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Los ayuntamientos de izquierda no financiarán los transportes con la contribución territorial

Los ayuntamientos españoles controlados por la izquierda no recurrirán al incremento del tipo de gravamen de la contribución territorial urbana (impuesto municipal sobre el valor catastral de las viviendas que hoy supone un 0,25% del mismo) para reducir el déficit que registra la explotación de los transportes públicos a su cargo, tal como les faculta el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso sobre financiación del transporte. Dicho proyecto de ley permite a los municipios crear un impuesto destinado a cubrir el déficit que registran los referidos transportes y fija como hecho imponible del mismo la utilización de una vivienda.

La decisión política del PSOE de no recurrir a esta pretendida vía de financiación de los transportes públicos municipalizados disipa la amenaza que pesaba sobre los ciudadanos a la hora de pagar la contribución territorial urbana y que habría supuesto ver doblada la cantidad que ahora han de satisfacer. En efecto, el proyecto de ley de financiación del transporte define como base imponible del impuesto municipal, cuya creación posibilita, el valor catastral atribuido a la vivienda a efectos de la contribución territorial urbana, y fija como tipo de gravamen, con carácter único, un máximo del 0,5%, es decir, el doble del porcentaje que actualmente se aplica.Sólo en el caso de Madrid, y para el pasado año, eran 4.250 millones de pesetas los que debía haber ingresado el Ayuntamiento por contribución territorial urbana. De recurrir la Corporación madrileña a esta vía de financiación del déficit de la EMT, que en el mismo año fue de 3.364 millones de pesetas, el problema estaría resuelto. Y ello, en el caso de que los ingresos presupuestados por este concepto se hubieran materializado en la práctica, ya que realmente el Ayuntamiento sólo logró recaudar el 59,7% de la cantidad prevista, dado el precario control de la Corporación sobre el censo de viviendas bajo su área de influencia.

Un servicio no rentable

La argumentación socialista para evitar doblar la carga impositiva que soportan los ciudadanos por este concepto se centra en un principio político de redistribución de la renta. Los responsables de la política municipal del PSOE entienden que la prestación de un servicio público así como el transporte de superficie nunca puede ni debe ser rentable, considerado este término desde un punto de vista exclusivamente gerencial. Por el contrario, desde una perspectiva socialista se sustenta la teoría de que una mejor redistribución de la renta debe permitir a los ciudadanos disponer de unos transportes públicos a un precio político.De otra parte, el responsable de la política municipal del PSOE, Luis Fajardo, no oculta la contrapartida política que supondría para la izquierda el protagonismo de una decisión tan impopular entre los ciudadanos como sería el doblar la contribución territorial urbana.

En cuanto a las vías alternativas que los socialistas piensan aplicar en el gobierno municipal para enjugar las perdidas del transporte público bajo su gestión, la propuesta de los ayuntamientos de cara al acuerdo logrado entre el PSOE, el Gobierno y la UCD a finales de julio pasado en materia de régimen local apuntaban hacia una diversificación de las cargas impositivas, de una parte, y, de otra, estableciendo un régimen de tarifas que llegaran a cubrir entre un 55% y un 70% de los costes de explotación. La parte no financiada por las tarifas se cubriría con recursos públicos procedentes de los ayuntamientos y el Estado.Sobre esta base, el acuerdo logrado supone la aportación estatal del 50% de las pérdidas registradas por las empresas públicas de transporte durante 1980; el 40% de las mismas, a abonar en este año, y el 15%, a satisfacer en 1982. En conjunto, sobre unas pérdidas totales aproximadas por este concepto en 1980 de unos 14.000 millones de pesetas, el Estado abonará a los municipios españoles unos 7.000 millones de pesetas. La creencia de los municipios en manos de la izquierda es que para el próximo año, con la ley de Financiación del Transporte en vigor y una vez saneada la situación financiera de las empresas de transporte municipalizadas, la autofinanciación, incluidas las necesarias partidas presupuestarlas municipales, estará próxima.

Contrapartidas y enmiendas

De manera oficiosa, medios socialistas reconocen que el contenido económico de los referidos acuerdos en materia de régimen local constituye la principal contrapartida a la aceptación por el PSOE de los mismos, en los que se incluye el proyecto de ley de financiación de'. transporte y su aspecto referido a la creación del impuesto que no piensan poner en práctica los ayuntamientos. Joaquín Leguina, concejal responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de manera gráfica aseguró a este periódico que "antes me dejo cortar una mano que recurrir a este impopular impuesto, con el que UCD nos quiere poner a los pies de los caballos ante las próximas elecciones municipales". Sobre una posible subida de tarifas de la EMT como solución alternativa, Leguina agregó que no existe este planteamiento entre las prevísíones económicas del Ayuntamiento.Sin embargo, entre las enmiendas socialistas al proyecto de ley figura una que, de ser aceptada, supondría ampliar el hecho imponible del impuesto territorial urbano, no sólo a las viviendas, sino hasta los locales destinados a actividades comerciales, mercantiles y profesionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de septiembre de 1981

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