El pueblo almeriense de Carboneras continúa en huelga general

Viene de la página primera

La situación en Carboneras es de paro total. Además de la empresa afectada, también se han sumado al paro los más de 150 trabajadores de Hornos Ibéricos, y se encuentran cerrados todos los bares, talleres y comercios particulares. Sólo han abierto dos horas los establecimientos dedicados a la alimentación, para que las familias pudiesen adquirir provisiones. El ambiente en la calle es de crispación, aunque no se produjeron incidentes. Por el contrario, el miércoles por la tarde tuvo lugar una manifestación que fue disuelta por la Guardia Civil, y en la que resultaron heridas cinco personas.

De acuerdo con informaciones de fuentes laborales, los cinco trabajadores fueron despedidos por negarse a trabajar horas extraordinarias. Según estas mismas fuentes, hasta ahora el número de horas extraordinarias al mes oscila de cuarenta a sesenta por trabajador; por el contrario, la empresa manifiesta que los despidos se han llevado a cabo por incumplir los trabajadores, afectados diversos aspectos exigidos en la normativa laboral, y que se concreta en la comisión de amenazas y presiones a otros trabajadores para que no aumenten el tiempo de su jornada.

Según han informado a este periódico los cinco trabajadores despedidos, el conflicto se inicia a mediados de julio, cuando la empresa plantea la realización de horas extraordinarias a partir de las seis de la tarde, que es cuando finaliza la jornada laboral, que es de 43 horas semanales. "No estábamos de acuerdo con trabajar estas horas extras", manifiestan los despedidos, "porque esto supone la no creación de nuevos puestos de trabajo, pero aceptamos en un principio".

No a las horas extras

El malestar entre los trabajadores se agudiza a medida que pasa el tiempo, y el lunes día 5 de octubre deciden negarse a realizar más horas extras; tres días más tarde, el jueves, Antonio Vicente Soto, peón ordinario, sus hermanos José y Matías -oficiales primeros encofradores-, lo mismo que Blas Belmonte Hernández y Manuel Soto Belmonte, todos ellos vecinos de Carboneras, reciben un escrito en el que se les comunica que han sido despedidos. Al día siguiente, los cinco se presentan en la empresa para comenzar su jornada de trabajo, pero no fueron admitidos; ante esta actitud se solidarizaron con ellos unos treinta trabajadores y numerosos vecinos, que esa misma tarde se concentraron en el pueblo.

Ante esta situación, el martes pasado se celebró una reunión en los locales de la empresa, en la que participaron la parte empresarial y la Corporación municipal con el alcalde al frente. Según los trabajadores, en esa reunión se llegó a un acuerdo por el que la empresa se avenía a admitir a los trabajadores. Tras elaborar un borrador del acuerdo, los representantes municipales se trasladaron a la casa consistorial para que fuese firmado por los despedidos. Sin embargo, según los trabajadores, la empresa se niega a ratificar el acuerdo, tras haber sido suscrito por los trabajadores. Esta contradicción motiva una convocatoria de huelga para el día siguiente; el llamamiento es asumido por todos los obreros que participan en la construcción de la central térmica, y el miércoles por la mañana se concentran en la entrada de la obra y se niegan a trabajar.

A partir de ese momento se van sumando al grupo de concentrados numerosos vecinos, y a lo largo de la jornada se mantiene una larga reunión entre las partes implicadas, la Corporación municipal, la Inspección de Trabajo y un representante de CC OO. Al final de la reunión no se consigue llegar a ningún acuerdo, y sobre las seis de la tarde se inicia una manifestación de todos los concentrados hasta el pueblo. Cuando se llevaba recorrida la mitad de la distancia que separa el lugar en que se están realizando las obras y el casco urbano, fuerzas de la Guardia Civil intervinieron para disolver la manifestación, utilizando abundante material antidisturbio. Después de esta intervención -que fue calificada de brutal por los inanifestantes-, cinco personas resultaron con contusiones de diferente consideración.

El gabinete de Prensa del Gobierno Civil de Almería manifestaba en la noche del miércoles que la intervención de la Guardia Civil se había producido para disolver una manifestación ilegal cuando un grupo de manifestantes había cortado el tráfico en la carretera que va de Carboneras a Agua Amarga.

Por su parte, la empresa tenía el propósito de distribuir entre los trabajadores una carta en la que explican los hechos y en la que se afirma que los despidos se han llevado a cabo "por la comisión reiterada de faltas muy graves, como es la ofensa, amenaza e intimidación a otros trabajadores". "Con esta actuación", continúa la nota, "la empresa ha ejercido el derecho sancionador que la legislación vigente le confiere, actuación contra la que se puede recurrir en caso de desacuerdo, por los medios que la citada legislación prevé".

Por último, la carta alude a la voluntad negociadora de la empresa y considera que no ha sido posible llegar a una solución por la inflexibilidad demostrada por la representación de los cinco trabajadores despedidos.