Olivar y política de grasas

El olivar, localizado en pocas regiones españolas, es una importante partida del capital agrario. Pese a que su importancia relativa dentro del capital nacional ha disminuido, no cabe la menor duda de su enorme valor en el conjunto de la riqueza nacional, y sobre todo a niveles regionales. Es por ello, entre otros aspectos, por lo que el olivar ha venido pesando mucho en todas las políticas del sector de aceites comestibles en particular, en donde el olivar ocupa un lugar destacado a nivel regional. Desde siempre, y por otras razones que más adelante se mencionan, ha sido un sector de la agricultura muy complejo, con problemática diferente según las distintas épocas. En el olivar como en otros muchos problemas de la política agraria española, no se han tomado las medidas oportunas en el momento prec¡so, lo que ha conducido, en períodos posteriores, a situaciones más graves y, por tanto, de más difícil solución, como sucede en los últimos años, que la política de aceites tiene que corregir lamentables omisiones de quinquenios anteriores.Queremos recordar, en especial para los lectores alejados de la actividad agravia y también para las generaciones más jóvenes, preocupadas con la mejora y bienestar de la población campesina, algunos datos que sin duda pueden centrar bastantes ideas y que justifican la actual política de aceites comestibles.

Andalucía, patria del olivar

El olivar se cultiva en España en 37 provincias, pero su importancia se centra en las andaluzas, concretamente en Jaén, Córdoba y Sevilla, es decir, en el medio y bajo Guadalquivir, ocupando en las mismas una extensión de cerca de un millón de hectáreas, el 45% de todo el olivar español, pero produciendo más de dos terceras partes del aceite de oliva. Otra zona que tuvo cierto relieve por la excelente calidad de sus aceites fue la zona; de confluencia de las provincias de Lérida, Tarragona y Teruel, pero accidentes climatológicos han disminuido mucho su extensión.

La economía del olivar afecta a la economía andaluza, en donde se han planteado siempre problemas muy singulares, precisamente por la gran área de cultivo del olivar y las características especiales que ocasiona este monocultivo.

En las tres provincias más olivareras de Andalucía -Jaén, Córdoba y Sevilla- su riqueza era en 1965 el 45% de la riqueza agraria de las mismas en su conjunto y el 18% de la riqueza total, incluyendo agricultura, industria y servicios. No existe otro subsector que alcance semejante importancia absoluta y relativa, lo que explica la preocupación que siempre ha existido en esta región porque los poderes públicos defiendan adecuadamente al olivar.

Además, hay otros dos aspectos que hay que relacionar con las magnitudes anteriores: uno es la extensión territorial y la concentración de esta riqueza, y otro, el gran empleo que proporciona el olivar.

Existe una gran concentración de la riqueza olivarera. Tomando como gran explotación olivarera la que tiene más de cincuenta hectáreas de olivar, en Córdoba, el 8% de las explotaciones posee el 54% del olivar; en Sevilla, el 12% posee el 66% de olivar, en tanto que en Jaén el 3% posee el 38% del olivar, es decir, que existe un grupo social reducido, pero con un gran poder económico, que sin duda ha venido influyendo decisivamente en la política olivarera en el sentido de defender ésta y sobre todo en épocas pasadas, cuando esta riqueza relativamente era mucho más importante, y al ser Andalucía una región muy agraria, sin duda tenía un elevado peso específico en todas las cuestiones políticas de la región y una gran influencia en el Gobierno central.

Asimismo, aparece también un elevado número de pequeñas explotaciones que poseen pocos olivares. Este grupo, en Córdoba, posee el 70% de los propietarios, pero sólo el 15,4% de la superficie; en Sevilla, el 59% y el 10%, y en Jaén, el 81,6% y el 31%. Tiene un matiz singular, y es que toda la política de precios que afecta al aceite y a la aceituna en el fondo equivale a mantener o mejorar el nivel de salarios de estos modestos agricultores, aspecto este de la ocupación que tiene también mucha importancia en las grandes propiedades; de aquí que confluyan en el mismo sentido de defender y mejorar al sector olivarero tanto los grandes propietarios como los pequeños, así como los asalariados, que, sobre todo, encuentran en la época de recolección unos ingresos que, junto con los que pueden obtener de otros cultivos que proporcionan asimismo elevada ocupación durante el período de recolección, es lo que ha permitido que subsistiera antes de los años sesenta la enorme población agraria de Andalucía, pero que en períodos posteriores, como fueron los años después de 1960, cuando el desarrollo económico español y europeo produjo una fuerte emigración campesina, en Andalucía aparecieron problemas en los períodos de la recolección de la aceituna y otros productos típicos, como son la uva y el algodón, entre otros.

Quince jornales por hectárea

Para dar una idea de lo que suponen los ingresos que proporciona el olivar a la población asalariada, conviene recordar que sólo durante el período de su recolección vienen a dar de quince a dieciocho jornales, aproximadamente, por hectárea en secano y más de veinte en regadío. Si la superficie del olivar en estas provincias andaluzas ocupa más de un millón de hectáreas, en un año normal el número de jornadas de trabajo en la época de recolección supone una ocupación de quince a veinte millones de jornales, que al nivel que alcanzan los salarios son muchos miles de millones de pesetas que afluyen a los campesinos andaluces y que contribuyen en gran medida a mantener un nivel de ingresos que, junto don los que proporcionan otros cultivos que también emplean mucha mano de obra en épocas de recolección, son los que permiten que estas familias campesinas andaluzas tengan unos ingresos totales al año que les permite alcanzar un mínimo nivel de vida. Esta mano de obra en el cultivo del olivo y la recolección de la aceituna, poco mecanizable, es lo que obliga a mantener unos precios del aceite de oliva en un nivel que facilita la permanencia de los olivares, que en general dan rendimientos bajos de aceituna por hectárea.

No cabe duda que la política en la agricultura cambia en el tiempo según los condicionantes sociales, políticos y económicos que enmarcan el sector. Así, al comienzo delos años cincuenta, cuando ya se tenía conocimiento por la Administración agraria de que el comienzo del desarrollo español iniciado levemente en aquellos años y que se acelera en los años sesenta iba a tener, entre otras muchas consecuencias, un aumento elevado en la demanda de aceites vegetales que el olivar no podría atender puesto que la oferta de aceituna no permitiría cubrir ni la mitad de la demanda de aceite que se preveía al final de un período de quince a veinte años, en aquel entonces debería haberse iniciado una política de aceites vegetales muy distinta de la que se planteó. Realmente sólo se tomaron medidas coyunturales y no se abordó el problema en su conjunto hasta el año 1971, cuando la situación era ya distinta. Para completar la producción de aceite de oliva y mantener el mercado abastecido se comenzó ¡in portando algunos aceites a precio barato; se inició ¡mportando aceite de soja de una calidad ínfima y, más tarde, se importaron, además, además del aceite de soja ya de mejor calidad, aceites de semillas, en particular de girasol. Por aquel período se comienza, más por iniciativa privada que por una acción política, la promoción del cultivo del girasol, que pasó del área tradicional de Cuenca, para su consumo directo, a otras regiones españolas, cuando el agricultor se fue percatando de que este cultivo producía ingresos y beneficios superiores a otros cultivos tradicionales de secano, y cuando además, debido a la mecanización de la agricultura, se iban eliminando los barbechos y obteniéndose en los secanos dos cosechas anuales. Se plantea entonces la competitividad de los cultivos de las semillas oleaginosas con el olivar y que, de no haberse iniciado una política de ayuda al aceite de oliva, podría haberse perdido en gran parte la riqueza olivarera que tantos siglos había costado crear.

Ausencia de política en los años cincuenta

En los años cincuenta es cuando tenía que haberse planteado en serio la política de aceites comestibles en España, en lugar de prohibir arrancar olivares, inclusivo. en zonas marginales de bajo rendimiento, y mantener unas diferencias de precios grandes entre el aceite de oliva y el de semillas, lo que contribuyó a que el consumidor se orientase preferentemente hacia estos aceites de semillas, abandonando significativamente el consumo del aceite de oliva, con lo cuál al final de los años sesenta el problema del olivar era sumamente grave. Esta gran riqueza en Andalucía se encontraba en conflicto con los cultivos de semillas oleaginosas que se obtenían a un coste inferior y eran fácilmente mecanizables cuando el incremento de costes era más pequeño en los cultivos de semillas que en el olivar y, por tanto, la situación del olivar iba agravándose cada vez, más.

Sin embargo, a partir de 1971, cuando la situación ya era insostenible, se comenzaron a estudiar seriamente las soluciones de este problema de todo el sector de aceites vegetales y se establecieron políticas de reconversión y reestructuración del olivar que han dado resultados apreciables, política en la cual se viene insistiendo, utilizando instrumentos cada vez más ajustados a la realidad con el fin de eliminar, mediante ayudas adecuadas, a los olivares marginales, reconvirtiendo la orientación productiva de las comarcas olivareras de bajos rendimientos y estimulando las mejoras del olivar en las zonas de mayor productividad y de mejor calidad de aceites, como recoge el último acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de octubre de este año, en donde se mantiene la política de reestructuración del olivar mejorable, y por otra parte, la reconversión de comarcas olivareras deprimidas, política que, unida a la armonización de precios de los aceites de oliva y semillas, con el fin de no producir desviación excesiva en contra del consumo del aceite de oliva, está permitiendo reconducir esta gran riqueza olivarera, a una situación estable, aportando ingresos muy importantes a todas las regiones españolas en donde se produce bien aceite de oliva o aceites de semillas y dando tiempo a que el olivar ocupe una extensión ajustada a la realidad, lo que permitirá en el futuro una mayor competencia en cuanto a costes de cultivo del olivar y de semillas oleaginosas.

Toda esta política agraria y coherente, en lo que se refiere al sector aceites comestibles, que está llevando el Ministerio de Agricultura, cuenta con la política de comercio exterior que limita la importación de aceites comestibles.

La reconversión de los mejores olivares

Existe, por tanto, una política de aceites que defiende a la riqueza olivarera en sus justos términos, facilitando la reconversión de los mejores olivares, la transformación de los olivares marginales a otras actividades, fomenta asimismo el cultivo de semillas oleaginosas mediante una estudiada política de precios dentro de una libertad de comercio, manteniendo el mercado interior protegido frente a terceros. Esta política de comercio exterior debe estar perfectamente coordinada en la política de precios dentro de una libertad de comercio, manteniendo el mercado interior protegido frente a terceros. Esta política de comercio exterior debe estar perfectamente coordinada en la política de aceites nacionales, puesto que ambas políticas pretenden conservar la riqueza olivarera en su justa extensión, manteniendo un mercado libre suficientemente abastecido de aceites comestibles.