Resucita la "ley de los radicales" en la República Federal de Alemania
El tribunal federal de lo contencioso-administrativo falló en Berlín Oeste que el funcionario de Correos Hans Peter deberá ser despedido de su puesto de trabajo en la Administración pública por su militancia en el Partido Comunista alemán (DKP), de orientación prosoviética. Con gritos de "fuera, fuera" y "aquí se aplica justicia ideológica" se acogió el fallo del tribunal el pasado jueves en Berlín Oeste. El técnico de Correos Peter abandonó la sala del tribunal sin esperar la lectura de la fundamentación de la sentencia, y gritó: "Aquí no tengo nada que hacer ni se puede esperar justicia".Cuando parecía enterrada y olvidada, la llamada ley de los radicales resurge de sus cenizas con la sentencia del tribunal federal administrativo, que consideró incompatible la pertenencia al DKP con la fidelidad debida al Estado.
La ley de los radicales fue un acuerdo adoptado el 28 de febrero de 1972 por el entonces canciller socialdemócrata, Willy Brandt, y los presidentes de Gobierno de los Estados federales contra los extremistas en los servicios públicos.
En la República Federal de Alemania, donde muchos políticos repiten con autosatisfacción que "es el Estado más libre que ha existido jamás sobre territorio alemán", el técnico de Correos Hans Peter podría llegar a ser canciller federal, si gana las elecciones, pero no puede repartir cartas o reparar teléfonos.
La sentencia de Berlín dice que su militancia en el DKP, demostrada con su presentación a las elecciones municipales, es incompatible con la "fidelidad exigible a un funcionario del Estado", que debe distanciarse de los objetivos de un partido que no acepta las bases liberal-democráticas que son fundamento del Estado.
Las medidas represivas contra extremistas se aplicaron en la RFA casi exclusivamente contra personas de izquierda, y sólo en algún caso aislado contra militantes ultraderechistas o de partidos neonazis. La intención discriminatoria de la "ley de los radicales" se advierte en su mismo origen, el año 1972, como un intento de frenar la llegada a la Administración de los participantes en el movimiento estudiantil de finales de la década de los sesenta, y se formuló en medio de la histeria antiterrorista provocada por las actividades del grupo Baader-Meinhof.
El ex canciller Willy Brandt reconoció que la "ley de los radicales fue un error", pero sus consecuencias se advierten todavía hoy, según se desprende de la sentencia, que puede servir de precedente para una limpieza de la Administración de presuntos extremistas.
En la RFA, el DKP se asemeja a un grupúsculo, con sólo un 0,2% (71.600 votantes) en las últimas elecciones federales y unos 50.000 afiliados. En opinión de los legisladores y de los jueces, esto constituye un peligro para el fundamento del Estado. La presencia en la administración de justicia de muchos jueces que ejercieron su oficio y aplicaron sin escrúpulos las leyes hitlerianas durante el nazismo nunca se consideró peligrosa.
