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El divorcio en España

En este mismo periódico hice un llamamiento hace unos meses a todos nuestros compatriotas para que prestasen ayuda al Gobierno en su propósito de poner en marcha la ley de Divorcio, ley que con tanta impaciencia, justificada, estaba pidiendo una gran mayoría de españoles, hombres y mujeres.La ley ha sido aprobada por el Gobierno y por ambas Cámaras, es decir, tenemos ya una ley, de Divorcio y se hace necesario señalar sus aciertos y su falta de amplitud en algunos de sus puntos.

Debemos señalar como aciertos, por ejemplo, sus distintas modalidades de aplicación, que responden a la complicada realidad española.

Entre los tipos distintos de divorcio se añade "el divorcio por mutuo acuerdo- y se establece como requisito único la voluntad de ambos cónyuges que ha de establecerse en la demanda de divorcío, demanda que han de ratificar ambos cónyuges por separado en sus declaraciones ante el juez, la voluntad de separarse amparados en la ley de Divorcio. Hemos de poner de relieve las condiciones legales que exígen una y otra forma de divorcio: el mutuo acuerdo requiere tres momentos y documentos diferentes: la demanda del divorcio, ia ratificación de ambos cónyuges por separado y la firma por ambos del convenio regulador del divorcio.

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El mero acuerdo, la voluntad de los cónyuges expresada ante el juez. determina su efectividad.

Cierto que la ley de Divorcio aprobada por las Cortes establece varios tipos y sus modalidades, lo que responde a un buen criterio, a la heterogénca realidad social española. En todas las modalidades señaladas en la ley se exige un acuerdo de los cónyuges, sin que sea necesario alegar razones, que pueden ser razones secretas, y es necesario respetar esas razones y considerar solamente el desafecto entre ambos cónyuges y el deseo de separación. Esta cláusula es la que exige una sociedad civilizada y un Gobierno atento a su cometido democrático.

España, adoptando la ley de Divorcio, ha mostrado su conocimiento de la situación social del país y ha prestado una considerable ayuda a la libertad de los españoles, es decir, a los derechos humanos. Mucho esperamos de esta legislación de amparo a los ciudadanos españoles necesitados de ella.

Victoria Kent fue directora general de Prisiones durante la II República.

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