desde el punto de vista jurídico, la postura gubernamental.En la respuesta se hace mención, aparte del texto constitucional, a las leyes orgánicas del 18 de enero de 1980, relativas a la regulación de las distintas modalidades de referéndum, y a la del 22 de abril de 1980, sobre creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

Aparte de las razones políticas del Estado, que justifican la negativa a la convocatoria de un referéndum desde el punto de vista del Gobierno central, la comunicación insiste en la responsabilidad legal del Consejo de Seguridad Nuclear en materia de centrales nucleares; a la política energética contemplada en el Plan Energético Nacional, que considera insustituible la energía eléctrica que producirá Lemóniz, y a los fallos favorables a la instalación nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Viena y la de Comisión de Encuesta del Parlamento vasco.

Tras el envío de esta comunicación, el inicio de conversaciones entre Madrid y Vitoria sobre el control público de la central ha sido acordado informalmente y tan sólo se esta pendiente de una comunicación oficial, a nivel gubernamental, entre las dos Administraciones.

Esta comunicación podría muy bien producirse mañana, lunes, extremo que demostraría el convencimiento de ambas partes en la urgencia del problema.

El nuevo punto de partida de estas negociaciones no sería otro que el control público por parte del Gobierno vasco de la polémica central.

La instrumentación legal de la transferencia del control de la gestión de Lemóniz estaba ya muy avanzada en el momento en que fueron aparcadas las conversaciones, el pasado mes de diciembre.

Pero una vez quemada la etapa más política de la polémica -es decir, la solicitud de una consulta popular por parte del Gobierno y Parlamento vascos-, tan sólo quedaría ahora por dilucidar la instrumentación del control, la auditoría pendiente sobre la central y la creación de un programa de emergencia para la región que disminuya los riesgos de un hipotético incidente en la central. Reticencias de Iberduero

Respecto al control público, el Gobierno vasco desea crear una llamada Entidad Pública Vasca de Energía (EPVE), que tendría funciones de gestión no sólo sobre Lemóniz, sino sobre la distribución del gas natural de la zona autonómica, las energías renovables y, eventualmente, el programa de emergencia nuclear.

Fuera, y como competencia exclusiva del Estado, quedarían otras responsabilidades energéticas que por le, no pueden transferirse.

En este sentido, para la llegada a un acuerdo definitivo tan sólo quedaría pendiente por dilucidar, las reservas presentadas por la empresa Iberduero, cuyos dirigentes estarían muy desilusionados ante la cadena de obstáculos que se tienen que obviar para poner en marcha la central.

En estos momentos, y según el Gobierno, tan sólo el retraso en la puesta en marcha estaría produciendo pérdidas de hasta cien millones de pesetas diarios, sólo en lo que cuesta sustituir la energía eléctrica no producida.

Otra cuestión sujeta a negociación es la fórmula que tomaría la gestión por parte de la entidad vasca mencionada. En este sentido, parece ser que se trabaja sobre la fórmula de una "gestión contratada", contemplada ya en la ley de Energía Nuclear de 1964.

Pero aquí han aparecido ciertos obstáculos legales, ya que, según la ley orgánica de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, las responsabilidades en el terreno nuclear caen con exclusividad, para todo el territorio del Estado, dentro del área del Consejo. Por esta razón, el Consejo podría delegar en el organismo vasco la gestión de la central, pero nunca las responsabilidades inherentes de la finalización de obras, pruebas y puesta en marcha de la central.

Este es, en cierto sentido, uno de los problemas que todavía pueden alargar las negociaciones, aunque los directivos del Consejo tan sólo exigen, a este respecto, que los técnicos encargados de la gestión, sean vascos o no, sean profesionales homologados.

Por otro lado, el problema de Lemóniz ha sido una de las cuestiones cuya negociación entre Madrid y Vitoria no se entiende sin englobar el asunto dentro de la dinámica autonómica del Estado. Para poner en marcha la central se ha tenido que asumir el coste político por parte del Gobierno central con la Administración autónoma, a mitad entre los atentados de ETA y la obtención de contrapartidas, exigiendo concesiones concretas.

Una de éstas, por no mencionar las iniciales, relativas al patrimonio de Iberduero o a la distribución de beneficios exclusivamente para la gestión, almacenadas ahora en el armario de los recuerdos, ha podido ser la distribución del gas natural que, algo más que en teoría, puede existir en el mar Cantábrico.

En este asunto parece que puede existir un camino intermedio entre la exploración y distribución, y en este sentido se ha recogido en la revisión del Plan Energético Nacional, que se enviará próximamente al Parlamento.