Una reforma alentadora

La ley general de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 es, y seguirá siendo durante años, una partitura de obligada interpretación. La ley Villar Palasí, pese a las omisiones, desviaciones y frustraciones acumuladas durante su aplicación, ha constituido una palanca formidable que ha elevado el sistema educativo a cotas de dignificación Y extensión social insospechadas.La ampliación de la educación obligatoria hasta los catorce años; la transformación estructural de la EGB en el proceso de sustitución de la escuela rural de maestro único por la escuela rural graduada en centros completos; la construcción masiva de edificios equiparables a los de los países más desarrollados; la elevación del régimen académico de los maestros al nivel de la diplomatura universitaria; el crecimiento espectacular de las plantillas; la multiplicación de cursos de perfeccionamiento y especialización del profesorado, con más de 100.000 beneficiarios en estos diez años, etcétera, son algunos indicadores expresivos de una renovación educativa sin precedentes.

Sin embargo, algunos problemas de carácter científico y técnico puestos de relieve a través de un meticuloso análisis del quehacer educativo, así como razones históricas impuestas por el profundo cambio sociopolítico acaecido en España, hacían insoslayable una revisión del sistema.

De este análisis llevado a cabo por profesores e inspectores de Educación Básica destacan algunas conclusiones de relieve: la rigidez y encorsetamiento del curso escolar como unidad temporal traiciona las investigaciones sobre psicología evolutiva admitidos internacionalmente. La promoción automática conduce a porcentajes inquietantes de fracaso escolar que provocan bolsas de alumnos descolgados y desmotivados que prolongan su estancia en el nivel sin alcanzar el título de graduado escolar y forman colectivos de adolescentes crecientemente caracterizados por conductas y actitudes antisociales. La superficialidad, el escaso énfasis que se concede al aprendizaje y dominio de las materias instrumentales -lectura, escritura y cálculo-, acusa una grave incidencia en el éxito escolar: "los alumnos fracasan por falta de base", fenómeno acentuado en aquéllos que no han tenido la oportunidad de obtener un puesto en la educación preescolar. Las orientaciones pedagógicas de 1970/1971 son excesivamente abstractas y difusas, y los profesores se quejan de la ausencia de objetivos concretos a conseguir. Sería interesante, por tanto, vincular más estrechamente los objetivos con las actividades. Se detecta la existencia de contenidos incorrectamente ubicados en los proaramas en relación a la madurez del alumno, se denuncian temas que hoy carecen de vigencia e interés y se generaliza la demanda de aspectos nuevos de indudable miplantación social. Finalmente, es necesario proyectar la Constitucíón en los centros.

Durante tres años de intensa dedicación, alrededor de cuatrocientos profesionales -profesores de EGB, psicólogos, catedráticos de bachillerato, inspectores de ambos niveles, catedráticos de universidad, expertos de distintos departamentos- han elaborado los documentos que desarrollan los Programas Renovados. A través de las revistas profesionales y de ediciones especiales se han difundido a título de consulta a los sectores interesados. Se experimentan en una serie de centros predeterminados. Se organizan cientos de cursos de presentación y estudio y se analizan y recogen las respuestas formuladas. Las editoriales de libros de texto llevan a cabo un notable esfuerzo en la preparación y publicación de los nuevos materiales.

El Real Decreto 69/1981 de 19 de enero (BOE de 17 de enero) ordena la Educación General Básica y fija las enseñanzas mínimas para el ciclo inicial. Ha entrado en vigor a comienzo del presente curso 1981-1982 y procedemos en estos días a dar los últimos toques al proyecto de decreto sobre el cielo medio, al mismo tiempo que trabajamos la elaboración del cielo superior.

El gran objetivo de la reforma consiste en dar una respuesta científica actualizada, adecuada constitucionalmente a todos los alumnos españoles que cursen o deban cursar la EGB, lo que equivale a decir que tiene aplicación en todo el territorio del Estado, incluidas las comunidades autónomas que poseen competencias en materia educativa. El proyecto propuesto en su día al Gobierno por el ministro Ortega y Díaz-Ambrona se fundamenta en la técnica constitucional de la ordenación general del sistema educativo con el fin de garantizar su unidad esencial a través de la fijación de unas "enseñanzas mínimas", comunes y de obligado cumplimiento. Consecuentemente, las comunidades autónomas con competencias transferidas poseen la facultad de desarrollar el decreto.

La estructuración en ciclos, el establecimientó de "niveles básicos de referencia", la fuerte potenciación del aprendizaje de las materias instrumentales, base y cimiento de toda la construcción posterior; la incorporación de nuevos objetivos: educación para la convivencia, para la seguridad vial, para la conservación y

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