El Banco de España ha instruido dos expedientes disciplinarios a la Caja Rural de Santander

El diputado socialista por Cantabria, Jaime Blanco García, que acaba de interpelar al Gobierno sobre las irregularidades observadas en la Caja Rural de Santander, ha denunciado "las constantes amenazas, coacciones e investigaciones privadas llevadas a efecto sobre personas que de una u otra manera han intervenido en el esclarecimiento de los hechos", calificando el clima vivido en Santander como "más propio de Sicilia o del Chicago de los años veinte".

El líder del PSC-PSOE se refirió, entre otros hechos, a las amenazas que constantemente reciben algunos miembros del comité de empresa de la Caja Rural, por las que dos consejeros ya han sido condenados por el Juzgado número 2 de Santander, estando en curso otra denuncia contra el director general de la entidad de crédito rural; a las investigaciones que detectives privados pagados por la Caja Rural han realizado sobre una parte del personal, inmiscuyéndose en asuntos de índole privada, y al hecho de que el secretario particular del gobernador civil de Santander, el inspector de policía Velasco Perojo, figura en la nómina de la empresa con mensualidades de 25.000 pesetas "por servicios prestados a la entidad".Otras presiones y amenazas se han dirigido hacia los miembros de la comisión de seguimiento de las irregularidades, formada por partidos, centrales sindicales y sindicatos agrarios, a los que el diputado centrista Justo de las Cuevas, implicado en las irregulares actuaciones de la Caja Rural, calificó como indeseables, amenazando gravísimamente a los redactores del segundo comunicado de la comisión, que incluye documentos en los que aparece el diputado de UCD con 107 millones de pesetas de crédito de la Caja Rural, algunos en descubierto. Justo de las Cuevas, en conversación con el también diputado Ciriaco Díaz Porras, autorizó a su compañero a que transmitiese esas gravísimas amenazas "a los interesados". El líder de los centristas cántabros, además, ha presionado al diario Alerta, de Santander, de la Cadena de Medios de Comunicación del Estado, para que no apareciese su nombre en las informaciones sobre la interpelación parlamentaria ni en la respuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, obligando al director del periódico a incluir en primera página un texto titulado "No ha habido corrupción en el caso de la Caja Rural".

Según el ministro de Economía, que cita fuentes y documentos obtenidos. por la inspección del Banco de España, a la Caja Rural de Santander se le han instruido ya dos expedientes. El primero, referido a la Caja como tal, está pendiente de resolución definitiva, y para ello, según García Díez, el criterio del Ministerio "es aceptar y respaldar las propuestas del Banco de -España", que pide una fuerte sanción económica. El segundo expediente, que se refiere a los órganos rectores, está en fase de alegaciones, e incluye el cese del presidente del consejo, de varios consejeros y el del director general, Tomás Mier, además de elevadas multas a todos ellos y al anterior presidente, Pedro Rivero Argüeso, que presentó la dimisión cuando el Banco de España inició en febrero pasado su inspección.

Diferentes anomalías

Ratificando unas declaraciones del presidente del Banco, de España, Alvarez Rendueles, en Santander, el pasado mes de julio (véase EL PAIS de 21 de julio de 1981), el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, en su contestación al diputado socialista Jaime Blanco, afirma que la inspección ha observado "diferentes- anomalías" en las actuaciones de la Caja Rural, tales como que "las cuentas de resultados no reflejan la realidad según las normas contables, que se han concedido créditos destinados a la financiación de actividad or agropecuario, la existencia de una excesiva concentración de riesgos y otras diversas infracciones" en materia de obligada observancia, según el Real Decreto 2860/1978, de 3 de noviembre de 1981, que regula las cooperativas de crédito. Elevadas a definitivas las conclusiones de esa primera inspección, el consejo ejecutivo del Banco de España ordenó instruir un expediente a la Caja Rural y, según la referencia del ministro de Economía, requirió a los órganos directivos de la entidad santanderina "para que regularizasen las situaciones anómalas y en asamblea general diesen cuenta de que los resultados del ejercicio de 1980 eran negativos". Ese mandato fue incumplido por la Caja Rural.

En la segunda asamblea general ordenada por el Banco de España, que por fin se convocó a finales de verano, el director general de la entidad, Tomas Mier, y la mayoría del consejo mantuvieron sus criterios, desmintiendo que hubiese irregularidad alguna y afirmando que la diferencia en los resultados del ejercicio de 1980 entre el Banco de España y la Caja Rural eran diferencias filosóficas. Segun Tomás Mier, la Caja Rural había cerrado aquel balance con beneficios sustanciosos, mientras que el Banco de España afirmaba que las pérdidas habían ascendido a 68 millones de pesetas.