El asesinato de De Broglie se convierte en un "Watergate" francés

El asesinato del príncipe Jean de Broglie, político vinculado al ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, no es un asunto de derecho común, sino un "Watergate francés". Esta afirmación, sin precedentes en los anales de la justicia francesa, fue hecha por el presidente del tribunal de París que juzga actualmente el "asunto De Broglie". El mismo responsable, André Giresse, aseguró que el ministro del Interior de la época en la que se cometió el crimen (en diciembre de 1976), Michel Poniatowski, así como el director de los servicios de policía, "mintieron".

El ministro de Estado y ministro del Interior, Poniatowski, que accedió al cargo justamente cuando De Broglie fue asesinado en una calle de París, "mintió por omisión". El director de la policía mintió igualmente. Ambos le ocultaron a la justicia los informes que poseían con anterioridad al asesinato, relativos a las amenazas de muerte que pesaban sobre el príncipe. Por otro lado, el móvil del crimen sostenido por la defensa, se basa en una deuda de cuatro millones de francos que el presunto cerebro del asesinato, Pierre de Varga, habría contraído con De Broglie. Matando al príncipe pretendía también acabar con la obligación de pagarle. Pues bien, ese tampoco sería el móvil. Todas estas afirmaciones son del presidente del tribunal que juzga el crimen De Broglie.Esa declaración, inesperada, ha conmovido a este país. Nunca el presidente de un tribunal, cuyo papel en un proceso es el de árbitro, y ante el que todavía no han desfilado todos los testigos, había intervenido hasta ahora de manera tan contundente, aunque sus denuncias se conforman a la ley y, en definitiva, son una sospecha general. Un inspector de policía, en efecto, durante la investigación, hace ya dos años, afirmó que los servicios de policía, y lógicamente Poniatowski, sabían que el príncipe iba a ser asesinado, sin que por ello intentaran impedirlo. También se sospechaba que el móvil no eran los cuatro millones de francos que le había avalado el ex diputado giscardiano a De Varga.

La confirmación de estos datos suscita todo tipo de interrogaciones sobre el verdadero móvil del crimen.

En tiempos de Giscard se estima que la justicia no denunció lo que ahora denuncia porque el poder político, más o menos implícitamente, le impedía actuar con independencia. Hoy los franceses se preguntan si el presidente Giresse habría hecho la misma declaración si no hubiese cambiado el poder.