Los funcionarios de la Administración de justicia amenazan con la huelga general

Los funcionarios de la Administración de Justicia amenazan con plantear en los primeros días de diciembre una huelga general en toda España si el Gobierno no accede de forma inmediata a equipararles con los demás funcionarios civiles mediante el cumplimiento de lo establecido en el artículo trece de la ley 17/1980, de 24 de abril, referido a la determinación del régimen y cuantía del complemento de destino, que debe hacerse por real decreto. El diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, presentó, el lunes, al Congreso una proposición no de ley en este sentido.

La ley de Retribuciones del Personal de la Administración de Justicia fue polémica aun antes de aprobarse, ya que en el proyecto inicial se excluía del área de aplicación de la norma a oficiales, auxiliares y agentes. Tras una huelga general se incluyeron finalmente estas categorías. en la ley, pero con unos porcentajes de retribución inferiores a los reclamados.Acaso para aliviar esa baja retribución se establecía en el artículo 13 de la ley que, además de los salarios básicos (50.000 pesetas vienen a ganar los oficiales; 35.0110, los auxiliares, y 30.000, los agentes), se fijarían mediante decreto otras retribuciones por complemento de destino, que dependían de factores tales como función de la jerarquía, carácter de la función, representación inherente al cargo, especial responsabilidad, lugar de destino, especial cualificación de éste, volumen de trabajo y penosidad.

El Gobierno quedaba comprometido, una vez recibido un informe del Consejo General del Poder Judicial, a establecer por real decreto el régimen y cuantía de este complemento de destino y a fijar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado el crédito correspondiente. Hasta la fecha, ni el Gobierno ha dictado tal decreto ni se han incluido las partidas correspondientes en los Presupuestos de 1981 ni en los de 1982, que se debaten estos días en el Congreso.

El panorama se agrava si se tiene en cuenta el caso omiso que se ha hecho a la memoria o Libro Blanco de la justicia que elaboró, en mayo de este año, el Consejo General del Poder Judicial y que remitió al Gobierno y a las Cortes Generales. En el mismo, el mencionado organismo consideraba absolutamente necesario e imprescindible el desarrollo de la ley 17/1980, en lo referente al régimen de complemento de destino para que las medidas expuestas en el informe pudieran llevarse a efecto. Se insistía también en que la ley de Retribuciones, a falta, del decreto ya citado, había supuesto para los funcionarios más modestos una reducción de sus ingresos mensuales.