Segovia y la LOAPA

LOS ACUERDOS entre el Gobierno de UCD y el PSOE pare reconducir el proceso autonómico fueron elogiados por sus autores como un acontecimiento que trascendía las fronteras de la política partidista para instalarse en los ámbitos de las grandes decisiones de Estado. Esos nuevos pactos de la Moncloa se distinguieron por reducirse a un mano a mano o a un dúo entre el Gobierno y el PSOE. La instituciones autonómicas de Cataluña y el País Vasco o los partidos -Convergencia y PNV- que apoyan a sus Gobiernos monocolores no fueron invitados, de manera sincera y convincente, a participar en las negociacioes en la cumbre. Mayor humillación recibieron los dirigentes de Alianza Popular y del PCE, expulsados de las reuniones en vísperas de la firma de los acuerdos por atreverse a discrepar de aspectos parciales de su contenido.- Los pactos entre el Gobierno de UCD y el PSOE no se circunscribieron a establecer unas líneas programáticas generales, sino que se tradujeron en un bosquejo de ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, condenada, como venganza " del destino, a ser conocida por sus siglas. La LOAPA es un extraño híbrido entre dos proyectos de ley, vía mediante la que se expresa la iniciativa legislativa del Gobierno, y las proposiciones de ley, habitualmente presentadas por la oposición parlamentaria. Nacida fuera de las Cortes Generales y apadrinada por dirigentes que controlan una abrumadora mayoría de ambas Cámaras, todo hacía suponer que en su camino parlamentario no encontraría más espinas que las protestas de los grupos minoritarios.

La LOAPA parece perseguir, sobre todo, dos objetivos, uno discretamente encubierto y otro abiertamente declarado. El primero sería aclarar las ambigüedades y reducir las holguras de los estatutos de Sau y de Guernica, propósito inimaginable, en términos prácticos, sin la activa participación de catalanes y vascos. El temor a que unos pactos histórico-político-cónstitucionales de la envergadura de los estatutos de Cataluña y del País Vasco, aprobados por abrumadora mayoría- en las Cortes Generales y refrendados en las urnas, pudieran ser alterados unilateralmente por UCD y por el PSOE hunde sus raíces en la marginación de la que fueron objeto Pujol y, Garaikoetxea, o Convergencia y el PNV, en las negociaciones que engendraron la LOAPA. Las posteriores entrevistas del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalidad y con el presidente del Ejecutivo de Vitoria no han desvanecido por completo esas sospechas, pero han abierto, cuando menos, un cierto horizonte de esperanza. Porque la modificación por la LOAPA de los regímenes autonómicos ya existentes con el argumento de que UCD y el PSOE tienen la mayoría en las Cortes Generales constituiría un abuso político y jurídico que conculcaría el espíritu y la letra del ordenamiento constitucional, que prevé los mecanismos de reforma de los estatutos dentro del ámbito autonómico, y ese principio básico de un sistema pluralista Y democrático que es la garantía de los derechos de las minorías.Pero la LOAPA perseguía además el objetivo, diáfano y explícito, de acabar de una vez por todas con el embrollo autonómico causado o potenciado por el jugueteo con los agravios comparativos y las emociones regionalistas de centristas y socialistas. Ni que decir tiene que ese acuerdo cobra sentido tan sólo en aquellos territorios en los que UCD y PSOE representan a la mayoría de los electores, los cuales, de otro lado, tendrán ocasión de manifestar en próximas votaciones futuras sus opiniones al respecto. Dado que, excepto en los casos de Cataluña y el País Vasco, las elecciones de 1979 dieron a la estima de centristas y socialistas una holgada mayoría en toda España, esos dos partidos tienen legitimidad suficiente para concertar sus estrategias autonómicas. Para sorpresa de todos, sin embargo, sectores de la UCD segoviana, y tal vez también del PSOE, han torpedeado el cumplimiento de los pactos autonómicos antes de su plasmación legal, y han conseguido que Segovia, en vez de incorporarse a la comunidad autónoma de León-Castilla la Vieja, opte por la autonomía uniprovincial, vía reservada exclusivamente dentro de la Península, según los acuerdos entre UCD y PSOE, para Cantabria, la Rioja, Asturias y Murcia. Los adversarios de Castilla-León han ganado por un margen mínimo, pero han cumplimentado los requisitos que les permiten ejercer la iniciativa autonómica sólo para Segovia.

Los constituyentes reservaron la autonomía uniprovincial a las provincias con entidad regional histórica" y adoptaron la cautela, expresada en el artículo 144, de que las Cortes Generales autoricen la constitución de una comunidad autónoma "cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia" y no posea "entidad regional histórica". Cabe imaginar que la próxima batalla retórica y arqueológica enfrentará a quienes nieguen "entidad regional histórica" a Segovia, en cuyo caso deberían intervenir las Cortes Generales, y quienes se la reconozcan, lo que la homologaría con Cantabria y Asturias.

El mapa autonómico fue dibujado por el arbitrismo claverista desde su Ministerio preautonómico, pero no quedó incorporado a la Constitución, única fórmula que hubiera podido impedir el posterior desconcierto,' ilustrado ahora por el independentismo segoviano. Para aumentar el barullo, el Gobierno y UCD, empeñados en potenciar el papel y las funciones de las provincias y de las diputaciones frente a las comunidades autonómicas, sembraron el texto constitucional de referencias a esos departamentos administrativos y alentaron el patriotismo provincial. No les va a resultar fácil" en verdad, calafatear, tras el alzamiento de Segovia, esa LOAPA que presenta ya tan aparatosas grietas antes de comenzar a navegar.