El juez pide diez millones de fianza a vecinos de Madrid para personarse en el sumario de la colza
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de la tramitación del sumario sobre el envenenamiento por el aceite tóxico, ha exigido una fianza de diez millones de pesetas a diez asociaciones de vecinos de Madrid, que pretenden ejercer la acción popular, a fin de estar legalmente personadas en la investigación sumarial en curso.Esa decisión judicial está en la misma línea de lo acordado por el mismo juzgado a mediados del pasado mes de octubre, al exigir también diez millones de pesetas de fianza a la Asociación de Vecinos del barrio de Moratalaz (Madrid), primera asociación ciudadana que ejerció la acción popular con la finalidad de estar presente en las diligencias judiciales en un asunto que afecta a los ciudadanos en general, y no sólo a los directamente perjudicados.
En esta ocasión, sin embargo, el juez ha rebajado a un millón la fianza exigida a cada asociación de vecinos, ya que el fiscal de la Audiencia Nacional mantenía, en su informe previo, que la fianza debería ser de diez millones por cada asociación, es decir, un total de cien millones de pesetas. Las asociaciones de vecinos querellantes en el ejercicio de la acción popular son las siguientes: Los Olivos, Moratalaz Este, Vicálvaro, La Unión de Hortaleza, Pinar del Rey, Canillas-San Fernando, Polígonos A y C de Moratalaz, Manoteras, Portugalete y Expansión de San Lorenzo.
Estas asociaciones, al tener conocimiento días pasados de la fianza de diez millones exigida a la Asociación de Vecinos del barrio de Moratalaz, anunciaron su propósito de ejercer la acción popular en el sumario de la colza, por estimar «que, al haber afectado el envenenamiento a muchos convecinos de forma directa y a todos de forma potencial, el interés colectivo quedará mejor asegurado por nuestra presencia en el sumario». Las diez asociaciones hacían un llamamiento al Poder Judicial «para que demuestre sus deseos de trasparencia y de llegar hasta el fondo del asunto, y retire de oficio la fianza impuesta a la Asocación de Vecinos de Moratalaz, en la esperanza de que la nueva querella no se verá obstaculizada».
Por otra parte, y en relación con la investigación sumarial sobre el aceite tóxico, el anunciado traslado de todos los procesados a la prisión de Carabanchel está relacionado con la prueba solicitada por el abogado Antonio García Pablos, en representación de varios miles de perjudicados. Esta prueba, denegada en principio por el juez instructor, pero admitida posteriormente al estimar el correspondiente recurso de reforma, consiste en la primera declaración que deberán efecturar los implicados ante el juez en presencia de los abogados de las partes acusadoras. La primera declaración de los implicados sólo se efectuó ante el Juez instructor, en la época en que lo era el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
