Los corresponsales extranjeros rechazan la "ley Fraga" como requisito para su acreditación

La Secretaría de Estado para la Información ha roto la práctica habitual para la renovación del carné acreditativo que concedía automáticamente, previo télex de la publicación de origen, garantizando la relación laboral del solicitante la renovación. La Secretaria de Estado ha desempolvado un decreto firmado por Fraga y Franco en 1966, que complica considerablemente las circunstancias de renovación.La directiva de la Asociación de Corresponsales de Prensa (ACPE) ha recomendado a sus miembros que no soliciten de momento la renovación del carné acreditativo, pese a que el plazo expira el 15 de noviembre. Los argumentos aducidos por la ACPE para esta negativa son varios: que el decreto invocado, fundamentado en la ley Fraga de 1966, ha sido reciente mente dado por caduco por el Ministerio de Cultura, y que es la primera vez, desde 1976, que se invoca para las acreditaciones un decreto como ése, que nunca fue aplicado totalmente.

Los corresponsales extranjeros no ocultan su malestar por la comunicación de la Secretaría de Estado para la Información, cuya lista de exigencias no podrá ser cumplimentada por más de un auténtico corresponsal, lo que consecuentemente pondría en peligro su permiso de residencia en España. Entre los requisitos exigidos se enumeran algunos, como una carta de la dirección en la publicación en que se trabaja, donde conste que la persona trabaja para ese medio, pruebas del trabajo efectuado en los tres últimos meses; un certificado de la empresa donde conste que el corresponsal gana lo mismo que un redactor jefe o un mínimo de mil dólares (unas 100.000 pesetas) mensuales.

Miembros de la directiva de la ACPE están convencidos de que la intención de la Administración española no es la de imposibilitar la acreditación de auténticos corresponsales, pero esas medias sí tendrían ese efecto en algunos casos.

Estas reflexiones se las han hecho llegar a Ignacio Aguirre, en una reunión informal, donde la Secretaría de Estado les hizo saber su firme propósito de poner en vigor la susodicha ley.

La ACPE espera la presencia en Madrid de su presidente, Tito Drago, para convocar una asamblea que fije la postura definitiva. Por el momento, los corresponsales extranjeros están divididos entre quienes se niegan a someterse a una ley que consideran «regresiva para la política informativa española» y los que reconocen a la Administración el derecho a precisar las condiciones de acreditación para regularizar algunas situaciones que se puedan dar. Lo que, sin embargo, estiman improcedente es el procedimiento y la determinación de algunos requisitos exigidos.

Un portavoz de la Secretaría de Estado para la Información no ha ocultado el enfado producido por la reacción de la ACPE, al tiempo que declaraba: «No se trata de pensar que bajo el título de corresponsales nos meten a personas de la KGB o de la CIA, sino que hay auténticos golfos, que ni escriben ni hacen periodismo». Un portavoz de la ACPE manifestaba la esperanza de que la Administración fuera flexible en el uso del decreto, pero no descartaba que se diera una confrontación, con el consiguiente riesgo de expulsión de periodistas, si la Administración decidía aplicar al pie de la letra el decreto fraguista.