Fianza de dos millones de pesetas a un extranjero para continuar una querella

El investigador norteamericano Fritz Cramer, casado con la española Carmen Díez, ha recurrido contra la decisión del Juzgado número 2 de León, que le exige, por su condición de extranjero, una fianza de dos millones de pesetas para continuar su querella criminal contra el ex presidente de. la Caja de Ahorros de León Emilio Hurtado, con el que tuvo diversos enfrentamientos con motivo del descubrimiento de un yacimiento de uranio en la zona sur de Ia cordillera Cantábrica (véase EL PAÍS de 23-9-198 l).Cramer aseguró en Oviedo carecer de semejante cantidad, por lo que su derecho a seguir la querella, caso de no reformada la decisión judicial, resultaría imposible y entrañaría un vicio, anticonstitucional. Añade por otra parte que, dada la condición de española de su esposa, no se le debe exigir caución alguna y que, por el principio de reciprocidad basado en la Constitución de Estados Unidos y en acuerdos bilaterales y multilaterales, no cabe este tipo de obstáculos para continuar el pleito. Alega también que es un absurdo en el que debería entrar en su día el Tribunal Constitucional, según algunos juristas, el hecho de que a un ciudadano norteamericano se le plantee esta exigencia, y que, en caso de fallecer, su esposa pueda mantener la querella sin precisar fianza alguna.

Fritz Cramer acaba de solicitar del juez que la exigencia de fianza sea trasladada a Emilio Hurtado, al que considera su ofensor. El investigador norteamericano y su esposa han presentado una querélla criminal contra Emilio Hurtado por las declaraciones de éste a la Prensa leonesa, en las que calificaba de «puro sensacionalismo » los descubrimientos de uranio radiactivo y dirigía ataques personales a este matrimonio que trabajaba en un instituto de investigación, dependiente de la Caja de Ahorros de León, cuando descubrió la existencia de reservas de uranio, de las que informó confidencialmente al ex presidente Suárez y a otras autoridades. Los Cramer piden para el acusado el ingreso en prisión y doce millones de pesetas de indemnización, cantidad que dedicarían a recuperar, en beneficio.del pueblo de León, las reservas de uranio de la comarca.