El lento caminar de Madrid hacia la autonomía

A falta de veinte días para que se cumpla el plazo de seis meses que tienen los ayuntamientos madrileños para acogerse al acuerdo preautonómico aprobado en un pleno de la Diputación provincial el 25 de junio último, se analiza en este artículo el proceso que se ha seguido hasta conseguir este acuerdo de autonomía uniprovinclal y se hace especial referencia al protagonismo alcanzado por la corporación provincial en detrimento de la Asamblea de Parlamentarios

La pequeña historia del acceso a la autonomía de una región no es por lo general, motivo de interés.La elaboración del Estatuto de Autonomía y, sobre todo, su texto final acaparan mucho más la atención. Existen, sin embargo, tres casos en que, por razones muy distintas, la opinión pública ha seguido con cierta atención los acontecimientos. Me refiero, en primer lugar, a Andalucía, motivo de polémica por el intento de UCD de hacer pasar la autonomía de esta región por la vía ordinaria del artículo 143 de la Constitución. Al final, los andaluces han conseguido las cotas autonómicas del artículo 151, caso único, fuera de los territorios que plebiscitaron un proyecto de Estatuto durante la II República española. En segundo lugar, es llamativo el intento de Segovia de constituirse en comunidad uniprovincial, propugnada con argumentos absurdos por uno de sus diputados ucedistas, Modesto Fraile, que controla el aparato provincial de su partido, en contra de la opinión de la dirección nacional de UCD. Por último, ha sido complicado el camino seguido hasta lograr el acuerdo sobre la autonomía uniprovincial de Madrid región.Voy a intentar resumir lo más esencial y significativo de este proceso, definido por cinco rasgos fundamentales:

1. Desplazamiento del protagonismo institucional del proceso, desde la Asamblea de Parlamentarios en favor de la Diputación provincial.

A la altura del verano del año 1978 era la Asamblea de Parlamentarios de la provincia de Madrid quien debatía las opciones autonómicas de Madrid. Curiosamente, las opiniones de los parlamentarios eran personales, sin comprometer a su partido. Después de un largo período de vacilaciones, los partidos políticos como tales fueron definiendo sus posiciones respecto al territorio y la vía de acceso a la autonomía, de forma que en el otoño de 1980 las posturas negociadoras de cada uno ya eran públicas. Tras el desplazamiento del protagonismo de la Asamblea de Parlamentarios a los partidos políticos se dio un paso más en favor de la Diputación provincial en un sentido más acorde con lo establecido en la Constitución sobre el papel de las corporaciones locales en la iniciación del proceso autonómico, más aún si se tiene en cuenta que en Madrid no hay ente preautonómico. El paso decisivo coincidió con el cambio producido en la presidencia de la Diputación provincial, sustituyendo José María Rodríguez Colorado a Carlos Revilla.

2. Cambio en la ubicación autonómica de Madrid.

Tras el letargo de sumo desinterés por la preautonomía madrileña, durante el verano de 1978 se movilizó a la opinión pública. La Asamblea de Parlamentarios de Madrid se mostró entonces unánimemente partidaria de la inclusión en la preautonomía castellanomanchega. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de noviembre de 1978 el Real Decreto-ley 32/1978, de 31 de octubre, sobre régimen preautonómico de la región castellano-manchega, dejando fuera a Madrid, pero sin cerrarle definitivamente la puerta, las aguas se calmaron. Después de un prolongado reposo, los partidos políticos fueron pronunciándose uno tras otro en favor de la autonomía uniprovincial, abierta a la cooperación con las futuras comunidades autónomas de Castilla-León y Castilla-La Mancha. El PCE lo decidió en febrero de 1980, y el PSOE y AP, en noviembre del mismo año. De la tecnocrática región centro de la planificación se pasó al intento castellano-manchego. Pero el síndrome anti-Madrid operó en el sentido de dejar a Madrid solo. Conste que me parece lo más conveniente.

3 . Diferencias en la opción de cada partido respecto a la vía de acceso a la autonomía.

Para el PSOE y el PCE, la vía del 143 es la más adecuada. Para AP, Madrid debería acogerse al artículo 144 a), por carecer la provincia de entidad regional histórica. Al final se ha decidido ejecutar el derecho a la autonomía según lo regulado en el artículo 143, en cuanto a competencias asumibles y procedimiento de iniciación del proceso, elaboración y tramitación del Estatuto. Se admite, pues, de modo indirecto, el recurso al artículo 144 de la Constitución. En mi opinión, ha sido una concesión innecesaria, que da el carácter de "otorgada" a la autonomía madrileña. El 23-F y la postura de UCD han sido determinantes.

4. Diferente táctica negociadora de los partidos políticos con más implantación en Madrid.

El protagonismo del PCE

El PCE, en busca de mayor protagonismo e intentando prolongar el pacto municipal de la izquierda, hubiera deseado llegar a un acuerdo previo con el PSOE, pasando después1a negociar conjuntamente la izquierda con UCD y con AP. Dada la escasa implantación de AP en Madrid, carecía de táctica concreta, limitándose sus aspiraciones a no quedar fuera de juego. UCD, por el contrario, prefería. un acuerdo bipartito con el PSOE. Para culminar la iniciativa autonómica de la Diputación es necesaria la ratificación de dos tercios de los municipios que representen al menos la mitad del censo electoral de la provincia. La UCD trató de ganar protagonismo, consciente de que sin su colaboración se alcanzaría el pronunciamiento favorable de la mayoría del censo electoral, pero no el de los dos tercios de los ayuntamientos.

5. Proceso lento y prolongado en la toma de decisiones encaminadas a la instauración de la autonomía de Madrid región.

Influyó en un primer momento la discusión sobre sí Madrid debería ir con Castilla-La Mancha o por su cuenta. La opción final, en favor de la uniprovincialidad, ha sido la más acertada, según ya he expuesto en otras ocasiones. Después vinieron los retrasos motivados por problemas internos de UCD: se pensaba haber iniciado la recta final del camino el 1 de febrero de 1981, tras el congreso que UCD debía haber celebrado en enero. Pero el aplazamiento del congreso del partido centrista retrasó las previsiones. Luego vino el asalto al Congreso de los Diputados, el 23 de febrero, con su impacto y sus secuelas. Finales de mayo, nueva fecha planteada para el pleno de la Diputación, dejó paso a otra, a la espera de la gestación del mapa político y de las recomendaciones del Informe Enterría sobre los aspectos políticos y administrativos de las autonomías. Por fin, el 25 de junio de 1981 se celebró el pleno histórico en el patio central del castillo de Manzanares el Real. Luego, cuando todos los obstáculos parecían allanados, han sobrevenido las resistencias de algunos de los ayuntamientos gobernados por UCD. El día 14 de noviembre de 1981 se reunió el comité provincial de UCD Madrid con sus alcaldes en la región, y parece que se han resuelto positivamente las dudas con un "sí, pero". Hasta ahora han dicho el "pero". Falta que pronuncien el "sí".

Todo induce a pensar que, a pesar de todo, los madrileños de nacimiento o de adopción (yo me en,quentro entre los últimos, en virtud de los trasvases migratorios) pronto estaremos en igualdad de condiciones, constituidos, como otros, en comunidad autónoma. Es una necesidad, al menos por dos razones. La primera, de naturaleza técnico-política, pues no puede quedar ningún territorio ni su población prendidos directamente del poder central si se quiere construir un Estado de autonomías.

La segunda, de tipo político, porque ya es hora de que se deshaga el error de identificar el centralismo con Madrid y, sin embargo, de atribuírselo más acertadamente a los grupos de poder que se benefician del centralismo. Para terminar con el manido eslogan: "La culpa la tiene Madrid hay que dar a Madrid la autonomía.