El PSOE denuncia posibles arreglos financieros entre el Gobierno central y los partidos nacionalistas

La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estudió ayer un informe sobre el seguimiento de los acuerdos autonómicos entre el Gobierno y el partido. El informe, defendido por la secretaria de política autonómica, María Izquierdo, detalla los incumplimientos parciales por parte de Unión de Centro Democrático (UCD) de los citados acuerdos, y advierte sobre posibles pactos parlamentarios que conducirían a arreglos financieros con el Gobierno central, favorables para aquellas comunidades autónomas gobernadas por los partidos nacionalistas o por Coalición Democrática.La referencia respectiva al País Vasco, Cataluña y Galicia se complementa con el aviso de que tal estrategia podría producir graves problemas financieros en las comunidades autónomas que domine el PSOE. La propuesta socialista es que, en evitación de cualquier clientelismo político, la metodología del cálculo del coste efectivo de los servicios transferidos y de las cargas asumidas por cada comunidad autónoma sea común. Según el PSOE, los borradores elaborados hasta ahora se ajustan a lo establecido en el informe de los expertos -el denominado informe García de Enterría- y en los acuerdos autonómicos, por lo que podría disponerse de la metodología citada en pocas semanas.

Ante las dificultades que pueden provenir tanto de la Administración Central como de las fuerzas nacionalistas, el informe de la secretaría de política autonómica del PSOE plantea la conveniencia de un compromiso previo por parte del Gobierno, antes de la aprobación de la metodología en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Teniendo en cuenta las cifras del Presupuesto de Gastos del Estado para 1982, los traspasos de competencias supondrán, según los cálculos socialistas, un volumen de recursos equivalente a un billón de pesetas.

Según el análisis socialista, de la distribución de este billón dependerá, en buena medida, que el Estado posea la condición de solidario o que carezca de ella, ya que, por muy adecuada que sea la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial -dotado para 1982 con 180.000 millones de pesetas-, será imposible por esta vía compensar las injusticias que se cometan mediante el procedimiento del traspaso de competencias. Igualmente se denuncia el retraso gubernamental en la negociación de la ley del cupo 1982-86, tema pospuesto en evitación de las tensiones que le supondrá con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La opinión socialista es que un Gobierno monocolor carece de fuerza política para enfrentarse a este espinoso problema.

El informe presentado por María Izquierdo a la Comisión Ejecutiva del PISOE, recoge una situación de incertidumbre respecto a las negociaciones entre el ministro de Hacienda y Ramón Trías Fargas sobre la ley de participación de Cataluña en los ingresos del Estado para 1982, si bien afirma que: Convergencia i Unió (CiU) no parece dispuesta a admitir que se apliquen los acuerdos autonómicos en materia económico-financiera. Los socialistas denuncian que, frente a lo establecido en los acuerdos autonómicos y en la ley orgánica de Financiación. de las Comunidades Autónomas (LOFCA), CiU pretende utilizar un mecanismo de negociación directa Gobierno-Generalidad para el cálculo del coste de los servicios transferidos, dejando a un lado la metodología común que aprobará el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los incumplimientos de UCD

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE contempló también el inicio por parte de UCD de lo que el repetido informe denomina "una estrategia de tensión", mediante cumplimieritos e incumplimientos parcia.les de los acuerdos autonómicos o con actitudes que, en opinión de la secretaría de política autonómica, sortean más que respetan los acuerdos. Los incumplimientos denunciados se refieren a la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico,(LOAPA), los estatutos valenciano y extremeño y el calendario de tramitación de los estatutos en general.El informe recuerda que el texto de los acuerdos autonómicos desautoriza a UCD y PSOE a presentar enmiendas a la LOAPA, no obstante lo cual el diputado centrista José Luis Meilán ha formulado cuatro. En cuanto al calendario de tramitación de los estatutos, se señala que no se ha cumplido respecto a los de Canarias, Castilla-León y Madrid, si bien manifiesta que no por enfrentamiento entre los partidos firmantes, sino por exceso imprevisto de trabajo parlamentario.

Las modificaciones introducidas en la Comisión Constitucional por UCD y CD en el Estatuto de Autonomía del País Valenciano, aprobado en Benicasim y ratificado en Peñíscola, se consideran contrarias a los acuerdos autonómicos, que consagran la denominación País Valenciano, entre otros extremos que se estiman violados. Igualmente se denuncia la ruptura de acuerdos a nivel regional sobre el Estatuto de Extremadura, por la postura de la UCD extremeña de proponer un sistema electoral paritario para Cáceres y Badajoz.