Leopoldo Calvo Sotelo vincula las responsabilidades de su Gobierno con las de las corporaciones locales

La primera parte del debate en torno al envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado -que continúa hoy en el Pleno del Congreso- puso en evidencia la voluntad gubernamental de reducir la acción parlamentaria sobre este tema a la creación de una comisión investigadora de ambas Cámaras. Ante la previsible avalancha de petición de responsabilidades contra su Gabinete, Leopoldo Calvo Sotelo anticipó ayer su intención de meter en un mismo saco las responsabilidades de la Administración del Estado y de las corporaciones locales, estrategia que la izquierda valoró en los pasillos como hábil, pero que no está dispuesta a admitir. Anoche se comenzó el debate de la primera moción socialista, defendida por Ciriaco de Vicente, pero hasta hoy o mañana no es probable que se produzcan votaciones.

Al contrario del portavoz de Coalición Democrática (CD), Manuel Fraga, que añadió a las responsabilidades políticas del Gobierno en el envenenamiento por aceite las de los ayuntamientos, por sus competencias en la regulación de la venta ambulante, Calvo Sotelo rechazó unas y otras, tras situarlas en igualdad de condiciones y fuertemente soldadas entre sí, y colocarlas juntas sobre su cabeza, como un único paraguas protector.En su contestación a la interpelación de Fraga, el presidente del Gobierno señaló que a juzgar por los reportajes y opiniones de los últimos meses, podía obtenerse la impresión de que los delitos y las infracciones administrativas nunca habían existido, y que, de tan penosa situación «sólo era responsable el Gobierno». «Esta forma de presentar los hechos es violentamente demagógica y, al mismo tiempo, profundamente irresponsable, porque crea ante la opinión pública la imagen calumniosa», dijo Calvo Sotelo, «de una Administración del Estado y de unas corporaciones locales negligentes, cuando no cómplices, de aquellos delitos e infracciones».

La moderación con que los socialistas acudieron ayer al Pleno de la colza sólo sería alterada, según anunciaron reiteradamente distintos diputados socialistas antes del comienzo del debate, si el Gobierno o el grupo centrista pretendían desviar la atención de sus propias responsabilidades políticas hacia los ayuntamientos, en gran parte regidos por la izquierda.

Sin embargo, en el debate de ayer apenas hubo ocasión para que la izquierda-replicara el planteamiento gubernamental. De acuerdo con la estrategia del Gobierno del grupo centrista, el debate se inició con la interpelación de Manuel Fraga concluyó anoche con la discusión de la moción defendida por el socialista Ciriaco de Vicente. Hoy serán debatidas, asimismo, otras dos mociones, una socialista y una comunista, así como la propuesta del Gobierno de crear una comisión de investigación Congreso-Senado. El debate será largo antes de que se produzca la primera votación sobre las distintas mociones presentadas.

Evitar la votación

El Gobierno, que se negó en su momento a presentar una comunicación que hubiera podido desencadenar un debate en torno a ella, seguido de una votación final sobre las resoluciones planteadas al hilo del mismo, aprovechó ayer la res puesta a la interpelación formulada por Fraga para subir a la tribuna de oradores a su presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, a tres ministros más -los de Agricultura, Economía y Comercio y Trabajo, Sanidad y Seguridad Social- e introducir la discusión con una comunicación que, por no serlo formalmente, no permite aquel trámite reglamentario.

Así lo denunció el socialista Gregorio Peces-Barba, quien se quejó también de que el Libro Blanco que se entregó ayer impreso no hubiera podido presentarse mecanografiado la semana pasada como, comunicación gubernamental. Por el Grupo Mixto, Ramón Tamames recordó que el reglamento de la Cámara establece que al interpelante le contestará un miembro del Gobierno, en singular, y el comunista Jordi Solé Tura recordó que no existen precedentes de que una interpelación fuera contestada por más de un miembro del Gobierno.

El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, contestó que la interpelación de Fraga, en su exposición verbal, tenía varios destinatarios dentro del Gobierno y que, en todo caso, era bueno para la Cámara recibir el máximo de información gubernamental. El líder socialista, Felipe González, comentó después en los pasillos que la actitud del Gobierno significaba un fraude al Parlamento, al evitar el tipo de debate necesario y reclamado por la oposición. Comentó también la opinión de uno de los afectados por el envenenamiento, favorable a que los ministros implicados continúen hasta el final del suceso, ya que, de lo contrario, pasarían probablemente a presidir sociedades estatales y no se habría logrado nada con su cese.

Intervienen los ministros

Las intervenciones de los ministros que apoyaron al presidente del Gobierno en su respuesta a Fraga tendieron, en todo caso, a consolidar la tesis presidencial de que no existe responsabilidad política por el envenenamiento producido, y que toda la acción parlamentaria debe encaminarse hacia la comisión de investigación, sobre cuyos resultados decidirá el Pleno en el futuro.

El ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, aseguró que la política de grasas nada tiene que ver con el fraude alimenticio padecido. El ministro de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, manifestó que el «uso industrial» de los productos utilizados después para consurno alimenticio estaba asegurado y controlado, y que la única partida sin autorización originó la apertura de los correspondientes expedientes.

El ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Jesús Sancho Rof, insistió en sus conocidas tesis de que se han realizido todos los esfuerzos posibles.