Problemas para la permanencia de Rafael Escuredo al frente de la Junta de Andalucía

Cuando prácticamente no se había terminado aún el recuento de votos del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía, puede decirse que los partidos políticos iniciaron ya una pacifica guerra de posiciones ante la próxima cita de Andalucía con las urnas: las elecciones al Parlamento regional, que se celebrarán en la primavera próxima. El futuro de Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, aparece como la primera incógnita de la vida política andaluza a despejar antes de que comience formalmente la carrera electoral.

De hecho, la campaña para el referéndum, realizada por algunos partidos, presentaba una clara orientación hacia el futuro electoral, y consideraba la aprobación del Estatuto casi como un trámite obligado para el siguiente paso. En plena campaña, el Partido Socialista de Andalucía lanzaba el nombre de su candidato a presidente de la Junta en el régimen autonómico. Luis Uruñuela, alcalde de Sevilla, será el aspirante nacionalista a la sucesión de Escuredo.Desde el punto de vista legal, el proceso autonómico andaluz ha entrado ya en su última fase. Una vez que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado los resultados definitivos del referéndum, lo que puede preverse para el mes de diciembre, el Gobierno dispone de un plazo máximo de tres meses para convocar las elecciones al Parlamento regional y, a partir de la convocatoria, otros dos meses para la celebración de los comicios. La primavera será, pues, tiempo obligado de elecciones en Andalucía.

La verdad es que todos los partidos se juegan mucho en estas elecciones. De forma muy esquemática y sin entrar en las consecuencias que estos comicios tendrán, inevitablemente, en el panorama político nacional, es obvio que el PSOE pretende gobernar eficazmente la primera comunidad autónoma en que puede ser el partido mayoritario y desmentir en la práctica a quienes, desde posiciones nacionalistas, estiman que sus pactos autonómicos con el Gobierno recortan el autogobierno andaluz. Para UCD, es esencial comprobar si sus impresiones de recuperación en esta región, después del descalabro del 28-F, son algo más que la confusión de los deseos de sus líderes con la realidad. El PCE tratará de ratificar su tradicional implantación en Andalucía y replicar con resultados favorables en las urnas a los que le vaticinan un proceso de descomposición, originado por sus polémicas internas y su problema de identidad. Para terminar, el PSA necesita urgentemente recuperarse de su fuerte desgaste durante los últimos doce meses y Unidad Andaluza (UA) demostrar si de verdad hay espacio político para una derecha nacionalista.

Pero, previamente, tendrá que quedar resuelto el caso Escuredo. Es conocido ya el enfrentamiento de Escuredo, militante de base del PSOE, con el secretario regional de este partido, José Rodríguez de la Borbolla y, en general, con el aparato socialista andaluz, un enfrentamiento que procede del pasado, de la época de la clandestinidad, y que tiene componentes muy heterogéneos, desde una distinta concepción de la autonomía y el andalucismo hasta, incluso, la diferencia de temperamentos y actitudes vitales entre ambos líderes. La última manifestación de este conflicto, anecdótica pero significativa, fue con motivo de unas declaraciones de Rodríguez de la Borbolla sobre la elección de delegados sevillanos al congreso federal del PSOE, en las que, después de nombrar a algún alcalde de pueblo, se olvidó de citar a Rafael Escuredo -máximo cargo público del PSOE en la región- entre los elegidos por la base. Más aún, la propia esposa de Escuredo, Ana Ruiz-Tagle, ni siquiera salió como delegada, a pesar de su cargo de parlamentaria y de ser ex secretaria provincial del partido. «La fuerza de cada uno dentro del partido la conceden los votos de los militantes», se limitó a comentar a EL PAIS un destacado dirigente del PSOE andaluz.

Las contradicciones que provoca esta situación son, en todo caso, palmarias. La dirección regional del PSOE no quiere prescindir del capital político que supone la indudable popularidad de Escuredo de cara a las elecciones al Parlamento andaluz, pero, a la vez, no está dispuesta, aparentemente, a ceder a éste las parcelas de poder dentro del partido que él exigirá en el congreso regional como condición para presentar su candidatura. En la madrugada de ayer, Escuredo eludía responder a una pregunta sobre este tema, y señalaba: «Yo no tengo ambiciones de futuro, pero no me parece adecuado adelantar ahora acontecimientos sobre este asunto».

El capitán general tuvo problemas

Es de destacar la necesidad compartida por todas las organizaciones políticas de que el censo electoral de Andalucía se revise con urgencia, ya que el actual -es el mismo que se utilizó en el referéndum de febrero de 1980- aparece inflado en un porcentaje próximo al 12%. A ello hay que unir la aparición de diversas anomalías que han impedido votar a muchos jóvenes que han cumplido los dieciocho años en los últimos meses y a otros ciudadanos que, de pronto, han desaparecido de las copias del censo existentes en sus colegios electorales habituales. Este último ha sido el caso del capitán general de la II Región Militar, Manuel Saavedra, que no pudo votar en su mesa electoral de siempre.Con respecto a las valoraciones sobre los resultados de la jornada del martes, los partidos se muestran prácticamente unánimes en hacer un balance positivo de la participación ciudadana y del voto afirmativo, aunque los nacionalistas del PSA y UA matizan que la elevada abstención puede ser debida al desacuerdo de parte del electorado con los pactos autonómicos firmados por los partidos mayoritarios. Por su parte, el consejo permanente de la Junta de Andalucía, reunido ayer, aprobó una resolución en la que se recuerda que para hacer realidad su iniciativa autonómica «Andalucía ha recorrido un difícil y largo camino».

El consejo estimó suficiente el apoyo popular otorgado al Estatuto de Autonomía -cifrado en más de dos millones de votos-, a pesar de las deficiencias técnicas del censo subrayadas más arriba, lo que convierte al Estatuto en un «medio idóneo para regular la convivencia política y social de los andaluces y un instrumento adecuado para alcanzar los objetivos en él definidos». Finalmente, los consejeros estimaron que «andalucía queda equiparada a las llamadas comunidades históricas».