Fuertes de Villavicencio cesa en todos sus cargos en la administración del Patrimonio Nacional

Fernando Fuertes de Villavicencio, general de Intendencia y vicepresidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, organismo del que era asimismo vocal gerente desde 1963, ha cesado en ambos cargos por un real decreto que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. Será sustituido por Ramón Andrada en la gerencia del Patrimonio.

El cese en este cargo del general de Intendencia Fernando Fuertes de Villavicencio, puede significar el final de una larga etapa de gestión personalísima al frente de dicho organismo del que fuera segundo jefe de la Casa Civil del anterior jefe del Estado, Francisco Franco, y hasta febrero de 1980, intendente general de la Casa Civil del Rey.Fernando Fuertes de Villavicencio nació en Asturias en 1905 e ingresó en la Academia de Intendencia del Ejército en 1920. Desde 1948 ocupó el cargo de segundo jefe e intendente general de la Casa Civil de Franco, puesto para el que fue propuesto por el general Franco Salgado-Araújo, quien le dedica encendidos elogios en sus Memorias. En 1963 es nombrado consejero-gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que preside el marqués de Mondéjar. Fuertes de Villavicencio pasó a ser en 1975 intendente general de la Casa Civil del Rey, cargo en el que cesó en febrero de 1980.

Su gestión al frente del Patrimonio Nacional ha sido censurada especialmente desde sectores de la izquierda, así como organizaciones ecologistas y ciudadanas, que nunca compartieron los criterios de rentabilidad económica a todo trance que según estos sectores han imperado siempre en la labor de este organismo. El Patrimonio Nacional, regido por una ley constitutiva que tiene fecha del 7 de marzo de 1940, es un organismo autosuficiente económicamente y de una autonomía en cuanto a su gestión que hasta ahora le liberaba de rendir cuentas incluso ante el Tribunal de Cuentas del Reino. Entre las impresionantes riquezas que están adscritas a esta entidad, figuran tanto bienes inmuebles como las casas reales, palacio Real de Madrid, La Granja, Pedralbes, en Barcelona, o La Almudaina, en Palma de Mallorca, como fincas rústicas, caso de Sotomayor y Legamarejo, en Aranjuez, los pinares de Valsaín, el monte de El Pardo, etcétera.

El frenazo del 23-F

Precisamente los acontecimientos del 23 de febrero del presente año supusieron un frenazo al debate de la nueva ley del Patrimonio que se encontraba en las Cortes en esos momentos. Ley que ha sido ampliamente criticada por el PSOE, que presentó en su momento una enmienda a la totalidad, por considerar el proyecto de ley del Gobierno, que mantiene la existencia de un Consejo de Administración elegido por el Rey a propuesta del propio Gabinete para administrar los bienes impresionantes de dicho patrimonio, como continuador en buena medida de la situación de coto privado e inaccesible para la Administración. Por otra parte, el PSOE se ha negado repetidas veces a discutir siquiera un proyecto de ley que regule la actividad del. Patrimonio Nacional, si no se realiza previamente un inventario exhaustivo de todos los bienes que le pertenecen.La polémica del inventario provocó una respuesta del presidente del Patrimonio, el marqués de Mondéjar, en la que detallaba la existencia de tal inventario, que fue «iniciado en 1944» y que constaría en total «de 30.000 fichas redactadas», que incluirían además, según el presidente de este organismo, una relación de obras cedidas en depósito a organismos no patrimoniales.

Esta política de manos libres que ha seguido el general Fuertes de Villavicencio, tal vez obsesionado por la autofinanciación de un Patrimonio que ha vendido terrenos e incluso ha edificado urbanizaciones de lujo para paliar las cifras de pérdidas, que en 1979 ascendieron a 79 millones de pesetas, se ha llevado a cabo sin posibilidades de corrección o censura de ningún organismo estatal.

El derribo de la iglesia del Buen Suceso en el barrio de Argüelles de Madrid y la autorización de utilizar la plaza de toros de Aranjuez a la organización Fuerza Nueva para celebrar los actos conmemorativos del 18 de julio de este año, concedida expresamente por Fernando Fuertes de Villavicencio, han sido tal vez los dos temas más polémicos en que se ha visto implicado el Patrimonio Nacional.