El año judicial

EL REY ha presidido por vez primera el acto de apertura en los tribunales y ha refrendado así, de manera simbólica, la autonomía y la independencia del poder judicial, reconocidas en la Constitución.El discurso de Federico-Carlos Sainz de Robles, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General, ha abundado en la necesidad de reforzar la independencia judicial y el gobierno autónomo para la justicia; ha subrayado la importancia de que "el pueblo español, por primera vez en su historia, haya llevado a la justicia al rango de poder del Estado"; y ha hecho historia del "largo camino recorrido por los jueces durante los últimos treinta años" para lograr los objetivos que la Constitución de 1978 ha elevado finalmente a principio fundamental.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, además de realizar una clara crítica retrospectiva de las limitaciones a la independencia judicial bajo el régimen anterior, ha dicho cosas muy sensatas sobre los peligros de los tribunales de excepción, taxativamente prohibidos por el artículo 117 de la Constitución. Según Federico Carlos Sainz de Robles, "uno de los más sutiles y perversos modos de quebrar la institución judicial ha sido el reducir su competencia natural, sustrayendo a su potestad de juzgar según derecho amplios sectores de conflictos, entregándolos a instancias que, ignominiosa, pero cautamente, han producido las denominadas jurisdicciones especiales". No deja de ser un motivo de aliento que sea el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial quien llame la atención, aunque sea discreta y oblicuamente, sobre la creciente multiplicación de competencias de la Audiencia Nacional, que, bajo el disfraz de la especialización, se está Convirtiendo paulatinamente en un tribunal especial con connotaciones bien preocupantes. Con muy buen criterio, el presidente del Tribunal Supremo señala que esas cesiones son peligrosas "aun cuando se realicen por decisiones del poder legislativo y con carácter general"; esto es, añadamos, aun cuando la oposición parlamentaria apruebe con sus votos la ley Antiterrorista o la llamada ley de Defensa de la Democracia.

Federico-Carlos Sainz de Robles ha indicado que el ciudadano debe confiar en la independencia y autonomía del poder judicial y en su capacidad para dar respuesta adecuada, oportuna y eficaz a sus demandas. Ahora bien, esa meta difícilmente será alcanzada, pese a los buenos propósitos del presidente del Consejo General, mientras la administración de la justicia no sea reformada para agilizar su funcionamiento y dar trasparencia a sus actuaciones. Es lamentable así que el mandato constitucional contenido en el artículo 125 de nuestra norma fundamental, que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la administración de ¡ajusticia mediante la institución del jurado, no haya merecido todavía la atención del Gobierno y fuera dejado en su tintero a medio cerrar por el recién dimitido ministro.

Finalmente, el fiscal general del Estado ha presentado la memoria de 1980, documento que merece un más largo y detallado análisis. Digamos, de momento, que resulta sorprendente, en una primera lectura, que los desacatos sean incluidos en la rúbrica, más bien atemorizante, de los delitos contra la seguridad interior del Estado, y que dentro de los delitos contra la salud pública, las referencias al tráfico de drogas tapen casi por completo esos otros atentados, igualmente graves para la vida y la salud de los ciudadanos, que perpetran los adulteradores de alimentos para el consumo ordinario, trágicamente transformados en causa de un homicidio masivo en el asunto de los aceites tóxicos.