Estado de emergencia económica y social en Nicaragua
Las autoridades nicaragüenses decretaron el jueves estado de emergencia social y económica en todo el país por el plazo de un año, en un intento de disciplinar la actividad productiva y conseguir una mejora de la situación económica en este país centroamericano. Igualmente, el régimen de Managua adoptó una serie de medidas para impedir la fuga de divisas, a través de un control más acentuado del mercado de cambios. Hasta ahora el denominado mercado negro funcionaba en Nicaragua sin cortapisas.
El decreto fue difundido a través de los medios de comunicacíón. En su texto se otorgan facultades especiales a los ministros de Estado para hacer observar la ley, mientras se advierte que los transgresores del decreto podrán ser sancionados con penas de prisión comprendidas entre uno y tres años.
Según un comunicado gubernamental, "se establece la emergencia económica y social porque el proceso de reconstrucción nacional necesita de una estabilidad y de un orden interno que favorezcan la producción y la disposición al trabajo y la disciplina". El comunicado añade que el objetivo de estas medidas consiste en conseguir que "el modelo de economía mixta y el pluralismo político no se vean disminuidos".
De acuerdo con el texto del decreto, serán delitos contra la seguridad económica del Estado la destrucción de materias primas, de productos agrícolas o industriales, las suspensiones concertadas de transportes públicos, y las alteraciones de precios, salarios, acciones, títulos y monedas.
Asimismo, las penalizaciones se extienden sobre los que "ayuden a la iniciación de huelgas, paros, tomas de centros de trabajo u ocupación de tierras al margen del proceso de reforma agraria".
Se incluye también la suspensión del ejercicio del derecho a interponer recursos de amparo contra las actuaciones administrativas de funcionarios en la aplicación del decreto de emergencia económica.
