Los arrestados por el "manifiesto de los cien", internados en prisiones militares

Treinta y nueve de los oficiales que suscribieron el llarnado manifiesto de los cien se encuentran en la actualidad cumpliendo los arrestos ordenados por el mando en prisiones militares distantes de La I Región Militar (Madrid), según una información facilitacla ayer por el periódico ultraderechista El Alcázar. La totalídael de estos oficiales recibieron sanciones que van de uno a dos meses de arresto militar.Estos militares conocieron la orden de arresto a principios de la segunda quincena de diciembre en sus propios domicilios, donde se encontraban cumpliendo un primer arresto de catorce días, impuesto provisionalmente por el mando.

Los oficiales firmantes han sido repartidos entre castillos militares de El Ferrol, Cádiz v Gran Canaria. Concretamente en la prisión militar de La Palma (El Ferrol), establecimiento donde fue recluido durante unos meses el teniente coronel golpista Antonio Tejero, se encuentran dieciséis, de estos oficiales. Otros cinco han sido trasladados al castillo de Santa Catalina, en Cádiz, prisión militar donde estuvo recluido con anterioridad al levantamiento militar de Franco el general Enrique Varela.

Apreciación de falta leve

Los arrestos fueron impuestos por la apreciación de falta leve de «inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias», prevista en el artículo 443 del Código de Justicia Militar. El periódico antes citado dice que el ministro de Defensa rriodificó el pasado 22 de diciembre, mediante escrito, una orden de 1978 que facilitaba el levantamiento de arrestos por falta leve con motivo de las fiestas navideñas, lo que ha supuesto que todos estos oficiales continúen en los citados establecimientos militares.El escrito del ministro de Defensa decía que «la orden comunicada de este Ministerio de 30 de mayo de 1978, por la que se aprueba el calendario de festividades de las Fuerzas Armadas, queda modificada en el sentido de que el levantamiento de arrestos por faltas leves sólo se producirá si aquéllos no han sido aplicados como consecuencia de la instrucción de un procedimiento previo o judicial».

El Alcázar indica a modo de comentario, que «se ha venido a establecer así una discriminación con los demás arrestados por faltas leves, ya que en realidad las diligencias previas no tienen significación alguna distinta a la de la sanción gubernativa. Ni es expediente judicial ni es causa», y añade que el arresto impuesto «lo ha sido después de que el juez que inició las diligencias previas dictaminara que no se apreciaba falta ni delito en el escrito firmado por los cien oficiales y suboficiales».

Paralelamente a estos arrestos para la totalidad de los firmantes, el capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana, ordenó la apertura de un expediente judicial a los capitanes Rogelio González Andradas, Blas Piñar Gutiérrez, Enrique González Mateos, Ignacio Gasca Quintín, Francisco Mateo Cruz José Manuel Lorenzo Esperanto Juan Cañadas Lorenzo y Eugenio Martín Peralta, así como al brigada Manuel González Palomares.