Lo que pide un profesor no funcionario

Aunque no han sido publicadas todavía las cifras computadas de los años 1979 a 1981, cabe esperar que no existan variaciones respecto a la media de los años setenta.Cualquiera tiene derecho a preguntarse cómo ha podido funcionar la universidad española cuando la aplastante mayoría de sus profesores, los PNN, estaban y continúan estando ligados a un contrato administrativo de carácter eventual, sin reconocimiento de otros derechos que el de asistencia sanitaria y vacaciones de un mes, teniendo el añadido vergonzante de unos salarlos que, en el año 1981, oscilan entre las 15.000 y las 60.000 pesetas mensuales, según el nivel de dedicación. Estos sueldos, que parecen increíbles para profesionales con. estudios superiores, unidos a la falta de expectativas profesionales en los diversos centros, acentúan la impresión de que las instituciones universitarias funcionan de milagro.

No pueden asombrarnos ni la falta de resultados coherentes en sus actividades, ni el decepcionante panorama de la ciencia y la cultura en España, ni mucho menos la tradicional expulsión de cerebros hacia países que nos lo hacen pagar caro en divisas por técnicas y equipos superiores a los nuestros. Lo que nos sorprende de verdad es que se sigan dando clases y que de cuando en cuando aparezca alguna creación realizada por ignorados equipos universitarios.

No es sencillo explicar un fenómeno tan extraño y tan ligado a la compleja coyuntura en que se desenvuelve nuestro país, pero podemos empezar estableciendo una síntesis de las líneas fundamentales que configuran las actitudes de los profesores que nos empeñamos en mantener viva la universidad:

1. La conciencia de que el desarrollo social y económico del país depende en gran parte del despegue de la investigación.

2. La frustración producida por la falta de recursos y estructuras que hagan posible que la universidad pueda cumplir esos objetivos.

Los graduados que terminan su carrera a edad temprana y que se encuentran en situación de aplazar unos años su estabilidad económica individual tienden a magnificar las oportunidades que ofrece la universidad para completar su formación de posgrado. Una propaganda triunfalista y corruptelas clientelares endémicas hacen que los aspirantes depositen su confianza en los catedráticos que apadrinan sus incipientes carreras docentes. No obstante, en el plazo de dos o tres años, cuando se adquiere la suficiente experiencia de la miseria universitaria, ya se ven con claridad las alternativas reales:

a) La oposición a las escasas plazas funcionariales, en el supuesto de que la cátedra disponga de ellas.

b) El pluriempleo dentro o fuera de las instituciones universitarias.

c) El abandono definitivo de la universidad.

De las dos primeras alternativas señaladas, la que recibe más estímulo por parte de las autoridades académicas es la del pluriempleo, pese a la demagogia purista que nutre las declaraciones oficiales y las campañas en contra de los sufridos PNN.

Las ventajas que proporciona a dichas autoridades el disponer de profesores pluriempleados son leoninas:

1. Tienen un chivo expiatorio inmediato para encubrir su falta de eficacia.

2. Un profesor pluriempleado crea menos problemas porque sus expectativas dentro de la universidad son reducidas.

3. Controlan fácilmente a los posibles competidores de su clientela.

4. Se refugian en la falta de suficientes profesores dedicados exclusivamente a la universidad para justificar su indiferencia, su escaso desarrollo científico o su falta de compromiso con la mejora de la universidad.

5. El coste de la enseñanza puede mantenerse con presupuestos ridículos aliviados por salarlos bajos que inciden directamente tanto en la calidad de la enseñanza como en las tareas de investigación.

Por otra parte, el pluriempleo del profesorado despeja las amenazas a la situación y a la incompetencia tradicionales de muchos gestores universitarios. El cuerpo docente se nutre, pues, de adictos al sistema, salvo contadísimas excepciones; y además, en cantidades tan reducidas que no hay por qué alterar la clásica estructura de familias clientelares.

Es lícito pensar entonces que en ciertas esferas interesa mantener las causas originarias que obligan al profesorado no numerarlo a derivar hacia la situación de pluriempleado según transcurre el tiempo y va adquiriendo mayores responsabilidades económicas tanto personales como familiares. Como ya hemos visto, las causas pueden resumirse en:

- Escasas posibilidades para acceder a los cuerpos funcionariales docentes.

-Inestabilidad en el empleo y retribuciones notoriamente insuficientes.

El mecanismo de entretenimiento durante esos dos o tres años de noviciado en una cátedra es impartir clases, y si sobra algo de tiempo, la elaboración de la tesis doctoral. Esto último opera a nivel psicológico como Final feliz para el esforzado meritorio, por ser requisito imprescindible para poder concurrir a la oposición en el caso de que existan plazas. Desde el punto de vista docente, la realización de la tesis no supone el acceso a un mayor nivel de la enseñanza, puesto que aun sin ella el PNN se encarga de cualquier curso de la carrera, así como de tareas de investigación a cualquier nivel. En la práctica, la tesis faculta para cobrar un plus por hacer el mismo trabajo que antes y como mecanismo de promoción en la carrera docente. Su sacralización por parte de las autoridades es, aparte de pura demagogia, un instrumento de filtrado, ya que son muy pocas las cátedras donde existe la infraestructura necesaria para que una tesis obtenga verdaderos frutos científicos.

Si comparamos el número de tesis leídas en España con el escaso desarrollo científico en que nos encontramos, tendríamos que concluir que son muchas y, por tanto, que hay algo totalmente ajeno a la realización de tesis que no marcha bien.

Situados en el mejor de los casos, nuestro PNN llega, por fin, a tener su ansiado salvoconducto de funcionarlo. Pero no hagamos caer todavía el telón porque entramos en una nueva versión del pluriempleo. A pesar de la manipulación que hacen de ello autoridades y responsables ministeriales, el pluriempleo es muy frecuente entre los funcionarios docentes, los cuales, para suplir la miseria profesional que les ofrece la universidad, se ponen a buscar alguna empresa pública o privada en la que hacer algo con sus conocimientos o con su tiempo libre. Tampoco hay que perder de vista sus pretensiones económicas y/o políticas, de modo que la corrupción riza el rizo cuando sus múltiples compromisos y/o salarlos les impiden paulatinamente su dedicación a las tareas universitarias mínimas, para lo cual necesita al profesorado no funcionarial en las condiciones de sometimiento indicadas. Es el círculo rotundo del milagro universitario español.

Creo que la sociedad española no va a sostener por más tiempo este engendro, pero ¿será el proyecto de ley de Autonomía Universitaria su instrumento?

El proyecto de LAU no podrá contribuir a una mejor organización y servicio de la universidad española si no es capaz de poner en marcha los recursos necesarios para promover una política de investigación y desarrollo al nivel de las universidades europeas, que cuentan con presupuestos (aun en años de crisis) que multiplican por diez o más al de la nuestra. Ese marco político de investigación es básico, porque fijará los objetivos a los cuales deberán obedecer las transformaciones que se hagan en las instituciones universitarias.

La eficacia en la elevación de la calidad de la enseñanza y de la investigacion exige unos cuadros estables de profesores e investigadores dedicados por entero a su tarea. En este punto es imprescindible que los contratos salariales obedezcan a las leyes laborales vigentes, suprimiendo la actual contratación administrativa que no respeta los derechos más elementales que la Constitución española reconoce a todo trabajador. Estos contratos laborales deben especificar las obligaciones concretas de cada parte para evitar el clientelismo tradicional y los tan frecuentes agravios comparativos, estableciendo los controles que sean necesarios para vigilar su cumplimiento.

En cuanto a la elaboración de tesis, la LAU tiene que dejar muy claro que deben de constituir un mecanismo de promoción para acceder al funcionariado y no una barrera tras de la cual se mantiene en la indigencia a los titulados superiores que se liguen a la universidad mediante contrato, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Dado que en la situación actual no están reconocidos ni la antigüedad ni el derecho al Seguro de Desempleo, la LAU debe corregir el desafuero mediante el reconocimiento automático de los mismos con carácter retroactivo. Entiendo que, en su conjunto, estas peticiones son más bien exigencias mínimas si existe de verdad un deseo por parte del Gobierno, los sectores económicos y las fuerzas políticas por mejorar el nivel científico y cultural de nuestro país.