La Santa Sede "congela" la remodelación de los límites diocesanos de Huesca y Lérida

La Santa Sede no ha dado vía libre a la remodelación de los límites eclesiásticos aragoneses -tal como había aprobado la Conferencia Episcopal Española-, dando como razón que no están definidos los límites provinciales civiles entre Huesca y Lérida.La afirmación, vertida en una carta que dirige la Nunciatura en España al presidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Marchán, ha provocado una fuerte indignación en Aragón, cuyas autoridades califican el hecho de una intromisión inadmisible, de anticonstitucional y de ser posible causante de conflictos políticos y religiosos inexistentes. Asimismo, en un telegrama dirigido a la Nunciatura, el presidente de la Diputación General, Gaspar Castellano, pide la rectificación de tales afirmaciones.

La lucha por lograr que una zona aragonesa fundamental (toda la franja fronteriza con Lérida, con 110 parroquias, 80.000 personas, que suponen el 34% de la provincia de Huesca, buena vitalidad económica y un rico patrimonio artístico que se considera espoliado) dejara de pertenecer a la diócesis catalana para incorporarse a Aragón, ha sido larga y dificultosa. Las acciones reivindicativas se han sucedido desde que el concordato de 1953 se comprometió a hacer coincidir los límites diocesanos con los administrativos, pero hasta febrero de este año no se consiguió que la Conferencia Episcopal española se pronunciara sobre la cuestión. Lo hizo a favor de las tesis aragonesas y del mandato de la Ialesia -expresado, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II.

La oposición al proyecto ha sido patente en el obispo de Lérida (que incluso prohibió en 1978 que se realizara una encuesta entre los creyentes de la zona) y de quien se sabe se entrevistó recientemente con el presidente de España, el arzobispo de Toledo, Marcelo González, amigo personal suyo.

Ahora, la carta de la Nunciatura que firma monseñor Francesco Canalini, encargado de negocios, dice que, tras ser estudiado el tema por la Santa Sede y habiendo consultado a los dicasterios competentes, se impone una dilata hasta que «hayan sido definitivamente definidos los límites de las provincias civiles y consigan la debida estabilidad», afirma textualmente.

El obispo de Barbastro ha manifestado su asombro por esta opinión de la Iglesia, y el arzobispo de Zaragoza ha intentado justificarla diciendo que sólo implica un aplazamiento.

Los políticos, en cambio, han tenido una reacción enérgica. El telegrama del presidente de la Diputación General de Aragón califica el escrito de «lamentable, inexacto e inoportuno»; afirma que Huesca y Lérida están jurídica y políticamente delimitadas y pide la rectificación para que no se creen conflictos inexistentes.