Una decisión oportuna

LA DECISIÓN del Gobierno de adelantar, en algunas- semanas la designación de los-nuevos miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor y de hacer coincidir en una sola resolución el relevo de sus predecesores ha contado con la colaboración de los propios afectados de manera inmediata por la, medida. De esta forma, los tenientes generales Ignacio Alfaro, José Gabeiras y Emiliano Alfaro y el almirante Luis Arévalo, que tan decisivo papel desempeñaron en la noche del 23 de febrero pasado para sofocar la rebelión militar, han puesto de relieve, una vez más, su lealtad y, acatamiento del ordenamiento constitucional. Estos cuatro hombres de la milicia se han hecho acreedores del reconocimiento y el respeto de los españoles conscientes de que el afianzamiento de la Monarquía parla.mentaria y la defensa de las libertades sólo será posible gracias a la aceptación por las Fuerzas Armadas del sistema democrático y a la subordinación al poder civil de todas las restantes instituciones y centros de decisión del poder, incluido el militar.El Gobierno ha actuado con una mezcla de prudencia y audacia, de pragmatismo y posiciones de principio, que la opinión pública ha echado de menos en otras circunstancias. Hubiera sido una equivocación permitir el lento goteo de los sucesivos relevos en la JUJEM desde el 24 de abril, fecha que correspondía a la sustitución del teniente general Gabeíras, hasta el 4 de julio, momento de la sustitución del teniente general Ignacio Alfaro. También parece una medida llena de buen sentido y racionalidad que el juicio oral que sentará en el banquillo a los procesados por rebelión militar se celebre en condiciones tales que cualquier incertidumbre o sombra de provisionalidad. estén excluidas de antemano. La circunstancia de que ninguno de los nuevos jefes de Estado Mayor se vieran obligados a intervenir, por razón de su cargo, en los sucesos del 23 de febrero disipa, de otra parte, la posibilidad de que los procesados o sus defensores especulen con la composición de ese alto órgano.-

El enorme estrépito -acompañado en demasiadas ocasiones por calumnias y soeces injurias- armado'por las organizaciones y las publicaciones de ultraderecha, cuya vulgar adulación hacia el universo castrense apenas oculta el propósito de manipular en provecho de sus intereses los sentimientos y las emociones, del mundo militar impide a veces escuchar otras muchas voces procedentes de las Fuerzas Armadas que sintonizan con los planteamientos democráticos del resto de los españoles. Grave sería el riesgo de echar en saco roto las enseñanzas del pasado o de equivocar los orígenes de la amenaza golpista. Pero también encierra un serio peligro que la hipersensibilidad de la opinión pública sirva de caja de resonancia a la estrategia de la tensión montada por la ultraderecha, que se esfuerza por abrir una brecha de mutua desconfianza y recelo entre el mundo militar, como un bloque, la abrumadora mayoria de la sociedad española comprometida con las libertades. Entre la irresponsabilidad que excluye cualquier riesgo de involución, actitud favorecedora de las conspiraciones impunes y sin peligro, y el temor ante el mundo militar considerado como un todo monolítico y hostil a la Constitución, procedimiento para bloquear cualquier dinámica positiva en el interior de las Fuerzas Armadas, existe un camino por el que han de transitar todos los que desean el afianzamiento de las instituciones democráticas en España.

Los relevos que hoy comentamos, como el noMbramiento del general Sáenz de Santamaría para la Capitanía de Valladolid, parecen responder a un doble criterio gubernamental- de consolidar el mando y la disciplina de los Ejércitos cara a la realización del juicio contra los golpistas del 23-F y de progresar en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, en su estructura y organiza ción, ante el eventual ingreso en la OTAN. En un futuro más mediato, pero igualmente necesario de prever, se enmarca la celebración de nuevas elecciones generales y la necesidad absoluta de llegar a ellas borrado el fantas ma o el temor de las gentes de que un-trijinfo de la izquierda pudiera constituir un pretexto para una intervención militar. En una palabra: casi por primera vez desde que tomó posesión, el Gobierno parece decidido a salir de la situación de control tácito y de caución por el miedo a nuevas intentonas golpistas en la que ha venido viviendo. Es decir, Calvo Sotelo parece dispuesto a abandonar su condición de gobernante vigilado. La primera actitud firme y seria del Gabinete a este respecto fue su elogiable reacción tras el llamado manifiesto de los cien. La suposición, avalada hoy con los hechos de que el Ejecutivo ha entendido la necesidad ineludible de afian zar su capacidad de poder legítimo y su representación, es, se mire por donde se mire, una buena noticia para todos. Forzoso es decir, además, que todo ello se hace desde el amparo inequívoco y explícito de la Corona al proceso constitucional, y que se inaugura así un período absolutamente esencial para la consolidación del régimen, que se verá sometido a una durísima prueba con motivo del juicio contra los rebeldes.

Los nuevos miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor han merecido ya la confianza del Gobierno. Parece justo que los ciudadanos que refrendaron con sus votos la Constitución y que defienden el régimen den su propio margen de apoyo y respeto a los tenientes generales Alvaro Lacalle y Ramón de Ascanio, al vicealmirante Saturnino Suances y al general Emilio García-Conde. La Monarquía parlamentaria sólo podría ser derribada en el futuro por un golpe militar que se propusiera alinear a España junto a las repúblicas del Cono Sur americano. Pero la democracia sólo quedará -definitivamente afianzada-en nuestro país cuando las Fuerzas Armadas sean una institución plenamente sintonizada con los valores y las prácticas de un sistema democrático, al igual que ocurre en las naciones europeas de vieja tradición parlamentaria.