Ibercobre presentó su plan de viabilidad en el Ministerio de Industria
Ibercobre ha presentado en el Ministerio de Industria y Energía un plan de reconversión de la empresa con el que pretende acogerse a los planes genéricos admitidos por la Administración para el reflotamiento de sectores en crisis. Este plan comprende nuevas aportaciones de capital, ayudas de las entidades financieras y organismos oficiales, reducción de la plantilla laboral y un planteamiento genérico de viabilidad de la producción de la compañía.
En Ibercobre se encuentran integradas la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas (SECEM), Pradera Hermanos, EARLE y la parte dedicada al tratamiento de cobre de Industrial Asturiana Santa Bárbara. El capital de la empresa es de 1.700 millones de pesetas, de los que un 26% corresponde a las personas físicas que componen el grupo Pradera Hermanos; un 22%, a Rio Tinto Minera; un 19%, al Banco de Bilbao; un 13%, al Banco Hispano Americano, estando el resto de las acciones en manos de minoritarios, muchos de ellos miembros del mismo sector.Las pérdidas que presentará la compañía con cargo al presente ejercicio se estiman en torno a los 4.000 millones de pesetas, cifra que, sumada a los resultados negativos acumulados de años anteriores, se eleva a unos 6.000 millones de pesetas. Esta situación casi límite de la empresa ha motivado el relevo en la presidencia, que ha pasado a ocupar Carlos García Maura en sustitución de Juan Rovira Tarazona, actual delegado del Gobierno en Cataluña, quien a su vez sustituyó a Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, que ocupó el cargo en un descanso entre dos carteras ministeriales.
La decadencia del mercado y la difícil situación patrimonial de la empresa son las razones que han llevado al diseño del plan de saneamiento, que contará con una vigencia de cuatro años, aunque todavía se encuentra pendiente de aprobar por el Ministerio de Industria y Energía.
El primer punto del plan contempla una ampliación de capital de 5.500 millones de pesetas, que se comprometen a suscribir los actuales accionistas, con la exepción de Río Tinto Minera, que detenta un 22% del actual capital social de la empresa.
El segundo se refiere a una reducción de 1.098 trabajadores de los prácticamente 3.000 que componen la plantilla.
Asimismo se pretende conseguir una moderación salarial durante el período 1982-1985, que establezca los incrementos en las retribuciones algún punto por debajo de la inflación.
En el capítulo de la financiación, Ibercobre solicitará créditos ordinarios a medio y largo plazo a las entidades financieras, por un importe de 9.900 millones de pesetas. Posiblemente estas demandas estén ya pactadas en una proporción importante con los bancos accionistas. Con estas entidades también parece acordada ya la venta de activos no productivos, representados por inmuebles y naves, que supondrían otros 1.500 millones de pesetas para la sociedad.
Ibercobre ha solicitado a la Administración, por una parte, mil millones de pesetas para achatarramiento de maquinaria obsoleta, que habría de cubrir el Ministerio de Industria. Las demandas al Banco de Crédito Industrial se elevan a 1.225 millones para inversiones productivas. Al Ministerio de Obras Públicas se le solicitan 283 millones de pesetas por incentivación de inversiones. Del Instituto de Crédito Oficial se esperan créditos o avales para el funcionamiento de la empresa por un importe de 3.500 millones de pesetas. Como ayuda para la reducción de plantilla por la vía de las jubilaciones anticipadas se solicitan 1.900 millones al Ministerio de Trabajo. Por último, Ibercobre pretende que se le conceda una refinanciación o mora de 1.500 millones de pesetas de la deuda que mantiene con la Seguridad Social.
