Sobreseída la causa contra cuatro militares supuestamente implicados en la intentona del 23 de junio

El capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, ha decretado, de acuerdo con el dictamen del general auditor, Julio Hernández Gala, el sobreseimiento provisional de la causa 211/81 que se seguía contra los coroneles de Infantería,¡cardo Garchitorena Salba; de Ingenieros, Antonio Sicre Canut, y los comandantes de Infantería, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, y de Artillería, Jesús Campos Pérez, como presuntos implicados en una operación golpista, la víspera de la onomástica del Rey.

La citada causa, instruida a partir del 23 de junio por presunto delito de conspiración para la rebelión militar, ha sido sobreseída provisionalmente, según adelantaba ayer, en rigurosa exclusiva, el diario El Alcázar, órgano de la Confederación de Combatientes, que preside el ultraderechista Girón de Velasco. La medida se toma de conformidad con el párrafo primero del artículo 723 del Código de Justicia Militar a tenor del cual «procederá el sobreseímiento provisional cuando no resulte debidamente comprobada la perpetración del delito perseguido».Los tres primeros militares fueron detenidos el 23 de junio pasado e ingresados en prisión preventiva al día siguiente. El cuarto, comandante Campos, fue arrestado el día 25.

También el 23 de junio fueron detenidos, en relación con la misma operación golpista, los civiles Luis Sicre Canut, hermano del coronel Sicre; María Concepción Villagrasa, funcionaria de la Presidencia del Gobierno, y María Paz Pérez Nieto. Al día siguiente prosiguieron las detenciones, que esta vez afectaron a los civiles Manuel Blanco, Juan José Sánchez Atienza, José Luis Hernández Torreblanca y Conrado García Serrano, y a los hermanos Jesús y Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijos del comandante. Fue designado juez especial del caso Balbino Teijeiro Piñón.

La supuesta operación golpista del 23 de junio, al cumplirse los cuatro meses del tejerazo, fue descubierta por las revelaciones que hizo el comisario jefe de Getafe, Pedro Igleslas, que había recibido confidencias de varios ofíciales sobre la operación desestabilizadora que se proponían llevar a cabo. Las especulaciones de aquellos días mencionaban que el propósito era perturbar la fiesta de la onomástica del Rey y la recepción convocada en los jardines del palacio Real. Además, se supo que el coronel Sicre había tenido a su cargo las comunicaciones del palacio de la Mpricloa, en cuyo gabinete telegráfico trabajaba Concepción Villagrasa.

Declara el comisario

El comisario Iglesias, llamado a declarar por el juez militar, se mostró visiblemente afectado y no corroboró las afirmaciones que había formulado ante sus superiores civiles. En esta situación, la autoridad judicial militar acordó la puesta en libertad de Garchitorena, Sicre e Ynestrillas, el 27 de aquel mismo mes de junio. El comandante Campos fue puesto en libertad en la madrugada del día 29.

Ataques a Interior

El Ministerio del Interior, convencido de la fiabilidad de sus pruebas, tuvo una reacción fulminante. Cesó al comisario jefe de Getafe, incapaz de ratificar su primera declaración, y decidió aplicar la prórroga de la detención, prevista en la llamada ley Antiterrorista, al comandante Sáenz de Ynestrillas, que pasó así a disposición de la Audiencia Nacional. Fue puesto en libertad dentro del plazo por la Audiencia.

Las respuestas a esta intervención ministerial en algunos medios castrenses cercanos a los golpistas fueron de extrema dureza contra el titular de la cartera de Interior, acusado de transgredir el fuero militar. El comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas había sido anteriormente juzgado por su implicación en la operación Galaxia, dirigida por el teniente coronel Tejero. En los resultados de hechos probados de la sentencia que falló aquel caso se reconocía que ambos jefes pretendían apoderarse en un golpe de mano del palacio de la Moncloa para secuestrar al Gobierno de la nación.

En abierto contraste con esos «hechos probados», el teniente general Vega, presidente entonces el Consejo Supremo de Justicia Militar, se permitió pronunciarse antes del veredicto judicial en una entrevista publicada en el diario Ya, donde reducía la operación Galaxia a conversaciones de café. La sentencia, que dejó atónita a la opinión pública, condenó a los encartados a penas mínimas de seis meses. El capitán general de la I Región disintió de la sentencia, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó las actuaciones del consejo de guerra.

Fuentes jurídicas precisaron a EL PAIS que el sobreseímiento decretado ahora en favor de Garchitorena, Sicre, Ynestrillas y Campos tiene carácter provisional y que, a tenor del artículo 718 del Código Marcial, este carácter provisional «permite abrir de nuevo las actuaciones, siempre que aparezcan méritos para ello». El fiscal de la causa y el propio capitán general podrían, si así fuera, reabrir su instrucción.

La causa sigue en la Audiencia

Además, los mismos hechos de la supuesta operación golpista del 23 de junio dieron origen a la incoación de una causa penal por el juzgado de la Audiencia Nacional, donde su tramitación prosigue. Sin embargo, se estima que para prosperar sería necesario la aportación de pruebas que aún la policía no ha sido capaz de poner en manos de los jueces.

Estos pronunciamientos de la jurisdicción castrense han sido valorados por medios jurídicos, que referían ayer a EL PAIS la situación del comandante Santiago Perinat, arrestado en el Regimiento de Artillería de Campaña (RACA, número 13) de Getafe, en cumplimiento de arresto de cinco meses que le ha sido impuesto por firmar un artículo, en enero de 1980 en defensa del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), donde llamaba la atención sobre algunos incumplimientos de determinados facultativos.