Los ingenieros sancionados por la Diputación ingresaron 26 mifiones de pesetas en cinco años en una cuenta personal

Jose Borrell, juez instructor de los expedientes incoados a los ingenieros de la Diputación Provincial Manuel Bada y Angel Llaguno, informó ayer del descubrimiento de una serie de documentos, entre ellos un extracto completo de una cuenta bancaria, en la que, en los últimos cinco anos, se ingresaron más de veintiséis millones de pesetas, que podrían corresponder a cantidades cobradas ilegalmente en concepto de replanteos y liquidaciones de obras. Este nuevo dato no supondrá la reapertura del expediente, ya concluido, en el que, se ha comprobado el cobro de 9.900.000 pesetas, lo que ha motivado la petición del juez para que se separe definitivamente del servicio a Manuel Bada y se suspenda a Angel Llaguno de empleo y sueldo por tres años.

Según declaró ayer Lorenzo Hernández, delegado de Vías y Obras de la Diputación, "el expediente se abrió hace ya un año, cuando comencé a oír hablar de los presupuestos y presupuestillos que hacía el Servicio de Vías y Obras". Los implicados, el ingeniero director Manuel Bada y el ingeniero habilitado Angel Llaguno, tras haber, sido incoados los expedientes, admitieron estar cobrando a los contratistas en concept o de replanteos y liquidaciones y alegaron que la práctica se venía realizando desde mucho tiempo atrás, a su juicio con el, general conocimiento en la Diputación. Asímismo, manifestaron que el hecho constituía una práctica profesional privada.Con respecto a la cuestión económica, Manuel Bada informó el pasado mes de noviembre que se habían cobrado por estos conceptos 3.889.393 pesetas en los últimos cinco años. Posteriormente amplió la cantidad en 308.994 pesetas y reconoció que el Servicio había percibido otros 3.105.511 por obras de cooperación subastadas por la Diputación, y 2.353.515 pesetas por obras contratadas por ayuntamientos de la provincia o incluidas en el Plan de Cooperación. En total, más de 9.600.000 pesetas.

El sistema utilizado, según amplió Lorenzo Hernández, consistía en el cobro del 0,55% del presupuesto de adjudicación de las obras en concepto de replanteo y dietas al comienzo de la obra y de una cantidad igual por liquidación y dietas al final de la misma. En total, un 1,1% del presupuesto, que era cobrado ilegalmente y que, según la investigación, era repartido posteriormente.

Pagos trimestrales

Este pago se hizo trimestral mente hasta el 10 de febrero de 1980, fecha en que se jubiló una funcionaria que estaba encargada de percibir lo abonado por los contratistas y entregarlo al paga dor que se ocupaba de la distri bución. A partir de ese momente y con objeto de que los fondos no se quedaran en la oficina, se acordó ingresarlos en una cuenta abierta años atras por Bada y Llaguno y que, según dijo Bada había sido utilizada, hasta entonces, unicamente para ingresar e importe de los trabajos en el ejer ciclo libre de su profesión, realizados a través del Colegio de In genieros de Caminos. El movimiento de esta cuenta, que tiene el número 4.789 de la Banca March, no fue facilitado por esta entidad bancaria cuando el juez instructor lo solicitó.

Por otra parte, se pidió a los 78 contratistas que habían trabajado con la Diputación que informaran sobre lo que habían pagado al Servicio de Obras. Sólo 37 contestaron.

Como consecuencia de esta investigación se abrieron dos nuevos expedientes: uno, a los ingenieros responsables de obras, Diges y Ruiz Jarabo, y otro, para determinar si es legal el cobro que, al parecer, se ha venido haciendo de un 4% en concepto de dirección de obras. Asimismo se comprobó que, aparte de las dietas abonadas por el contratista, el personal técnico cobraba sus dietas de la Diputación.

Ante estas conclusiones, el juez instructor solicitó dos años de separación del servicio para el ingeniero director y cinco meses para el ingeniero habilitado. Sin embargo, el presidente de la Diputación requirió un nuevo análisis de los hechos y ordenó la realización de una auditoría para cuantificar el total de lo recibido por el Servicio de Vías y Obras.

Según informó josé Borrell en el curso de una conferencia de Prensa celebrada ayer, algunos contratistas manifestaron que habían tenldo que pagar los porcentajes por replanteo y liquidación si querían la certificación de obras que les permitía el cobro de las mismas. Por otra parte, según cálculos de la Delegación de Hacienda, si se hubiera cobrado el 1,1 % de todas las obras presupuestadas desde 1976 -no hay ninguna explicación de por que se cobraban unas obras y otras no, los ingenieros del Servicio habrían recibido 35 millones de pesetas, hecho que no ha podido ser comprobado; sí se ha demostrado, en cambio, mediante las declaraciones de los contratistas, que el total cobrado fue 243.000 pesetas más de lo declarado por Bada.

Sin embargo, y una vez concluido el expediente, el juez instructor ha logrado obtener el extracto de la cuenta bancaria antes citada. En ella se ingresaron, entre 1976 y 1980, 26.391.923 pesetas y se sacaron durante ese período diversos taloiies, por unas cantidades que coinciden con las que recibieron los miembros del Servicio, según la declaración de Bada.

"Esta cuenta era, según parece, utilizada para ingresar lo cobrado por trabajos de replanteo y liquidaciones. No creemos que se metiera en ella lo que se ha podido cobrar por la realización de proyectos y dirección de obras, ya que se han encontrado documentos de los que se desprende que el importe de estos conceptos era ingresado en otras cuentas personales", según Jose Borrell.