Paro y reindustrialización

EL GRAVE problema del paro y la atonía de la inversión privada están contribuyendo de una manera conjunta a aumentar el nivel de frustración en torno a cómo iniciar la salida de la crisis. En este sentido no tiene nada de sorprendente que se adopten soluciones de política económica precipitadas, cuya viabilidad a medió plazo sea muy problemática. Algo así ha sucedido en una serie de proyectos mineros e industriales en el suroeste de EspañaEl expediente de crisis presentado por Minería de Andévalo y un proyecto de aprovechamiento de minerales de hierro de bajo contenido entre Huelva y Badajoz se han entrecruzado para enfrentar paro y reindustrialización. La pérdida de puestos de trabajo se ha estimado en 246, y el empleo que generaría el nuevo proyecto sería de 1.500 plazas, con una inversión de unos veintiséis millones de pesetas. La zona carece hoy día de industrias capaces de absorber el exceso de población campesina. Además, se argumenta que la realización del proyecto supondría la producción de casi un millón de toneladas anuales de prerreducidos, que evitaría la salida de divisas al sustituir importaciones de chatarra. El grave inconveniente de la operación es que no es económicamente viable sin una subvención permanente a través de un precio político para el gas natural de la bahía de Cádiz, que sustentaría la puesta en marcha de la explotación. Las dudas, no obstante, se han resuelto al responder de modo afirmativo el Ministerio de Industria, tras la amenaza de una marcha de los mineros del suroeste a Madrid y el respaldo, con un paro de una hora, procurado por la minería de Huelva. La respuesta de Industria fue, en efecto, tan diligente que las ponderaciones de algunos representantes locales del PSOE perdieron toda credibilidad. ¡Hasta el Gobierno estaba de acuerdo!

De hecho, este caso repite, una vez más, la arriesgada política de industrialización que está desarrollando el actual Gobierno. No se promueven actividades rentables o con futuro, sino que se reincide en sustentar sectores o empresas escasamente viables que necesitan y continuarán necesitando el apoyo de la subvención del Estado. La crisis del petróleo ha puesto de manifiesto que una parte importante del equipo productivo es inservible o que la capacidad de una serie de sectores económicos es excesiva.

Obvio es decir que el camino más razonable para la reconversión es el de incrementar la participación del ahorro en la renta nacional y disponer así de los recursos necesarios con que financiar, de manera no inflacionista, esta reconversión y las nuevas industrias generadoras de empleo. Pero si los proyectos financiados han de estar permanentemente subvencionados, la pregunta es cómo se generará el ahorro público. Si la respuesta fuese el endeudamiento externo, cabe recordar que su crecimiento es vertiginoso y hay que pagarlo; si la respuesta es la de inventar el ahorro a través del déficit presupuestario, no puede olvidarse que será a costa de expulsar otras alternativas y de reincidir en una financiación inflacionista. Además, tampoco cabe volver la espalda al hecho de que la energía se ha convertido en un factor escaso con un elevado coste y cuya administración exige, por lo menos, gran cuidado.

Ninguna de las dos circunstancias se dan en el proyecto de prerreducciones, como tampoco en otras reindustrializaciones antieconómicas y caras en energía. Sus resultados serán, por un lado, inflacionistas y, por otro, inviables a plazo medio. El empleo momentáneo de hoy será más paro mañana, más déficit presupuestario y, por supuesto, una onerosísima carga para el Gobierno heredero de esta despilfarradora política industrial.