En una sociedad avanzada, el divorcio no puede ser un hecho patológico

La conveniencia de que el juez valore los informes del psicólogo y del asistente social al decidir a qué padre entrega la custodia de los hijos en caso de divorcio, fue especialmente subrayada por los participantes de una mesa redonda que se celebró el pasado jueves en Madrid, a iniciativa del centro Luria y la Fundación del Hogar del Empleado.

«A mí me resulta apremiante la necesidad de contar con estos asesores en la mayoría de los casos que juzgo», reconoció Román García, uno de los dos jueces de familia ponentes del coloquio. Junto a él se encontraban diversos profesionales afectados por el tema desde sus respectivas áreas: el también juez de familia Ignacio Sierra, los abogados matrimonialistas Ignacio Careaga y Jesús Rey, la asistente social Isabel Cerdeira, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, Ana María Pérez del Campo, dos psicólogos de Luria y un sociólogo del equipo Edis.Previamente, Carmen Serrat y Antonio García, ambos psicólogos, habían diseñado el papel del psicólogo ante los conflictos emocionales que sobrevienen a muchos divorciados tras su ruptura matrimonial, así como la incidencia de la misma en los hijos comunes. «La soledad, el cambio de imagen, las dificultades económicas y la sensación de fracaso generan situaciones de ansiedad e incluso actitudes de hostilidad hacia el otro cónyuge», señaló Carmen Serrat. «En estos casos, el terapeuta puede ayudar a resolver esos problemas con una serie de técnicas perfectamente estructuradas. Hasta hace poco era el consejero espiritual el que asumía la función del terapeuta, pero sin los planteamientos científicos de éste. En la actualidad, el psicólogo está en condiciones de prevenir conflictos de pareja entrenando a los cónyuges en un nuevo aprendizaje de habilidades de comunicación, sobre todo cuando la pareja no puede vivir junta y a la vez se sigue queriendo. Y cuando el divorcio ya es un hecho, puede potenciar la autonomía personal de los cónyuges y su decisión de divorciarse y adaptarse a nuevos hábitos de vida, así como favorecer actitudes de pacto y negociación respecto a los hijos que eviten hostigamientos innecesarios y chantajes emocionales». Por su parte, Antonio García enfatizó la necesidad de llegar a un acuerdo en el tema de la custodia de los hijos.

Procedimiento más civilizado

El matrimonialista Jesús Rey abonó los planteamientos de los psicólogos y aseguró que eran múltiples las situaciones en las que él echaba en falta a estos profesionales cuando se encontraba en su despacho «a cónyuges llenos de agresividad, incapaces de llegar a un acuerdo porque no se les ha educado en la tolerancia y en la objetividad, y cargados de subjetivismos celtibéricos y de una única obsesión por la propiedad de los hijos: "Que no me quiten a mis hijos" es la frase más empuñada por ambos».Frente a esta división truculenta, Ignacio Careaga discrepó de su colega y recordó que «algo ha cambiado la sociedad española respecto a la propiedad de los hijos y que incluso la propia separada es más propensa hoy a aceptar que los hijos puedan estar bien con el padre y tiene una mayor capacidad negociadora». En cuanto a las nuevas relaciones amorosas de los padres, que para Jesús Rey eran nuevas fuentes de disputas, al no querer algunos cónyuges que los hijos convivieran con el actual amante de su ex pareja, Ignacio Careaga expuso un punto de vista más optimista: «Cada vez es más natural la relación de los hijos con los ligues de sus padres y les aceptan o no en función de que les caigan bien o no, pero nunca por previos juicios de valor».

Ana María Pérez del Campo resaltó su satisfacción por la ley de Divorcio, «que, al ser un procedimiento más civilizado que los traumáticos procesos de separación que hemos padecido, va a evitar la manipulación de los hijos y va a favorecer la actitud conciliadora respecto a la custodia de los mismos. Años atrás había que demostrar que el otro cónyuge era muy malo para quedarse con los hijos, y ahora ya no es necesario. Ahora, afortunadamente, los hijos no se van a dar al más santo, sino al mejor educador». Comentó asimismo Ana María del Campo las noticias de Prensa en las que se hablaba de que eran pocas las demandas de divorcio presentadas, «como si hubiéramos estado luchando para nada, cuando no es así: las demandas de divorcio están llegando a los juzgados y yo calculo más de 10.000 en Madrid antes de finalizar el año; lo que ocurre es que mucha gente tiene miedo de revivir aquellos espantosos procesos de separación que ya padecieron en los tribunales eclesiásticos». Del mismo modo, reclamó la incorporación de los equipos asesores a los juzgados de familia, «retrasados por la dimisión de Fernández Ordóñez, que ya los tenía listos», y precisó que la asistente social, imparcial y objetivamente, puede visitar a los niños y estudiar la situación de cada cónyuge, «estableciendo a qué padre debe encomendarse la custodia de los hijos y qué pensión necesita el cónyuge necesitado ».

El juez Román García distinguió entre la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo, «que es un procedimiento breve, que a veces no supera los diez días, sobre todo si no hay hijos menores», y los procesos en que existen discrepancias, «lo que requiere, como mínimo, un plazo de tres meses». Más tarde explicó que la mayor parte de las demandas presentadas hasta ahora «alegan la causa de cese de la convivencia conyugal durante cinco años o de dos años libremente consentidos». Por último, los presentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de despatologizar el divorcio, «ya que es un hecho normal que la misma pareja tiene que aprender a manejar, aunque a veces requiera el apoyo de un técnico o psicólogo», según resumió Ignacio Careaga. Y, al mismo tiempo, se hizo hincapié en la cooperación de los dos cónyuges en la educación de sus hijos, aunque éstos estén encomendados a uno de ellos.