Cabos sueltos

NO SE puede decir que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid haya salido por la puerta grande tras lidiar el primer desafío serio al que le ha obligado a enfrentarse la denuncia del segundo teniente de alcalde, posteriormente expulsado del PSOE, sobre posibles irregularidades en la tramitación de una concesión de servicios a la iniciativa privada. Las contradicciones entre algunos testimonios, la superposición de diferentes interpretaciones sobre unos mismos hechos, a medida que las sucesivas versiones resultaban insuficientes, los cabos sueltos en el relato y la arrogante pretensión de zanjar el asunto silenciando a los informadores han terminado por crear tal confusión y opacidad en torno al asunto que los medicamentos de caballo utilizados para cicatrizar las heridas dentro de la Federación Socialista Madrileña y dentro de la coalición que rige el Ayuntamiento de la capital han ulcerado gravemente las relaciones entre el gobierno municipal y la opinión pública.Para nadie es un secreto el trasfondo de luchas intrapartidistas, previas al inminente congreso socialista, sobre el que se ha desarrollado la trama de los acontecimientos. Es cierto que no resulta demasiado plausible la imagen de Alonso Puerta como un albo cordero que súbitamente descubre la existencia, dentro del rebaño, de ovejas descarriadas o de pastores sospechosos de connivencias con los lobos.El ex teniente de alcalde golpeó, con todas sus ganas y en el lugar que más duele, a sus adversarios políticos dentro del PSOE por motivos cuya explicación exigiría un buen conocimiento de las luchas por el poder, los juegos de alianzas y las intrigas dentro del aparato burocrático socialista. Pero el instrumento que Alonso Puerta manejó para dar el bastonazo no puede hacerse desaparecer del atestado con el pretexto de las malas intenciones o retorcidos propósitos de la mano que lo empuñó.

La consigna de honestidad en la gestión pública ocupó en la campaña electoral del PSOE de 1979 un lugar todavía más importante que el lema dé eficacia. Resulta lógico así que los vecinos madrileños tomen la palabra de los concejales socialistas al pie de la letra y les exijan el cumplimiento escrupuloso de sus promesas. La reciente doctrina del PSOE es que los administradores de la cosa pública no tienen que demostrar su honestidad, supuesta en los concejales como el valor en lo! soldados, sino que corresponde a los denunciantes la carga de la prueba sobre su deshonestidad. La postura es, desde luego, defendible desde un pinto de vista político, e impecable desde un enfoque estrictamente juridico. Pero, en tal caso, la presunción de inocencia y el beneficio de la duda deberán hacerse extensivos a todos los gestores públicos de nuestra vida democrática, con el corolario de que el vicesecretario general del PSOE y algunos de sus colegas tendrán que refrenar su frívola facundia para calificar de chorizos a sus adversarios políticos o personales.

Por lo demás, la comisión de investigación resolvió, por unanimidad de sus miembros, todos ellos pertenecientes a la mayoría que controla el Ayuntamiento, eximir de responsabilidad a los dos delegados de servicio acusados por Alonso Puerta y declarar responsables al concejal centrista Florentino Pérez "por haber dado trascendencia a un rumor" y al ex teniente de alcalde socialista y al delegado de Obras Públicas "por dar crédito a tales rumores sin comprobar su certeza y veracidad". Sin embargo, la comisión de investigación, a la vez que libera de responsabilidad a Espelosín y Aymerich, les regaña suavemente por su ligereza, categoría de difícil localización en la descripción de las conductas. Digamos, de pasada, que esa ligereza es bastante pesada, pues signfica, según el texto del dictamen, que Espelosín, en un almuerzo, y Aymerich, en su despacho, recibieron insinuaciones de soborno en fervor del PSOE sin levantarse de la mesa o poner en la puerta al sobornante y sin denunciar de inmediato a los órganos colegiados del Ayuntamiento y a la opinión pública esa tentativa de cohecho.

Pero lo más lamentable de este incidente ha sido la paranoica e intemperante reacción del gobierno municipal frente a los trabajos de información de la Prensa. Despreciar sarcásticamente a los periodistas como vengadores justicieros es una manera de enlazar con las doctrinas del franquismo sobre la Prensa canallesca, y una forma de exteriorizar la incapacidad de algunos políticos, una vez que ocupan puestos de poder, para entender el papel que debe desempeñar la libertad de información y de opinión en una sociedad que aspire al calificativo de democrática. Ese desagradable paralelismo entre el ayer y el presente también se aplica, desgraciadamente, al intento d6-atribuir a oscuros intereses o designios el esfuerzo de los medios de comunicación para suministrar a sus lectores información sobre los conflictos en el Ayuntamiento, sin aceptar -¡faltaría más!- que el asunto quede cerrado por decisión unilateral de quienes figuran a la vez como juez y como parte de las investigaciones. Porque la conspiración judeo-masónica es el directo antecedente, en términos formales, de la pretensión de imputar a una siniestra maniobra contra el PSOE, contra los partidos o contra las instituciones democráticas algo tan sencillo como que los periodistas traten de esclarecer los hechos, publiquen documentos secuestrados por el gobierno municipal, recojan los puntos de vista de los derrotados y se esfuercen, con mayor o menor acierto, por sacar sus propias conclusiones y formular sus propias valoraciones sobre este embrollo.