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Tribuna:

La contribución urbana y la financiación de los municipios

El pasado 16 de septiembre comenzó el período de pago voluntario de la contribución territorial urbana (CTU).en la provincia de Madrid. Quizás sea usted uno de los madrileños que está soportando o va a tener que soportar, este ano como los anteriores, las molestias de largas horas de cola para satisfacer sus obligaciones fiscales. Quizá sea también usted uno de los que, a pesar de su voluntad y. del tiempo invertido en ello, no consiga pagar sus impuestos por culpa de una deficiente organización en el servicio recaudatorio.En efecto, las oficinas recaudatorias, que gestiona la Diputación Provincial de Madrid, ejerciendo una concesión de la contribución territorial urbana, ofrecen estos días el. lamentable espectáculo de cientos de ciudadanos esperando pacientemente para pagar un recibo que, en muchos casos, no va a existir o va a contener tales errores de edición que hará imposible el cobrarlo.

Esta anómala situación y la amplia repercusión que tiene sobre la población de la provincia y la importancia de este tributo en los ingresos de los ayuntamientos merecen un amplio comentario que sirva de crítica constructiva a la actual situación.

Como consecuencia de la reforma fiscal iniciada en nuestro país hace tres años, la contribución territorial urbana pasó de tener carácter estatal a transformarse en tributo local, aunque de hecho su gestión e inspección a los ayuntamientos a través de los consorcios, entidades estas en las que participan representantes de la Administración local en su órgano directivo, y que hasta el momento no han dado pruebas del necesario dinamismo para hacer frente a las dimensiones del problema.

En la actual situación, a la incomodidad que supone para el contribuyente el abono de los recibos anuales, con la hasta ahora inevitable formación de largas colas, desagradables de por sí, pero particularmente odiosas cuando quien espera ha de desprenderse de dinero metálico a favor del fisco, se une el agravio comparativo de la existencia de otros contribuyentes que no satisfacen esta obligación por el simple hecho de no Figurar en los listados de la Hacienda pública, como se desprende del análisis de las cifras relativas a 1980 en la provincia de Madrid, excluida la capital.

4.000 millones de pesetas en recibos impagados

Los ayuntamientos de la provincia presupuestaron para ese año unos ingresos por este impuesto de 1.720 millones de pesetas (el 15% del total de los ingresos presupuestados). Pues bien, frente a esta cifra, los recibos emitidos por Hacienda sumaron algo más de 2.000 millones de pesetas, aunque la recaudación en período voluntario sólo alcanzó escasamente los 1.200 millones de pesetas. Si sumamos a esta última cifra la recaudación fuera de plazo, cifrada aproximadamente en 120 millones de pesetas, los municipios de la provincia han recibido por este impuesto en el ejercicio de, 1980 casi setecientos millones de pesetas menos de los recibos emitidos. Además de esta gran diferencia entre recibos emitidos y cobrados, hay que considerar la notable diferencia entre recibos emitidos y los que se podrían emitir si los catastros estuvieran actualizados. El censo de locales realizado por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 1980 arrojaba una cifra total de viviendas y locales comerciales en la provincia de 669.774, mientras que el número de recibos que emitió Hacienda en ese año relativos a la contribución de 1980 fue de sólo 513.266. Haciendo abstracción de los solares, que también pagan contribución urbana, y de los edificios exentos por su carácter público, existen 150.000 viviendas y locales que no están pagando este impuesto. Sumando a este hecho la baja relación de recibos emitidos a recibos cobrados, se concluye que los ayuntamientos de la provincia de Madrid han ingresado por éste impuesto sólo el 46% de lo que podrían haber recibido, es decir, 1.290 millones de pesetas de menos.

La situación es mucho más preocupante si se analizan retrospectivamente los efectos acumulados en años anteriores: en este momento, la Diputación Provincial de Madrid almacén a en los sótanos de sus oficinas recaudatorias más de 4.000 millones de pesetas. en recibos impagados, por no poder identificar el contribuyente contra el que se giraron. Compárese la cifra con los 5.000 de inversión en municipios que la Diputación de Madrid pretende desarrollar en 1981; llegando al máximo de sus posibilidades financieras para tomar conciencia de la magnitud de la catástrofe.

Tampoco son responsables. los ayuntamientos. Estos no han tenido nunca responsabilidad ni competencia alguna en la gestión de la que tenía que ser su fuente básica de financiación por tanto, han considerado a la contribución urbana como un concepto tributario ajeno, por el que recibían, tarde y mal, unas transferencias cuya cuantía les era imposible controlar por parte de la Administración central. Por ello, en vez de generar. unos recursos estables y permanentes, los ayuntamientos se financiaron de forma coyuntural, y transitoria con las licencias de obras generadas por el boom de la construcción de los años setenta. La actual depresión económica ha acabado con este maná y ha puesto de manifiesto la transitoriedad de un sistema de financiación y la falta de recursos estables con los que hacer frente a las necesidades permanentes de los municipios.

La razón fundamental de la catástrofe que representa la contribución urbana, cuya gestión constituye un verdadero asesinato fiscal de los municipios, hay que buscarla en el poco rigor seguido en la confección y actualización del los catastros y en la avalancha de recursos, altas, cambios de titularidad, etcétera que la Hacienda central no ha resuelto en plazos razonables, ni le ha dedicado recursos suficientes para evitar la acumulación de expedientes cuya demora supone un alto coste para las Haciendas locales. Por su naturaleza de recurso cedido, ningún ministro de Hacienda se preocupó por la capacidad recaudatoria efectiva de este impuesto, pero tampoco cedió las competencias por las que los directamente afectados por el mismo, los municipios, pudieran asumir responsabilidades directas sobre el mismo. Con este juego de perro del hortelano la casa se ha quedado sin barrer; los sótanos, llenos de recibos incobrables; las arcas municipales, vacías, y los vecinos, sin servicios. La tímida reforma que significó la creación de los consorcios de gestión de la contribución urbana, en junio. de 1979, no ha generado las acciones necesarias para solucionar el problema heredado.

Los mecanismos recaudatorios son también antediluvianos. Los servicios recaudatorios de la Diputación. Provincial de Madrid se ven obligados a manipular manualmente más de un millón de recibos al año, sin ningún soporte informático que permita hacerlo de una forma eficiente y organizada, condenando a un ejército de cuatrocientos recaudadores a contar y recontar una información desagregada que debería ser sustituida por bases de datos y sistemas modernos de tratamiento de la información como los que hoy la teleinformática pone al alcance de cualquier empresa que desee estar a la altura de la tarea y sobre quien no pesen los anquilosados y troglodíticos reglamentos que regulan hoy la función recaudatoria.

Los bajísimos porcentajes de cobro en régimen ejecutivo (12%) demuestran claramente la ineficacia de la función recaudatoria e incentivan al contribuyente a no cumplir con sus obligaciones fiscales cuando se le requiere para que lo haga de forma voluntaria. La dispersión entre órganos recaudatorios distintos (estatales, provinciales y municipales) y la proliferación de recibos distintos para numerosos conceptos tributarios, asociados a la propiedad urbana (basura, alcantarillado, publicidad, salientes, etcétera), producen a la vez molestias al contribuyen te, insuficiencias de recursos a las Haciendas locales y costes de gestión mayores que los ingresos.

El cuadro que se presenta en este comentario resume de forma clara lo hasta aquí expuesto. Las dos últimas columnas son especialmente ilustrativas de la anómala situación en la que se encuentra este tributo. En efecto, no hay razón, en principio, para que Hacienda no cargue las cantidades que correspondan a todos aquellos que están sujetos al impuesto: las cifras de la penúltima columna deberían ser todas sensiblemente iguales a cien.

Actualización de los catastros

Asimismo, relacionando las cantidades recaudadas por Hacienda en la realidad con las que podría recaudar si extendiera (y cobrara) recibos a la totalidad de los sujetos al impuesto, se obtiene la última columna, que, en situación óptima, debería ser próxima a cien en todas las zonas.

La primera conclusión que se desprende de este breve análisis es que cualquier intento de racionalizar la gestión de este impuesto pasa por una urgente actualización de los catastros, que traería como consecuencia inmediata una mayor justicia tributaria, dado que pagarían todos los contribuyentes que deben hacerlo, evitándose la situación actual en la que los mayores niveles de recaudación se consiguen a través de revisiones en el BOE de los valores catastrales. De esta forma se lograría incrementar la financiación de los ayuntamientos y, en consecuencia, su autonomía y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

José Borrell Fontelles (PSOE) es diputado delegado de Economía y Hacienda de la Diputación Provincial de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de octubre de 1981

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