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Desaparece en Francia el anonimato para las compras de oro

La primera ley de Finanzas, para 1982, elaborada por el Gobierno mitterrandista, y aprobada ayer por el Consejo de Ministros presenta un déficit de 95.000 millones de francos 1.643.000 millones de pesetas. aproximadamente. Una «voluntad» oficial anima este presupuesto que traduce en los hechos la política económico-social del Gobierno: el empleo.Según el portavoz del Gobierno que significó ayer el presupuesto de la nación para el año que viene hay que ver en el mismo tres características esenciales. Primero una "voluntad": el empleo; segundo, un «método»: el relanzamiento de la economía; tercero, un «medio»: la solidaridad nacional.

Los gastos globales del presupuesto alcanzan la cifra de 788.000 millones de francos. Respecto a los ingresos, el déficit supera ligeramente los 95.000 millones de francos, es decir, que se aproxima a la cifra fatídica de los 100.000 millones, el 3% del PIB, más allá de los cuales se resquebrajaría la confianza interna y la externa. Lo peligroso de esta situación límite se anotaba ayer en los medios económicos y financieros: en lo sucesivo, cualquier aumento de los gastos presupuestarios tendrá que ser financiado por los enojosos aumentos fiscales.

Con el fin de realizar los objetivos que se fija el presupuesto, el Gobierno aprobó todas las medidas económicas, fiscales y sociales que considera adecuadas. Para favorecer el empleo creará 6 1.000 puestos en la función pública y 10.000 en los hospitales. Con el mismo fin se aumentarán en un 45% las ayudas a las empresas y en un 31% las inversiones públicas.

Los impuestos tradicionales suben todos en proporciones variables, pero fuertes. En este sector, la gran novedad la constituyen, el nuevo impuesto sobre la fortuna y la modificación del que sirve para financiar el paro. Son las dos cargas que le hacen «pupa» al contribuyente francés y que, por ahora, si se añade la política económica fundada en un cierto inflacionismo, representan la única oposición «política» con la que se enfrenta el nuevo poder francés.

Anoche, el ministro del Presupuesto, Laurent Fabius, lanzó lo que se considera la bomba de la ley de Finanzas de 1982: en lo sucesivo en Francia queda suprimido el anonimato que envolvía hasta la fecha todas las transacciones de oro. Es decir, que en lo sucesivo cada ciudadano, al comprar un lingote de oro, tendrá que declarar su identidad para evitar, en primer lugar, la evasión fiscal. El Gobierno alega, en este sentido, razones de justicia: debido al impuesto que grava a la fortuna, el oro sería un tubo de escape. Por otra parte, se considera que el dinero invertido en oro es totalmente improductivo para la sociedad. Actualmente. en Francia, se calcula que los particulares retienen un botín en oro que asciende a 500.000 millones de francos.

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