Los periódicos del Estado se subastarán entre personas privadas y cooperativas de trabajadores

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados dictaminó ayer el proyecto de ley sobre supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), en el que se establece la enajenación a personas privadas de los periódicos de la antigua cadena del Movimiento. Los periódicos podrán ser adquiridos en pública subasta entre personas naturales o jurídicas privadas, así como por cooperativas o sociedades anónimas laborales que agrupen más de dos tercios de la plantilla, si éstas abonan la totalidad del importe del precio de subasta. Entre las modificaciones introducidas destaca la aplicación legal práctica, por primera vez, del principio constitucional de la cláusula de conciencia.

El proyecto de ley salió adelante en la comisión con los votos centristas y el apoyo de la Minoría Catalana y con la oposición, en los puntos claves, de socialistas, comunistas y Euskadiko Ezkerra (EE). Rechazadas en su día las enmiendas a la totalidad planteadas por la izquierda, en la sesión de ayer fueron asimismo barridas las enmiendas que pretendían el paso de los periódicos estatales a las corporaciones locales o a las comunidades autónomas.El centrista Guillermo Medina reconoció el derecho de los entes locales y autonómicos a ser propietarios de periódicos, pero añadió que UCD no estima conveniente contribuir a esta propiedad. El socialista Pedro Bofill denunció el cambio radical de filosofía producido en esta materia, que contradice el propio preámbulo de la ley, en el que se invoca el «contexto político pluralista y democrático». En opinión de Bofill, tal pluralismo y democracia no se compadece con el impedimento a las comunidades autónomas para que accedan a la propiedad de los periódicos de titularidad estatal, lo cual significaba, dijo, «un derroche de los medios del Estado».

El exclusivo pase de estos periódicos a los particulares sólo tiene, según dijo Bofill, una explicación: «Que se pretenda favorecer a grupos económicos determinados». Medina protestó contra la insinuación de que los medios periodísticos estatales estén ya otorgados, ya que esto sería, dijo, «una manipulación absolutamente rechazable». Insistió en que UCD admite que puedan existir periódicos de elites públicos, y añadió que serán constitucionales los que se puedan crear en el futuro, si bien para el Grupo Centrista la existencia de periódicos del Estado «choca con nuestro punto de vista, en coherencia con lo que ocurre en los países occidentales democráticos».

Pilar Brabo denunció la incoherencia centrista al reconocer, pero no aplicar, el artículo 20 de la Constitución, que consagra la existencia de medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y el acceso a ellos de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. «Dudo mucho que las entidades privadas faciliten ese acceso y ese respeto», dijo. Tampoco fue aceptada la propuesta defendida por Bofill para que los periódicos incautados o confiscados como consecuencia de la guerra civil puedan ser reclamados, antes de su enajenación, por sus legítimos propietarios.

Acceso de los trabajadores a la propiedad de los periódicos

La comisión rechazó las enmiendas de la izquierda que proponían un derecho preferente de las sociedades de redactores o personas jurídicas integradas por trabajadores del medio para la adquisición del periódico estatal a enajenar. El Grupo Centrista propuso una fórmula, que resultó aprobada, con el siguiente texto: «Previamente a la celebración de la subasta, los trabajadores de cualquier medio que, en proporción a los dos tercios de la plantilla, se constituyan en cooperativa o en sociedad anónima laboral, podrán adjudicarse, en el plazo de un mes, el medio de que se trate, por el valor peritado a efectos de licitación y abonando la totalidad del importe».

Pedro Bofill lamentó que se rechazara la posibilidad de acceso de los trabajadores de una forma real a la propiedad de los periódicos. Pilar Brabo resaltó la frustración que esta ley producirá en los trabajadores de la cadena de Prensa estatal. Por su parte, Juan María Bandrés (EE) estimó perfectamente coherente la actitud de UCD: «La Voz de España y Unidad, de San Sebastián, fueron cerrados porque la línea de aquellos periódicos, llevada por los trabajadores, no satisfacía al Gobierno. UCD sigue desconfiando de los trabajadores y prefiere dar estos periódicos a grupos de presión que se piensa que serán más fieles a las directrices ideológicas».

Para el caso de que no se encuentre adquiriente en pública subasta, el proyecto de ley prevé que el medio de Prensa de que se trata, se cerrará, «procediéndose a su liquidación». Pilar Brabo defendió, sin éxito, que tales me dios subsistan, y se regulen por el futuro estatuto jurídico de los Medios de Comunicación Social del Estado, previsto en la Constitución. Guillermo Medina con testó que la intención del proyecto de ley es el cierre de estos periódicos, y la supresión del organismo estatal que los sostiene, por lo que no tenía encaje la enmienda comunista.

Para el personal de los periódicos adquiridos, así como para el de los servicios centrales del organismo MCSE, la ley prevé la posibilidad de acogerse al decreto de 1979, que permite optar entre una indemnización o el paso a la Administración del Estado. Problema más delicado es el del personal de los periódicos enajenados. El proyecto de ley establecía que podrían acogerse al decreto citado «los trabajadores que se vieren afectados por reestructuraciones de plantilla que se produzcan en el plazo de dos años».

Fruto de una enmienda transaccional centrista, se aprobó en este punto que, además de los trabajadores afectados por reestructuraciones, puedan acogerse al decreto «los trabajadores de los medios de Prensa enajenados, en el plazo de un mes, a partir de la enajenación del medio en pública subasta». La novedad del precepto consiste en que significa la aplicación legal, por vez primera, del derecho constitucional a la cláusula de conciencia a todos los trabajadores del medio.

El diario "Pueblo"

Fueron rechazadas tres enmiendas comunistas que pretendían establecer facilidades crediticias a las asociaciones de trabajadores para que puedan ejercitar el derecho de adjudicación del periódico en el que trabajan, e introducir el posible apoyo económico de personas que no trabajen en el medio, hasta una cantidad no superior al 50%, y exigir un inventario de los medios enajenables antes de la subasta de los mismos.

En cambio, fue admitida una propuesta comunista, por la que se mantiene, en todo caso, para el personal del diario Pueblo el derecho de opción reconocido en el Decreto de 16 de junio de 1979. Estatrimienda se encuadra en un artículo que exceptúa a este diario del la enajenación prevista para los restantes periódicos del Estado, «dadas las especiales características de la situación jurídoca de los bienes, muebles e inmuebles, actualmente adscritos a Pueblo.