Las amenazas contra la libertad de expresión

LA MANIFESTACION -legalmente convocada y debidamente autorizada- en apoyo de la libertad de expresión reunirá hoy, en Madrid y en otros lugares de España, no sólo a los profesionales de los medios de comunicación que sienten amenazados los derechos constitucionales que amparan el ejercicio de su oficio, sino también a los ciudadanos para quienes, una Prensa y una radio independientes y una televisión estatal no manipulada constituyen un elemento básico del sistema democrático.La condena de Xavier Vinader, pendiente de casación ante el Tribunal Supremo y del eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no ha sido establecida todavía por sentencia firme, y ofrece aspectos lo suficientemente débiles en el terreno estrictamente jurídico como para dejar campo abierto a la esperanza de una solución definitiva satisfactoria. Sin embargo, el precedente que supondría la aplicación a los periodistas del delito de imprudencia temeraria por negligencia profesional, regulado por el artículo 565 y reservado por la jurisprudencia casi exclusivamente a automovilistas, constructores o médicos, hace temer justificadamente que esa interpretación desbordada y analógica de la norma pena¡ redundaría en grave perjuicio de los medios de opinión y de los informadores.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha indicado en unas recientes declaraciones que la libertad de expresión no puede ser ilimitada. Nadie en su sano juicio podría discrepar de la opinión de Federico Carlos Sainz de Robles, ya que, efectivamente, el derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución tiene que ser conjugado con el resto del ordenamiento jurídico y la normativa penal. Ahora bien, parece superfluo señalar que los periodistas no pretenden negar el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley, sino protegerse de la aplicación de medidas que contradigan el principio, también constitucional, de legalidad y rechazar la sesgada utilización de las disposiciones normativas con el propósito extrajurídico de trabar o imposibilitar el dificil y delicado ejercicio de la libertad informativa.

El llamamiento de la coordinadora de profesionales madrileños -titulado significativamente No nos callarán- subraya que el balance de los más de cuatrocientos procesos abiertos contra periodistas ofrece como resultado una selectividad en los presuntos comportamientos delictivos que pisa el terreno de la discriminación. El texto señala así el benevolente tratamiento que reciben conductas públicas "realmente dañinas para las personas y para la supervivencia del propio sistema democrático", y la tolerancia que se dispensa a los ataques contra la Corona y el Parlamento, instituciones del Estado, al menos, tan dignas de protección por los tribunales y los fiscales como la propia Administración de justicia, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden Público. No se trata, por supuesto, de un argumento basado en los agravios comparativos, que reforzarían la peligrosa tendencia gubernamental a buscar la equidistancia entre los demócratas discrepantes, situados dentro del marco constitucional, y los golpistas, que pretenden lisa y llanamente derribar la Monarquía parlamentaria. Porque a los enemigos de la libertad hay que explicarles las normas que castigan los delitos contra la seguridad del Estado, sin confundirlos con quienes ejercen la crítica contra las disfunciones o los errores de un sistema al que apoyan resueltamente.

En este sentido resulta especialmente oportuno que el texto del llamamiento advierta también contra la reciente proclividad de los poderes públicos a limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a informar y a ser informados. La normalización de Televisión es sólo un aspecto de una estrategia mucho más amplia y compleja, en la que se inscriben las maniobras desestabilizadoras contra órganos de Prensa independiente, las presiones para realizar despidos de profesionales que desagradan al Gobierno, los fondos de reptiles -fuera de toda publibidad y control parlamentario- para comprar voluntades empresariales y la escandalosa multiplicación de prácticas corruptoras, como la contratación por gabinetes de Prensa del área gubernamental o agencias de relaciones públicas de periodistas e informadores que simultanean y simulan, a la vez, su profesión presuntamente libre. Por esa razón, la manifestación de hoy trasciende el caso Vinader, aun sin olvidarlo, para llamar la atención ciudadana sobre "a "ofensiva en toda regla contra la libertad de expresión", que es la otra cara de la ofensiva contra la democracia, iniciada desde distintos flancos, pero con un objetivo convergente: convertir a la Prensa a la radio y a la televisión en el espejo complaciente y embellecedor en el que lospoderosos contemplan su falsificada imagen, protegidos de cualquier crítica, embadurnados de adulaciones y colmados de elogios.