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El Parlamento vasco trasladará a Madrid la decisión de la consulta popular sobre Lemóniz

El Gobierno vasco instará al Gobierno central y a las Cortes Generales -a través del Parlamento autónomo, que inicia hoy su sesión plenaria en Vitoria- a un pronunciamiento público sobre la conveniencia o no de la celebración de una consulta popular en relación a la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz. Las condiciones de ubicación de la mencionada central, que se debatirán durante cinco días en sesión planaria, son favorables, en opinión de los nacionalistas vascos.

Fuentes del Ejecutivo autónomo, al reconocer ayer a este periódico -con la expresión lacónica de "sin novedad"- que las negociaciones con la Administración central, representantes del sector eléctrico y mundo financiero, en relación a las diversas fórmulas de control sobre Lemóniz, se encuentran estancadas, hicieron especial hincapié en que, "ante la posible negativa a una consulta pública, las exigencias de control público deberán ser muy superiores".Desde el pasado mes de abril los contactos entre las partes interesadas acerca de un control público sobre la sociedad de Lemóniz se han intensificado, sin que, hasta la fecha, hayan arrojado acuerdos concretos. Fue a principios del mencionado mes cuando el Ejecutivo autónomo, coincidiendo con la entrevista mantenida en Madrid entre Leopoldo Calvo Sotelo y Carlos Garaikoetxea, anunció su intención de solicitar del Parlamento el ejercicio de su derecho de iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para celebrar una consulta popular.

Seis meses después, la asamblea del PNV -ante la reiterada negativa del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo a celebrar cualquier referéndum- remodelaba sus planteamientos y hacía especial hincapié en la conveniencia de que el escrutinio se efectuase, pero situaba el control público como alternativa a la no celebración de la consulta popular. Así, en sus resoluciones, los nacionalistas abundaban en "la celebración de una consulta popular por parte del Gobierno vasco y/o establecimiento del control público". En estos mismos términos se explicaba el lendakari, Carlos Garaikoetxea, en la comunicación que envió a la mesa del Parlamento vasco: "Las modalidades y fórmulas de control público habrán de tener mayor profundidad en el caso de que no pudiera llevarse a cabo en su integridad la política trazada por el Gobierno y, en particular, en caso de no celebración de la consulta popular".

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