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El PNV encuentra dificultades para mantener su postura sobre la central de Lemóniz

La primera de las sesiones que el Parlamento vasco dedicará a lo largo de esta semana a debatir el tema de la central nuclear de Lemóniz sirvió para constatar ayer, una vez más, el carácter de diálogo de sordos que desde hace años define toda discusión parlamentaria sobre este tema. Pero sirvió además para subrayar las dificultades del PNV para encontrar un punto de equilibrio entre su aceptación actual de la central de Lemóniz: como necesaria para la economía vasca y su reconocimiento de las irregularidades legales de todo tipo cometidas desde el inicio de la construcción de la mencionada central.

Con las críticas de la izquierda parlamentaria (PSE, Euskadiko Ezkerra y PCE) a lo que consideraron una política de "hechos consumados" de Iberduero y la Administración, aceptada en el seno de la comisión de encuesta, que ha tardado año y medio en presentar las conclusiones a la Cámara, se inició ayer en Vitoria la sesión plenaria, en la que se comenzaron a debatir las conclusiones jurídico-administrativas sobre la ubicación del complejo nuclear de Lemóniz.La ausencia de investigación profunda en el período de trabajo marcado desde que el Parlamento decidiera -en una sesión plenaria celebrada el 23 de julio de 1980- la creación de una comisión de encuesta, fue expuesta desde los bancos de la izquierda. Euskadiko Ezkerra, PCE y PSE -que aludían falta de seguridad en la construcción de la mencionada central- coincidían en señalar que el dictamen no contiene hechos, sino opiniones de los grupos parlamentarios; no presenta datos nuevos, sino que ofrece conclusiones.

En este sentido, el portavoz de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaverri, se mostraba escéptico ante la validez de un trabajo de comisión parlamentaria que, a lo largo de un año y medio, sólo ha servido, en su opinión, para que cada partido político se reafirme en sus posiciones iniciales.

Críticas socialistas

Por su parte, el portavoz socialista, Juan María Eguiagaray, que especificó que su partido se había mostrado desde un principio "enormemente crítico hacia el proyecto de Lemóniz", explicó que acudió a la comisión de encuesta con la voluntad de dejarse convencer por aquellos que defendían posturas favorables a la puesta en marcha de la central; "pero nuestros puntos de vista críticos se han visto no solo confirmados sino acentuados". En opinión del Partido Socialista de Euskadi, la ubicación de Lemóniz, tal y como está concebida, por razones de seguridad, demográficas y meteorológicas, es "inaceptable". Después de señalar que Lemóniz "es importante, pero no imprescindible desde el punto de vista energético", el portavoz socialista acusó al Gobierno vasco de querer situar el control público en la misma balanza que la celebración de una consulta popular.Estas críticas respondían a la posición del PNV -ampliamente mayoritaria en la comisión-, que, a su juicio, la información que se ha tenido en el equipo de encuesta ha sido "suficiente al límite de asimilación para una comisión parlamentaria, no de expertos". El portavoz del PNV, Cástor Gárate, después de señalar que Lemóniz ha sido considerado por un gran sector del pueblo vasco "como una imposición", explicaba que la actitud del partido mayoritario del Gobierno era tratar de demostrar Ia necesidad o conveniencia de la central y su seguridad".

En este sentido, al defender el dictamen, el representante nacionalista, Alberto Ansola, acusó a la oposición a Lemóniz de "no tratar tanto de subsanar las irregularidades cometidas como de reducir a escombros unas obras que han costado muchos millones de pesetas, impidiendo de paso solventar la situación de dependencia energética que padece Euskadi".

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