La Diputación Provincial incoará expediente por supuesta infracción urbanística a cuatro promotoras

La Diputación Provincial ha nombrado ya los jueces instructores que, en sustitución de los ayuntamientos de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Fuentidueña de Tajo y Villarejo de Salvanés, se encargarán de incoar los expedientes por supuestas infracciones urbanísticas contra otras tantas promotoras privadas, a las que se puede llegar a responsabilizar de venta de parcelas de suelo rústico como si fueran urbanizables.

La proliferación de las parcelaciones presuntamente ilegales en suelo rústico (véase información publicada en EL PAIS de 15 de noviembre) viene motivada por un hecho real, según se expone en un documento enviado a la opinión pública por la Diputación: la absoluta insatisfacción de las monstruosas aglomeraciones urbanísticas del Area Metropolitana de Madrid que impelen al ciudadano a buscar alternativas a su modo de vida urbano, en una demanda artificialmente dirigida". La oferta provendría de empresas promotoras "que actúan ilegalmente, sin licencias previas, sin autorizaciones de regadío, sin acogerse a las disposiciones urbanísticas en vigor, con un objetivo ánimo de lucro del que obtienen inmerecidos beneficios en la transformación del suelo rústico en auténticas urbanizaciones encubiertas y que utilizan a los engañados ciudadanos como vanguardia de choque frente a la Administración local, que debe exigir responsabilidades".El documento señala a continuación que tales iniciativas se ven fortalecidas por ciertas lagunas jurídicas, que dan pie a auténticos fraudes de ley contra el espíritu y el texto de las diferentes normativas y achaca a los órganos de la Administración central una postura peligrosa, de inhibición ante el problema, como lo demuestra el hecho de que aún no se haya aprobado el informe realizado por una comisión especial creada por la Comisión de Planeamiento y Coordinación (Coplaco) a instancias de la Diputación, a pesar de que dicho informe, y las medidas a adoptar que recomienda, estaba realizado en julio de este año.

A la vista de la situación actual, la Diputación Provincial, en la esfera de su competencia, ha adoptado cinco líneas básicas de actuación: reclamar del Gobierno la adopción de medidas legales que constituyan un marco suficientemente claro y operativo para atajar el problema, defender a los compradores de parcelas con todos los medios jurídicos a su alcance, apoyar a los ayuntamientos en la incoación de expedientes contra las promotoras que hayan actuado ilegalmente, mantener una campaña informativa continua dirigida a los potenciales compradores y apoyar y unificar las actuaciones de los ayuntamientos en la resolución de sus problemas económicos, de planeamiento urbanístico y otros.

Urbanizaciones legales

Posteriores comprobaciones realizadas por el Servicio Técnico de Urbanismo de la Diputación han permitido identificar como absolutamente legales a seis urbanizaciones que en un primer momento se consideraron como supuestamente ilegales y que fueron incluidas en una relación de 38 publicada por EL PAIS el 15 de noviembre.Según un segundo documento de la Diputación, la falta de información motivó que la relación se hiciera en base a datos aportados por Coplaco, ayuntamientos, particulares y anuncios publicitarios recogidos en distintos medios. En el texto de los anuncios no se incluía en casi ningún caso la fecha de aprobación definitiva del plan parcial de la urbanización anunciada, extremo éste exigido por los artículos 55 y 62 de la ley del Suelo y por el artículo 167 del Reglamento de Planeamiento, lo que, al constituir un indicio suficiente de iIegalidad, motivó su inclusión en la lista citada.