Las autoridades sanitarias quieren tener acceso al sumario sobre el aceite adulterado

El secretario de Estado para la Sanidad, Luis Sánchez Harguindey, se entrevistó ayer, en la Audiencia Nacional, con el juez que instruye el sumario por adulteración del aceite, según informa Europa Press. La entrevista se desarrolló con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Varón Cobos, que sustituye hasta el día 7 al juez que se ocupa del proceso, Alfredo Vázquez.

Al mi termino que esta reunión, Sánchez Harguindey manifestó que habían cambiado impresiones sobre el desarrollo del proceso judicial, sobre la petición hecha por las autoridades sanitarias para poder tener acceso al sumario y para interrogar sobre cuestiones técnicas a algunos de los procesados o presuntamente implicados en las manipulaciones del aceite de colza desnaturalizado.Por otra parte, e independientemente de esta gestión promovida por el secretario de Estado, el ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Sancho Rof, conoció los datos sumariales a través del ahogado García Pablos, que representa a más de 1.400 afectados, y que hasta el momento ha sido la única persona que ha tenido acceso al sumario, según manifestó en una conferencia de Prensa celebrada ayer.

Según la información del sumario, que García Pablos piensa enviar a las comisiones técnicas de médicos y a los grupos parlamentarios, se destacan las mezclas que los propietarios de la planta Raelca, de Alcorcón, han reconocido haber hecho con el aceite de colza desnaturalizado; los procedimientos empleados para la regeneración del aceite desnaturalizado, realizados en una planta de Sevilla; algunas determinaciones de cómo se llaman en las facturas de Aduana y de Importación los distintos aceites de colza, y cuáles son las sustancias con las que se desnaturaliza este aceite en las Aduanas, ya que es absolutamente distinto que el proceso se haga con anilinas o con aceites de anilina.

También informó sobre distintos fraudes económicos a los que se ha sometido a los consumidores a través de la mezcla de aceite de oliva con aceites de semillas, grasas animales e incluso clorofila.

Ayudas a los afectados

Con respecto al tema de las ayudas a los familiares de los fallecidos, el abogado García Pablos informó que el Gobierno dispone ya de fondos -cuya procedencia es el juego- tanto para los familiares de los fallecidos, como para la dotación de los 2.000 millones de pesetas que se van a destinar al Programa Nacional de Atención y Seguimiento de los Afectados por el Síndrome Tóxico. «Con estas ayudas», dijo, «cuyas cifras están por establecer, se dará cumplimiento a uno de los mandatos del Consejo de Ministros del pasado 20 de agosto».

García Pablos pide que se dote con 700.000 pesetas por cada niño muerto, un millón de pesetas por adulto que antes de su fallecimiento cooperase al mantenimiento económico de la familia, y un millón y medio en caso de que el fallecido fuera el cabeza de familia o su sostén económico.

La entrega de estas ayudas -siempre según su información- se va a realizar de manera inmediata y ágil, y se dará a conocer el sistema de solicitud a través de una circular del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. Como prueba bastará con la presentación del certificado de defunción.

No obstante, el ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social declaró a EL PAIS que «la única noticia concreta que he tenido de esas peticiones ha sido en función de las informaciones de Prensa. Esta», dijo, «es una decisión que se habrá de tomar entre este Ministerio y el de Hacienda, de acuerdo con lo que señale el Consejo de Ministros».

Sancho Rof informó también a EL PAIS que las ayudas se concretarán tanto para los enfermos como para las familias de los fallecidos; a los enfermos, aclaró, la ayuda se ceñirá al pago de todo tipo de asistencia médico- farmacéutica, incluso para aquellas personas no incluidas en la Seguridad Social. Con este fin se ha creado un programa nacional de ayuda a estas personas y se ha nombrado precisamente hoy al director de este programa en la persona de¡ doctor Manuel Evangelista Benitez. «En cuanto a la cantidad de 2.000 millones de pesetas», dijo el ministro,«va dirigida a ayudar a las familias de los fallecidos y al pago de todos los gastos médicos no protegidos por la Seguridad Social, y, por supuesto», afirmó, «son ayudas que no van ni a personas defendidas por Antonio García de Pablos, ni por las demás asociaciones, ni a las asociaciones como tales. Son ayudas individuales a los enfermos y a las familias de los fallecidos, que, por supuesto, podrán ser canalizadas por las asociaciones o por los abogados de estas personas».

Nuevo procesado

Emilio Gil Vidaurreta, propietario de un almacén de Lasarte (Guipúzcoa), donde fueron encontrados unos setecientos litros de aceite tóxico sin marca, fue procesado ayer por el Juzgado de Instrucción Central número 2 de Madrid por un supuesto delito contra la salud pública.

El nuevo procesado se encuentra detenido en la cárcel de Martutene desde el pasado 26 de agosto, según informa nuestro porresponsal en San Sebastián, José Luis Barberia.

El almacén que albergaba el aceite tóxico fue localizado el pasado 23 de julio en la plaza de Orzara, de Lasarte. La policía descubrió en su interior un total de 5.000 litros de aceite en garrafas, parte de las cuales estaban etiquetadas con las marcas Sandúa e Inabsol, cuya no toxicidad sería certificada posteriormente por las autoridades sanitarias. Los análisis practicados sobre el contenido de las garrafas sin marca revelaron el carácter tóxico del mismo.

En las últimas veinticuatro horas no se ha registrado ningún fallecimiento a consecuencia del síndrome tóxico, que motivó trece ingresos, veintidós reingresos y 36 altas. A mediodía de ayer, el número de personas hospitalizadas, según fuentes oficiales, era de 981, de ellas, 703 en la capital de España, y 278 en otras provincias.

Por otra parte, ayer pudo saber Efe que los hermanos Escriba-Salvado, propietarios del matadero clandestino descubierto en Lérida, comercializaron un total de 600.000 kilos de carne en los últimos tres años y medio. La carne, procedente de animales muertos por diversas enfermedades, era vendida, por los hermanos Escribá-Salvado a la mitad del precio habitual del mercado.