Los rectores universitarios insisten en la necesidad urgente de la LAU

La urgente necesidad de que la universidad española cuente con la ley de Autonomía Universitaria sigue siendo la tónica dominante de los discursos inaugurales del nuevo año académico en los distintos distritos universitarios. El rector de la Universidad Literaria de Valencia, Joaquín Colomer, expresó ayer su firme protesta «por el demostrado hecho de que a la LAU se la considere como una baza política».

«Con todo el respeto hacia el Gobierno designado constitucionalmente y a los planteamientos tácticos de los partidos políticos parlamentarios, protestamos firmemente por el demostrado hecho de que a la LAU se la considere una baza política o se la incluya en un paquete de negociaciones, por utilizar expresiones al uso», dijo el rector Joaquín Colomer, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad Literaria de Valencia, según informa Jaime Millas.

Joaquín Colomer afirmó que «la universidad no entiende el actual o los futuros retrasos en su promulgación cuando se nos tiene que dar una ley orgánica y, por tanto, mayoritariamente aceptada. Sin ninguna exageración, y creyendo interpretar el sentir mayoritario de los universitarios valencianos, pienso que los autores de esas maniobras están adquiriendo una responsabilidad ante la historia».

El rector de la Universidad de Valencia destacó el nivel de despolitización al que ha llegado la universidad española después de la inflación de años pasados. «No queremos volver», manifestó más adelante, «a una universidad con discusiones políticas internas con motivo del actual vacío legislativo y, por ello, dentro del mayor respeto a nuestros políticos, les pedimos la mayor diligencia al trámite de la ley».

Por otra parte, en la apertura del curso académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, celebrada el pasado martes, su rector, Ramón Serra, dijo que la situación de esta universidad, cuya infraestructura calificó como desgraciada, podría mejorar con el traspaso de competencias a la Generalidad y con la aprobación de la LAU.

Dijo el profesor Serra Ramoneda que «los estudiantes que acuden a las aulas merecen respeto y atención. No son responsables de las deficiencias materiales o políticas ni del olvido en que los políticos nos tienen».

En Sevilla, el director general de Ordenación Universitaria y Profesorado, Angel Viñas -que presidía por vez primera desde su nombramiento un acto público-. aseguró que «la ley de Autonomía Universitaria no atajará los problemas de la universidad, pero establecerá un cuadro normativo que siente las bases de una institución más acorde con las exigencias de nuestra época», informa José Aguilar.

Para el director general, la LAU -«condición necesaria, aunque no suficiente, para llegar a una universidad moderna» presenta como innovaciones más importantes con respecto a la si tuación actual la creación de un marco de autonomía, la reestructuración de los órganos de gobierno, la modificación de los sistemas de selección del profesorado y la mejor articulación con el entorno social. En cuanto a la autonomía, precisó que se refiere tanto a la libre elección de los órganos decisorios como al establecimiento de nuevas relaciones entre las universidades y la Administración central.

Dificultades económicas de la Universidad Pontificia

Monseñor Enrique Tarancón presidió ayer los actos de apertura del nuevo curso académico en la Universidad Pontificia de Salamanca, a los que acudieron también el presidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán, y los obispos de Santiago, Bilbao, León, Segovia, Avila, Huelva, Salamanca y el arzobispo de Valladolid, así como Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, presidente del Patronato de la Universidad y otras autoridades eclesiásticas, académicas, civiles y militares, informa María del Mar Rosell.

Monseñor Díaz Merchán aludió en la homilía de la misa celebrada con anterioridad al acto inaugural a la escasez de medios materiales y a la falta de seguridades mínimas de la economía de las instituciones de la Iglesia que «obstaculizan un normal desenvolvimiento de la compleja realidad universitaria». Para referirse a continuación a otros problemas que se le presentan a la universidad católica, especialmente preocupada por estar presente en el mundo de la cultura universitaria. «No pretende la lglesia». manifestó, «dominar los resortes sociales económicos o políticos por medio de las personas superdotadas preparadas en sus escuelas. La Iglesia lo que pretende», continuó, «es evangelizar a los hombres mujeres de su tiempo. haciendo posible Lina cultura compatible con el evangelio de Cristo».

Por su parte, Vicente Enrique Tarancón, gran canciller de la Universidad Pontificia, animó a los universitarios a continuar su tarea -heroísmo continuado-, pese a la escasez de medios con que cuenta, y aludió al posible final de su etapa como gran cinciller y a su jubilación.

La alusión del rector Juan Luis Aceval a la atención que merece el sector agropecuario por parte de la universidad, porque supone, según él, «una contribución importante al desarrollo económico de la provincia y germitiría adquirir una rica experiencia, que podría proyectarse con auténtico sentido social cristiano hacia otras zonas deprimidas del país y de naciones del Tercer Mundo pertenecientes a nuestra comunidad lingüística», pareció reflejar la posible existencia de un proyecto de crear una facultad de Veterinaria en el seno de la Universidad Pontificia rumoreado últimamente en algún sector salmantino.

La universidad civil, por su parte, abrió sus puertas el pasado lunes, y en el acto inaugural su rector, Pedro Amat, se refirió a la obligación de las distintas corporaciones salmantinas de contribuir a sufragar los gastos de la universidad.

El doctor Amat manifestó en el discurso inaugural su satisfacción por la firma, hace algunos días, de un convenio entre la universidad y la Diputación Provincial, por el que esta Corporación concede a aquélla veinticinco millones de pesetas y ambas se comprometen a aunar sus esfuerzos para que «Salamanca asuma la capitalidad cultural de la comunidad autónoma de Castilla-León».